CIMAC

Organizaciones por los derechos de las mujeres en América Latina (AL) afirmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los Estados de la región "atentan contra la vida" de la población femenina, al no garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Durante la audiencia temática sobre los derechos reproductivos de las mujeres de AL y el Caribe, realizada ayer en la sede del organismo internacional en Washington, Estados Unidos, las agrupaciones advirtieron que la falta de marcos jurídicos y políticas sanitarias que permitan el aborto legal pone en riesgo la vida de las latinoamericanas, sobre todo de las más pobres.

Manifestaron su preocupación por la falta de marcos jurídicos adecuados que garanticen el derecho a las mujeres a la salud reproductiva: "En la región existen cinco países que tienen totalmente penalizado el aborto: Chile Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras".

Como resultado de esta restricción absoluta niñas, jóvenes y adolescentes son obligadas a continuar con embarazos producto de una violación, afectando severamente su salud física, mental y emocional o a morir a causa de ello.

Agregaron que en otros países los códigos penales establecen algunas causales de excepción con diferentes grados de no punibilidad, sin embargo aún son muy restringidas ya que sólo contemplan los casos de violación sexual, peligro para la vida de la mujer o daños a su salud física. Entre estos países se encuentran Brasil, Bolivia Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina Uruguay, Haití y Perú.

En la región latinoamericana sólo Cuba, Puerto Rico y la capital de México permiten la interrupción del embarazo temprano.

Las organizaciones afirmaron ante la CIDH que la penalización del aborto ha generado que las mujeres recurran a la interrupción insegura teniendo grandes repercusiones para su vida, salud, entorno familiar y social.

Las más afectadas ante esta realidad son las niñas y mujeres pobres de bajo nivel educativo o que viven en zonas rurales.

"La penalización no inhibe su práctica (del aborto); la mayoría de las leyes han pretendido resolver el problema del aborto mediante su prohibición lo cual se ha traducido en grandes consecuencias económicas, sociales, de salud pública y de justicia social para las mujeres de estos países sin lograr la disminución de la alta tasa de abortos que existe en la región".

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del total de abortos que se practican en condiciones inseguras en el mundo el 95.4 por ciento ocurren en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas.

En AL y el Caribe ocurren anualmente entre 3.9 y 4.2 millones de abortos inseguros. "Las cifras nos indican que la penalización ha generado que las mujeres recurran a la interrupción del embarazo inseguro", advirtieron las agrupaciones.

En la audiencia temática de la CIDH participaron, en representación de 12 organizaciones de AL y el Caribe, Mariela Belski, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de Argentina; Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud y Coordinadora de la Campaña 28 de Septiembre, de República Dominicana, y Margarita Rivas, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, de El Salvador.

También asistieron Marta María Blandón, de Ipas Nicaragua, y por México Vanessa Coria, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien en entrevista telefónica con Cimacnoticias calificó la audiencia como "exitosa".

"Las y los comisionados se mostraron muy accesibles e interesados en plantear el tema como prioridad y mostraron su consternación sobre lo que significa la penalización del aborto. Se mostraron muy abiertos y complacidos con la información, lo que nos da buenas señales. Esperamos un pronunciamiento contundente", abundó.

La mexicana subrayó la importancia de que por primera vez en la CIDH se escuche de primera mano las consecuencias de la penalización del aborto en la vida de las niñas y mujeres de la región, ya que esto abre la puerta para que se siga hablando del tema en un foro internacional que puede resolver casos, dar medidas cautelares y llevar a los Estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.