LA ARENA

El conflicto gremial que afecta a trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses, que imprime las ediciones del Grupo Clarín, reactualiza la discusión sobre los derechos sindicales en nuestro país.

En la Argentina son muchas las empresas que no quieren delegados en sus plantas ni en sus redacciones. Es conocido que, en el ámbito privado, sólo el 13 por ciento de los establecimientos tiene delegados gremiales, mientras que el 87 por ciento restante no tienen la representación sindical que la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, prevé en sus artículos 40 a 46 (referido a los delegados del personal) y 47 a 52 (que legislan sobre la tutela sindical).

Luego de 28 años de vigencia de las instituciones democráticas, estas violaciones a la libertad sindical constituyen una asignatura pendiente de la que debe dar cuenta tanto el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, los legisladores y las centrales sindicales. Y sobre todo deben responder a esto los dirigentes de los gremios cuyos afiliados carecen de esa representación directa, el delegado en el lugar de trabajo.

Según la "Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo", del año 2006, los trabajadores de todos los estados que son parte de la OIT, tienen el derecho de elegir a sus representantes en plena libertad. Y en cuanto al derecho de huelga, la OIT lo considera el "derecho fundamental" de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, como medio de defensa de sus intereses económicos.

Claro que no es sólo el sector privado donde se cercenan los derechos sindicales de los trabajadores. También el Estado lo hace, por ejemplo, cuando no le reconoce a una Central de Trabajadores, como la CTA, que agrupa a gremios nacionales y provinciales importantes -docentes, judiciales, empleados públicos, etc.-, su personería jurídica, favoreciendo la política de unificación de la representación de tercer grado en una sola central obrera, la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque tanto la una como la otra, hoy están divididas, sería bueno que el Ministerio de Trabajo tomara nota de las recomendaciones de la OIT respecto a la necesidad de respetar la libertad sindical y otorgar la personería a aquellas organizaciones que cumplan con los requisitos que establece la legislación.

En el caso del diario Clarín, es conocida su política de no permitir la organización sindical de sus empleados. Por ello, en el año 2000 despidió a todos los integrantes de la comisión interna, hecho reconocido públicamente por su jefe de redacción, Ricardo Kirschbaum. Entre esos despedidos, estaba Pablo Llonto, hoy abogado querellante en causas judiciales que se están llevando a cabo por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El año pasado, el periodista Claudio Díaz renunció a su puesto como redactor del suplemento Zonal de ese diario, luego de sufrir presiones y discriminación dentro de la empresa, por haber emitido opiniones diferentes a las del "discurso único" que deben tener quienes trabajan en el "gran diario argentino".

En una carta donde explica los motivos de su renuncia, Claudio Díaz dice que, en marzo del año pasado, y frente a un pedido de la revista Veintitrés para que opinara sobre el rol que cumplen los medios periodísticos y algunos intelectuales en la elaboración del discurso político actual, "efectué una dura crítica a lo que se da en llamar el Grupo Clarín y acentué, particularmente, lo que a mi criterio había sido una clara manipulación informativa durante la cobertura del conflicto Gobierno vs. Campo, tanto por parte del diario como de Canal 13 y TN".

A partir de allí, cuenta Díaz, sufrió presiones de todo tipo como negarle vacaciones que ya habían sido otorgadas y, lo más grave, se le impidió seguir escribiendo la página 3 del suplemento Zonal.

Estos hechos que ocurren en el Grupo Clarín y en muchas otras empresas que persiguen a sus trabajadores por sus ideas políticas, o que les impiden desarrollar libremente la actividad sindical, son constantemente denunciados por los sindicatos democráticos.

Sin embargo, los diputados y senadores de la oposición parecen ignorar estos graves hechos y, en cambio, consideraron como "el más grave atentado contra la democracia", el pacífico bloqueo de 150 personas, trabajadores con sus familias, durante doce horas, que retrasaron la salida de la edición del día domingo del diario Clarín y del deportivo Olé.

Los trabajadores retrasaron pero no impidieron la salida del diario, la empresa ha impedido e impide la actividad sindical y a nadie se le ocurre decir que atenta contra la democracia.

El Observatorio del Derecho Social de la CTA publicó un informe sobre violaciones a la libertad sindical durante 2010, indicando que en el primer semestre de ese año hubo 220 denuncias de violaciones a la libertad sindical, la mayoría de ellas referidas a impedir o limitar la creación de sindicatos, la elección de delegados o la realización de asambleas en los lugares de trabajo.

En ese período, hubo 85 denuncias de despidos discriminatorios, la mayoría de ellos de delegados y activistas sindicales. En cuanto al sujeto activo de esas violaciones, el informe marca que éstas se dan generalmente en las empresas, aunque también existen violaciones a la libertad sindical, no llegando al despido pero sí a traslados u otro tipo de acciones persecutorias, en el ámbito de la administración pública y las reparticiones estatales.

El informe da cuenta que, tanto en 2009 como en 2010, las empresas de la industria alimenticia, como Arcor, Felfort, Stani y Kraft, protagonizaron duros conflictos con sus trabajadores, en particular contra los delegados y comisiones internas, impidiendo su ingreso, limitando su accionar y realizando todo tipo de acciones que se engloban en la "persecución". No asignarles tareas, ponerles custodios que los siguen a todas partes y los amenazan, entre otras cuestiones, son algunas de estas acciones, que también fueron denunciadas por los delegados de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses, como una práctica habitual.

En el caso de la empresa Felfort, sus trabajadores denunciaron formas precarias de contratación como contratos a personal de más de siete años en la planta, y que realiza tareas permanentes. Esto fue señalado como una práctica de disciplinamiento laboral, para que el miedo a perder el trabajo actué como un freno a la hora de efectuar reclamos laborales.

Es interesante destacar que en la carta del periodista Claudio Díaz, también se denuncia que Clarín apela a la precariedad laboral, con pasantes a los que se obliga a trabajar como redactores, por un sueldo de cadete, sin vacaciones ni aportes.

Como se ve en este incompleto resumen, son muchas las empresas que violan los derechos de los trabajadores y trabajadoras a organizarse sindicalmente para reclamar por sus justos derechos laborales.

Si bien la principal responsabilidad es de las propias empresas que cometen estos actos discriminatorios, es evidente que si hubiera una acción más enérgica del Estado, a través del Ministerio de Trabajo, esta situación sería diferente.

La dirigencia sindical del sector privado, enrolada en la CGT, también es responsable de que la mayoría de las empresas no respeten la legislación laboral en materia de elección de delegados. En una complicidad objetiva con las patronales, muchos dirigentes sindicales prefieren no tener representantes "molestos" en los lugares de trabajo, para evitar que sea discutida su conducción.

Por último, es inconcebible que los legisladores de la oposición convoquen a conferencias de prensa para denunciar un pacífico piquete de familias trabajadoras, mientras callan las numerosas violaciones que vienen sufriendo esos empleados, por parte de una patronal que propaga la democracia pero no la practica al interior de su empresa.