Emilio Marín

LA ARENA

Todo es según el cristal con que se mire. Cuando a fines de los 90 el Estado otorgaba subsidios a los desocupados con Planes Trabajar, que luego de la crisis de 2001 tomaron el nombre del Plan Jefes y Jefas de Hogar, muchos empresarios dijeron que atentaban contra "la cultura del trabajo". No se ruborizaron, pese a que muchos habían sido responsables de que la desocupación saltara a dos dígitos.

Esos mismos grupos económicos han aplaudido los subsidios que el Estado aplicó con diferentes ministros de Economía. Desde José Alfredo Martínez de Hoz hasta Amado Boudou, pasando por los más conocidos -Domingo Cavallo, José Luis Machinea, Roberto Lavagna-, los subsidios han beneficiado a los popes de la Unión Industrial, la Asociación Empresaria Argentina, la Fundación Mediterránea, la Cámara de Industriales Siderúrgicos y la Asociación de Fábricas de Automotores, entre otros.

La justa crítica al Estado que se olvidó de los trabajadores y productores nacionales en esos años, acuñó la expresión del "Estado ausente". Ausente de esos sectores, pero muy presente para los monopolios que ampliaron sus fábricas, su producción, sus exportaciones, etc.

Para no arrancar tan de atrás en esta historia, hay que recordar que Lavagna como ministro de Eduardo Duhalde y entre 2003 y 2006 de Néstor Kirchner, impulsó la ley 25.924, de Promoción de Inversiones, para que las empresas pudieran obtener la devolución anticipada del IVA y Ganancias de activos y obras.

En dos tandas anuales, se aprobaron proyectos por 7.600 millones de pesos, con reintegros impositivos por 1.390 millones. ¿Habrá sido casualidad que el 70 por ciento de las iniciativas correspondieran a quienes aportaban a Ecolatina, la consultora fundada por Lavagna? En la lista estaban Aluar, Siderar, Acindar, Siderca, AGD, Alpargatas, Las Marías y Tenaris.

Esta línea se mantuvo luego que ese ministro fuera removido. En febrero de 2007 el gobierno de Córdoba anunció beneficios impositivos, rebaja del 25 por ciento de la electricidad y un subsidio de 400 pesos mensuales a cada empleado de la Fiat, hasta un tope de 2.200 pesos, que comenzaría la producción de una camioneta con el grupo hindú Tata. El proyecto se paró pero el grupo italiano fue premiado por el gobierno de Cristina Fernández con fondos del Bicentenario. Fiat iba a llegar a esa meta, sí o sí.

Felisa Miceli también financió a la industria del software, dominada por las multinacionales, por 20 millones de pesos. El argumento fue que podría aumentar 10.000 empleos. Este sector ya tenía el beneficio de una desgravación del 70 por ciento en las contribuciones patronales y el 60 por ciento del impuesto a las ganancias. ¡Y después hacen tanto lío para subir el mínimo no imponible a los trabajadores con sueldos altos!

El gobierno de Kirchner continuó la política de subsidios estatales a las empresas privadas. ¿Acaso las privadas no pueden recibir subsidios? Por supuesto que sí, y en tantísimos casos pueden ser muy necesarios y correctos, pero no en la forma indiscriminada de tamaño y nacionalidad en que han sido implementados.

Las empresas recuperadas por los trabajadores, que aún penan por una ley que les reconozca plenamente su existencia, son una de las tantas que necesitan créditos subsidiados para sobrevivir y ampliar sus actividades. Pauny, de Las Varillas, fue salvada de la crisis y vaciamiento empresarial de Zanello, y hoy es una de las principales fabricantes de maquinaria agrícola. Si hay subsidios a ella, o al Hotel Bauen, o a Cerámicas Zanón y tantas otras, no merecerían objeciones sino aplausos.

Lo mismo si los subsidios de marras fueran a cooperativas, de las centenares de miles que existen en un país con fuerte tradición cooperativista. Aquí debería discernirse entre entidades pequeñas o medianas, de otras como el banco Credicoop, que figura entre las primeras diez entidades financieras. La presidida por Carlos Heller no parece estar necesitada de subsidios del Estado, que sin embargo ofrece a los bancos privados participar de la licitación del Fondo de Financiamiento del Bicentenario.

Está bien que la mano del Estado ayude a las firmas pequeñas y medianas de capital nacional, habitualmente discriminadas por los bancos privados de aquí y más aún del exterior. Las firmas que reciben ese salvavidas externo son Arcor, Aceitera General Deheza y otras por el estilo.

Si esos monopolios nacionales y los internacionales como Techint y las automotrices, se llevan la parte del león de los subsidios, entonces quedarán migajas para las otras firmas. Con el agravante de que esos grandes jugadores, con los subsidios recibidos, tendrán "espaldas más anchas" para imponer condiciones en el mercado.

La administración Cristina Fernández ha continuado estos programas a favor de los empresarios. "La línea de créditos Bicentenaria ya tiene proyectos otorgados, aprobados y en estudio por 6.400 millones de pesos. En apenas cinco meses casi 250 iniciativas de inversión de empresas buscaron este financiamiento en condiciones muy ventajosas", escribió Roberto Navarro en Página/12, el domingo 3 de abril. El gastado argumento fue que así se crearán 7.300 empleos. Un poquito caros, parecen. Hay que sacar la cuenta...

El grueso de los subsidios continúa orientado a favor de las automotrices, alegando su impacto productivo y en el empleo. Lo último es una verdad menos que a medias, porque la estadística comprueba que este sector no empleó a más personal directo sino que exprimió al que tiene, elevando la productividad laboral un 34 por ciento. En 2010 la industria en general creció 9,7 por ciento, "pero el empleo sectorial sigue por debajo de 2008" (diario citado, martes 8 de marzo).

El aval del Estado a las terminales tiene una gran contra: las diez fabricantes son de capital extranjero. Ninguna es nacional ni siquiera mixta, entre el Estado y las privadas. Se está subsidiando a multinacionales, como cuando con fondos de la Anses se prestaron 259 millones de pesos a General Motors Corporation.

Nobleza obliga, en noviembre del año pasado los directivos de esa firma fueron recibidos por la presidenta y anunciaron que cancelaban ese crédito en forma anticipada.

De cualquier manera la pregunta sigue en pie: ¿era el Estado argentino quien debía auxiliar al gigante norteamericano de todo el planeta? La presidenta está convencida de que sí. Por eso en abril de 2010 la ministra Débora Giorgi se reunió con representantes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (Afac). Les confió que habría financiamiento con aportes de la Anses por 300 millones de pesos "para el conjunto de la cadena automotriz: las terminales, autopartistas y sistemistas".

Esa política pro-empresaria está decidida por el máximo nivel del Estado. El 2 de noviembre del año pasado, al reaparecer en un acto público tras la muerte de su esposo, Cristina Fernández habló en Renault y dijo: "Cuando todo se derrumbó, estuvo el Estado Argentino para ayudar a la industria y al empleo, destinando 500 millones de pesos para que las empresas no despidan trabajadores y se pueda mantener el empleo".

Se estaba refiriendo a un subsidio directo del Estado, llamado Recuperación Productiva (Repro) que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo. El mismo paga un monto de 600 pesos mensuales a cada operario de una empresa en crisis, durante doce meses, a condición de que no eche personal. Conviene recordar que una cosa es ayudar de ese modo a una firma nacional pequeña y mediana, incluso a una grande en ciertos momentos, y otra muy diferente es hacerlo con los diez jugadores extranjeros de Adefa.

La jefa de Estado fundó ese apoyo millonario en que "el sector automotor es el segundo bloque exportador del país, detrás del granario". Otra verdad menos que a medias. No se puede ver solamente lo que exporta ese sector sino también lo que importa. Esa balanza comercial arrojó en 2010 un déficit de 5.800 millones de dólares, por la importación de autos y autopiezas.

La industria automotriz "argentina" lleva comillas: tiene todas terminales extranjeras, provoca alto déficit comercial y las piezas de fabricación local no llegan al 40 por ciento. Esto último es algo que recién ahora CFK y Giorgi tratan de remediar, requiriendo a las empresas que exporten por cada dólar que importan. Difícil que les lleven el apunte, acostumbradas como están estos monopolios a que los mimen como protagonistas del "modelo productivo con inclusión social".