Es el sueño del capitalista, el mayor deseo del explotador hecho realidad: si un trabajador reclama mejoras en sus condiciones laborales, comete un delito. Y no cualquier delito, sino uno grave, como la extorsión.

Todo hecho realidad gracias al esforzado trabajo de señores jueces que, desde la majestad de su investidura, se encargan de aquello que decían los romanos: "a cada quien, lo suyo". Y dar a cada cual lo suyo, bajo el régimen de explotación en que vivimos, es lo que viene haciendo el poder judicial, a través de prohombres como el juez federal de Quilmes.

El Dr. Armella ya mostró cómo valora el derecho de huelga y defiende a los trabajadores cuando procesó a los compañeros de Causa Ferroviaria Hospital, Merino y Morales, y al dirigente del PO Belliboni, por media docena de delitos cuando se manifestaron, el 23 de diciembre de 2010, por el pase a planta de todos los tercerizados. No le pareció suficiente acusarlos por interrumpir el servicio ferroviario, entorpecer el tránsito vehicular, daño, etc., etc. Como la protesta no era porque sí, sino que había un reclamo laboral, los procesó por extorsión.

Y lo mismo hizo ahora, sumando también los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, con los vendedores ambulantes que hace unas semanas se manifestaron en reclamo de que la empresa UGOFE y el Ministerio de Trabajo contemplara su irregular y precaria situación laboral. Doce vendedores, y dos estudiantes, militantes de la Tendencia Piquetera Revolucionaria que solidariamente los acompañaban, fueron detenidos, y ahora procesados.

Es bien sencillo, especialmente si uno se anima a dejar a un lado la idea de una "justicia independiente" que tiene como fin "reglar las relaciones entre los integrantes de la sociedad". Se trata, ni más ni menos, que de mandantes (los empresarios, la burocracia sindical) y mandatarios (la policía, los jueces). Y los mandatarios hacen lo que se les manda hacer.

CORREPI, que cree fervientemente que la única legalidad es la que deriva de la lucha por un mundo diferente, asumió la defensa de los compañeros, y hará cuanto esté a nuestro alcance para evitar su condena. Es insostenible, aun en el estrecho margen de la legalidad vigente, la asimilación de un reclamo laboral a una extorsión. Pero aunque usemos los mejores argumentos técnicos, la defensa sólo será exitosa con la solidaridad de todos los trabajadores, y su movilización creciente para acompañarlos.

Semana tras semana, desde CORREPI insistimos acerca del papel de la policía en el crimen organizado. También insistimos sobre la connivencia entre la policía, el poder político y las barrabravas, todas ellas.

En esta ocasión, nuevamente se puso el asunto sobre el tapete debido al asesinato a manos de la policía de la comisaría 44ª del hincha de San Lorenzo, Ramón Aramayo.

Zonas liberadas, extorsiones a los puesteros de la zona, secuestros, gerenciamiento de prostíbulos y un largo etcétera entran en el amplio abanico de posibilidades de recaudación de los perros guardianes de los poderosos.

Para dar un ejemplo, el domingo del partido en cuestión hubo dos emboscadas de la barrabrava de Vélez, en las que la federal liberó la zona. En la primera, 50 hinchas de Vélez aparecieron por el sector por donde ingresan al estadio las hinchadas visitantes; en la segunda, dos micros de la hinchada de San Lorenzo fueron desviados por la policía hacia el sector donde estaba el grueso de la hinchada de Vélez.

Ramón Aramayo murió luego de que se negara a un cacheo. Fue golpeado hasta morir en la calle Barragán. En la autopsia dice que se le encontró un edema, una hemorragia pulmonar y una cerebral. Bastante raro el paro cardiorrespiratorio, eterna versión policial, para provocar semejantes consecuencias en otros órganos del cuerpo. Después de todo, con un tiro en la frente la muerte, finalmente, también sucede por "paro cardiorrespiratorio", que, como explican los forenses, no es una "causa de muerte" sino la descripción misma de la última fase del proceso.

Vayamos un poco más atrás, y recordemos lo que pasó en noviembre de 2009, en un recital de Viejas Locas, cuando la policía dejó pasar a la barra de Vélez y comenzó a reprimir a los chicos que habían ido a ver a la banda. El resultado fue de cientos de heridos y detenidos y Rubén Carballo muerto, también golpeado por la policía de la 44ª y abandonado a morir junto a la autopista.

En Liniers hay alrededor de 60 prostíbulos, manejados por la policía de la comisaría 44ª. Se sospecha que la oficial Maidana, que fue secuestrada, torturada y violada por haber denunciado a su pareja y otros compañeros por liberar zonas, estuvo cautiva en uno de ellos.

Las autoridades de la comisaría 44ª fueron reemplazadas en dos ocasiones en los últimos años. Luego del asesinato de Rubén Carballo, el comisario Meta y toda la cúpula fue removida, reemplazados por Eduardo Bayot, el que fue trasladado a la comisaría 13ª de Caballito 8 meses después, debido a las reiteradas denuncias de los vecinos de Liniers de un prostíbulo que funciona arriba de un pelotero y al lado de un colegio primario. Actualmente, la comisaría está a cargo del comisario Carlos Stamato. Los vecinos, con razón, piensan que nada va a cambiar.

Es que no importa quién esté a cargo de la comisaría, la 44ª o cualquiera de ellas. Como insistimos desde CORREPI, es toda la institución. Y ninguna medida cosmética, ningún movimiento de ajedrez va a cambiar la naturaleza de las cosas. Sea con la violencia en el futbol, la prostitución, el narcotráfico, los robos y las extorsiones, siempre hay un uniforme azul y una chapa detrás.

Como semana a semana vemos en nuestro Boletín, la policía, además de servirle a la clase dominante para proteger sus ganancias, es la que regula y promueve los negocios más perversos como el tráfico de drogas, la trata de personas para la explotación sexual, los secuestros extorsivos, etc.

El ejemplo de esta semana compromete a 12 comisarías de la Federal y a 90 efectivos (entre ellos, 6 comisarios y 15 subcomisarios).

En base a una denuncia de la UFASE (unidad fiscal anti secuestros) ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, saltó a la luz un negocio de protección que realizaban dichas comisarías con unos cuantos prostíbulos.

Por medio de una sistemática falsificación de las actas policiales con testigos inhallables (usaban datos de gente que había hecho trámites en las comisarías para incluirlos en las actas) esas comisarías porteñas, en vez de controlar la actividad de los centros nocturnos, ocultaban una red de trata de mujeres.

A partir de esta denuncia, allanaron más de 40 boliches, cuatro de los cuales terminaron clausurados. En uno de los locales, encontraron dos menores de edad, de 16 y 17 años, que eran explotadas sexualmente. Otros boliches comenzaron a ser investigados por trata de mayores con fines de explotación sexual, y, en al menos tres lugares, se encontraron indicios de pagos a policías: algo tan burdo como billetes agarrados con un clip a un papel en el que estaba anotado el número telefónico de la seccional.

La misma perversidad que late en este negocio protegido por la institución policial, la hallamos en el siguiente caso, que es sólo un ejemplo entre muchos, de actitudes enfermizas que son llevadas a cabo por oficiales.

En Bariloche, un cabo de la policía rionegrina que estaba acusado de abusar sexualmente de una menor en la ciudad de General Roca, intentó suicidarse mientras estaba siendo perseguido.

El intento de abuso sexual en el que fue víctima la adolescente ocurrió el 1º de enero de 2010 en el paraje Guerrico.

También hay otro oficial involucrado (Rubén Darío Rubio) quien fue capturado en General Roca.

Bien lejos de la imagen de integridad y pureza con la que los medios y las instituciones quieren vestir a la policía, estos casos vuelven a demostrar la vinculación de la fuerza con los valores más putrefactos y siniestros de esta sociedad.

El 22 de marzo, a partir de los videos del canal TN sobre la represión en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010, en los que se puede ver a policías federales golpeando al joven Emanuel Ríos en el suelo tras ser derribado con un piedrazo en la cara que le fracturó la nariz, el fiscal porteño Sandro Abraldes pidió al juez de instrucción Eliseo Otero que se cite a declaración indagatoria a nueve policías, entre los que se encuentran los comisarios Eduardo Pereyra y Miguel Ángel Cariolo. Y solicitó la detención de cinco de ellos por considerar que podrían entorpecer la investigación. El fiscal calificó los hechos como "torturas".

Hoy, a casi cuatro meses del desalojo del Indoamericano, el juez Otero –conocido defensor de cuanto policía le cae cerca- se declaró incompetente, porque uno de los policías ya tenía otra causa (¿novedad?) en el juzgado de su colega, la Dra. Berdión de Crudo. Pero ella, rápida como don Otero, declinó la competencia "porque los hechos no tienen conexidad". Conclusión, la causa quedó sin juez y deberá intervenir la sala especial de la Cámara del Crimen para designar a un nuevo magistrado.

Así como las fuerzas policiales son entrenadas para torturar y matar como brazo armado de la burguesía, también son utilizadas como chivo expiatorio en casos desfavorables para la legitimación del orden institucional. Son constantes las purgas policiales a lo largo de los gobiernos democráticos, y es en la ineficacia de estas purgas donde radica su efectividad: cambiar sin que nada cambie, porque la represión y la tortura es política de estado al servicio del poder.

El 23 de marzo, pero sin tanta resonancia, una pareja de desocupados (ella embarazada) denunció ante los medios la brutal golpiza a la que fueron sometidos por custodios del empresario Lázaro Báez, íntimamente vinculado a los negocios del latifundio kirchnerista, por protestar encadenados en reclamo de trabajo y vivienda frente a la nueva sede del Club Boca de Río Gallegos presidido por el hijo del empresario e inaugurado, horas después del hecho, por la presidenta Cristina Fernández. Sólo después de hacer público el hecho, el juzgado de turno les tomó la acusación.

Para procesar a jóvenes y trabajadores, la justicia despliega todo su poder. En cambio, a la hora de procesar a quienes nos reprimen, despliega toda su burocracia.

En la localidad bonaerense de Florida, en el partido de Vicente López, un efectivo retirado de la Policía Federal mató a balazos a un joven de 23 años, para, según su versión, evitar el asalto a un locutorio, que es de su propiedad. Al policía no le importó que hubiera otras cinco personas dentro del local y desató la balacera. Con un balazo en el estómago, ultimó al joven, que cayó muerto en la puerta del negocio.

En Villa General Belgrano, Córdoba, un guardia de seguridad fue detenido por asesinar a cuchilladas a una anciana de 84 años, en el interior del geriátrico donde ella residía y él "trabajaba". Para robarle su tarjeta de débito, el guardia la mató en la noche del miércoles, y ya en la mañana del jueves estaba sacando plata. Las imágenes registradas por la cámara de un cajero automático fueron la clave para detenerlo.

Dos nuevos ejemplos de una política permanente del Estado, que mata impunemente a la hora de hacer sus negocios.

Frente a esto, se yerguen ejemplos de lucha y organización independiente del Estado. Los familiares de Ezequiel, el pibe asesinado la semana pasada en el Barrio Mitre de la localidad de San Miguel, donde un policía de civil le disparó en el pecho, ya están junto a CORREPI, comenzando a denunciar su caso, y el de todos los pibes asesinados por el Estado. Frente a su intento por disciplinarnos, los familiares de Ezequiel responden con más organización, y más lucha.