Seis adolescentes fueron condenados a cadena perpetua en nuestro país, el único de América Latina que impuso semejantes condenas a menores de 18 años. La abogada Claudia Cesaroni cuenta sus historias en un libro. "No para justificar sino para tratar de entender", dice.

Hoy en Argentina hay seis jóvenes condenados a prisión perpetua por crímenes graves que cometieron cuando eran niños. Están alojados en cárceles de máxima seguridad, lejos de sus familias y sometidos a situaciones de abuso y arbitrariedad. No son inocentes. Mataron gente. Sin embargo la pena que la justicia argentina les aplicó no era la adecuada porque no tuvo en cuenta su condición de menores de edad a la hora de cometer el delito. Esto implica una grave violación a los derechos humanos y a la Convención de los Derechos del Niño, en plena democracia. El Estado argentino se equivocó pero ellos lo están pagando con su vida. Son muertos en vida. Y si el Estado no resuelve estos casos lo podría pagar muy caro.

Así lo advirtió la abogada Claudia Cesaroni al presentar su libro "La vida como castigo, historias de adolescentes condenados a prisión perpetua en Argentina", el miércoles pasado en General Roca ante un público integrado mayoritariamente por jóvenes -de la edad de esos otros jóvenes- que se dieron cita en el CEM 116.

Cesaroni relató los avatares de estos seis adolescentes (uno de ellos murió ahorcado en un suicidio difícil de entender en la penitenciaría de Mendoza) y se preguntó el porqué de la falta de solución de estos casos, visiblemente fuera de la ley, que reconoce el propio país, motivo por el que el Estado argentino está sentado en el banquillo de los acusados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Planteó que a la hora de escribir, su objetivo fue contar las historias personales de algunos adolescentes que nacieron durante la dictadura, crecieron en pleno menemismo, cometieron crímenes graves, fueron condenados a prisión perpetua a los inicios del gobierno de la alianza y aún hoy siguen privados de la libertad cumpliendo una pena inconstitucional, abusiva, arbitraria y que es la pena más gravosa, la más alta de nuestro código penal.

"Quise contar las historias no para justificar sino para tratar de entender", aclaró. Las vidas de estos seis jóvenes tienen algunas particularidades y muchas semejanzas, sin embargo una resume "cómo el estado se puede equivocar de todas las maneras posibles, concentradas en una sola persona", y contó la historia de Claudio ante un auditorio que la escuchó absorto:

"Claudio nació en 1979 en Tucumán. Su padre había sido policía, durante la dictadura. Después se quedó sin trabajo y decidieron irse a vivir a Buenos Aires, al barrio Ejército de los Andes conocido como Fuerte Apache. Este hombre ejercía una violencia feroz sobre su propia familia. Le pegaba a todos sus hijos, a la madre y abusaba de su hija. Cuando Claudio tenía 14, escuchó cómo su padre amenazó de muerte a su madre y para protegerla lo mató con el arma reglamentaria que el hombre tenía cuando fue policía. La justicia de menores de Buenos Aires, para proteger a Claudio, lo separó de su madre y lo internó en sucesivos hogares de menores. Claudio no fue condenado a prisión perpetua por ese hecho sino que integró una banda que salía a robar y en un robo cometió homicidios y así fue como terminó en una de las peores cárceles del país".

Para Cesaroni es evidente que una condena a perpetua es "brutal" para una persona que tiene 16 o 17 al momento de ser detenido porque "significa que pasará más años en prisión que los años que tenía de vida al momento de cometer el crimen. Estos jóvenes que ahora tienen treinta y pico nunca pudieron hacer ninguna de las cosas que hicieron otros jóvenes como estudiar, enamorarse, tener hijos, trabajar... salvo estar presos en las peores cárceles, lejos de sus familias".

A la hora del debate reconoció que hay una dificultad para ver en estos casos violaciones a los derechos humanos. Es cierto que no es una pena prohibida. La prisión perpetua es legítima. Pero las penas de perpetua a menores están prohibidas en la Convención de los Derechos del Niño (CDN), ratificada en nuestra constitución. Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se tomó ocho años y medio para estudiarlos en profundidad y concluir, en noviembre de 2010, que aquí se habían violado una serie de derechos establecidos en la Convención de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Le recomendó al Estado argentino que resuelva de una vez por todas la situación pero hasta ahora no ha dado respuestas. Sólo dilaciones.

En el contexto internacional no hay ningún país en América Latina que aplique este tipo de condenas, a menores de edad. Ningún país europeo aplica condenas de más de 10 años de prisión para menores de 18 que cometen delitos. El único país de América que ha aplicado la pena de muerte para adolescentes es Estados Unidos. Sin embargo un fallo de la Corte Suprema determinó que ni siquiera se puede aplicar perpetua a menores porque, por ser menores, deben recibir un trato diferente al de un adulto. "En este momento nuestro país está peor en cuanto a respuesta punitiva con los menores de 18 años de edad que los EE.UU porque la pena más gravosa que ellos tienen -la pena de muerte-, ya no la aplican a sus menores de 18 y nosotros seguimos manteniendo jóvenes a la pena de prisión perpetua, que es nuestra pena más gravosa. Estamos dando una respuesta todavía más brutal que los EE.UU que son el país más brutal en estos términos", apuntó.

El caso llegó a la comisión interamericana de derechos humanos que ante la falta de resolución lo lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal de sentencia. El riesgo es que el Estado argentino sea condenado por violar los derechos humanos y eso sería bastante grave para un país hace de la defensa de los derechos humanos su carta de presentación ante el mundo.

Es abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y ex-directora adjunta de la Asociación de Prevención contra la Tortura para América Latina,de la naciones Unidas (fue elegida por mérito y voto mayoritario de las/os delegados) es parte del grupo de asesores/as del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro y participó en diferentes jornadas de formación en Derechos en la Facultad de Roca y los encuentros regionales del CONyA.