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Isidoro Madueña, de 74 años y con una discapacidad auditiva, fue hallado muerto entre los escombros del edificio de Bartolomé Mitre, luego de los insistentes y justos reclamos de su hijo Mariano. Una vez más, al igual que en ocasión del derrumbe en el gimnasio de Villa Urquiza, la ausencia de controles estatales en las obras de construcción se cobró una nueva víctima.

Ayer, el Jefe de Gobierno se solazaba con que la tragedia solamente tuvo como saldo un "desaparecido". Más allá de las disculpas enviadas al hijo del fallecido a través de Guillermo Montenegro, el Ministro de Seguridad de la Ciudad, debemos señalar que sus declaraciones ofenden la memoria de quienes hoy no están y soñaban con otra Argentina.

Resulta grave que un político con aspiraciones presidenciales para el 2015 agravie ese sentimiento compartido por todas y todos los argentinos. Es inaceptable. No se puede admitir esta categoría en una democracia y en un verdadero Estado de Derecho.

Pero ocurre que sólo son negocios. El boom de la construcción, impulsado por Nicolás Caputo, su íntimo amigo y que hasta llegó a ser nombrado "asesor" del Gobierno de la Ciudad, resulta ser la industria que ha decidido promover el Gobierno de la Ciudad sin importar la vida y los bienes de las y los ciudadanos.

No le creían al hijo de Isidoro. Al igual que durante la desaparición de Jorge Julio López, prefirieron la hipótesis que se había ido o extraviado antes que pensar en la realidad que hoy nos conmueve. Esta vez, no fue Aníbal Fernández pero sí lo pensaron y expresaron los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.

Pero peor aún, es el desdén por la discapacidad, tanto a nivel gubernamental como a nivel mediático. Parece que no existiera, si tenemos en cuenta la escasa predisposición hacia la búsqueda del anciano fallecido y la mentira mediática llevada a cabo por los multimedios.

Y ello también es grave. Desconocer la realidad, en este caso, de las personas con discapacidad auditiva, cuya mayor prevalencia se encuentra en su adquisición congénita y en la vejez, supone una clara discriminación. Nada extraño en una sociedad donde los paradigmas de la irrelevancia y de la inutilidad reinan con absoluta fluidez en los ámbitos sociales y estatales para olvidarse de quienes sufren una disminución en sus capacidades físicas y mentales.

Nada importa, sólo son negocios. Si bien la discapacidad tiene sus "cajas" específicas, de la mano de proveedores que viven del Estado y de las Obras Sociales, no resulta ser un gran negocio. Ocurre que el verdadero es aquel que atiende las necesidades de la burguesía, antes que la del proletariado. La primera, siempre mira de costado cada vez que una persona con discapacidad aparece en su línea visual y la segunda, a veces, suele esconderla dentro de su propia familia por desconocimiento y porque los prejuicios sociales son mayores que la comprensión de la problemática que enfrentan.

El colega Alfredo Grande afirma que se está "Derrumbando Buenos Aires", pero la realidad es que se está "Destruyendo Buenos Aires". Porque cuando un gobierno solamente atiende las necesidades del sector social más favorecido en detrimento de las grandes mayorías, destruye el tejido social; cuando piensa en lo privado dentro de lo público, está destruyendo el patrimonio común que nos corresponde a las y los ciudadanos, y cuando deja librada a su suerte a quienes, como Isidoro y tantas y tantos otros, sufren algún tipo de discapacidad, está destruyendo a las personas que tienen alguna disminución física o mental.

En suma, está destruyendo la memoria y la democracia. Y ello resulta tan grave como lo acontecido en Cromañón. No importa si son 194 o una sola, lo que verdaderamente importa es que el Estado está ausente para que lo privado siga haciendo buenos negocios con la protección de lo estatal, de lo público, mientras todas y todos miran para otro lado.