En estas últimas semanas, varios conflictos se han cobrado varias vidas. A
diferencia de lo que señala el kirchnerismo, el macrismo y los medios que
responden a unos y otros, el problema no es el del "respeto por la ley" sino
otro, mucho más profundo y complejo.
El problema de la tierra, el de su propiedad y uso, es uno de los más profundos
y "transversales" de nuestra historia económica y política, regional y nacional.
En Formosa, antes en Jujuy y en el Chaco, en Santiago del Estero, pero también
en Soldati y en el Gran Buenos Aires, y ahora de nuevo en Santa Elena; el
reclamo, en un país con una de las densidades de población más reducidas del
mundo, es el mismo: tierra para vivir, trabajar y comer.
Este tema, lejos de solucionarse, durante los gobiernos kirchneristas se
profundizó (tal como lo demuestra, por más que lo quieran maquillar, el último
Censo nacional de población, así como las estadísticas que elabora la Federación
Agraria Argentina). Sus dos vertientes más conocidas, la concentración y la
extranjerización de la propiedad de la tierra, así como su faceta más "moderna"
(la imposición del monocultivo sojero), cada vez provocan con más fuerza las
consecuencias que siempre les conocimos: expulsión, empobrecimiento, hambre,
despoblamiento rural y crecimiento de las villas miseria en las periferias de
las grandes ciudades... Ahora, además, vuelven con un viejo recurso que parecía
(y sólo parecía) olvidado: el asesinato a sangre fría como herramienta para
acrecentar y consolidar el poder de los latifundistas.
Los medios masivos de "comunicación", incapaces de ignorar un tema que las
organizaciones populares le impusieron (ni los medios, ni el gobierno nacional,
ni la oposición "republicana" dijeron nada de los crímenes contra la comunidad
Qom en Formosa hasta varios días después de cometidos), tuvieron que
incorporarlos a su agenda... pero a su modo. El problema no era el de la tierra,
sino el del "respeto por la ley".
El Estado no está "ausente"
En Formosa, la comunidad Qom ocupa desde hace años tierras que legítimamente les
pertenecen, por historia y por ley. En Soldati, miles de compatriotas (de la
Patria Argentina y de la Patria Grande) levantaron sus ranchos sobre tierras
inutilizadas, convertidas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en un cementerio de autos. En Santa Elena, los colonos defienden las hectáreas
que están trabajando hace más de 15 años, mientras Busti, Menem y sus
continuadores, rifaban y negociaban el frigorífico y sus alrededores,
regalándole a Constantini, Tres Arroyos y similares, lo que los trabajadores
podrían haber defendido y levantado con un mínimo apoyo gubernamental.
Efectivamente: mientras la firma Tres Arroyos seña con 180 pesos hectáreas que
valen 25.000, la "justicia" (el juez de La Paz, Horacio Soldano) le da la razón,
y la policía se presta a reprimir a las familias que están allí trabajando; el
fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes corre presuroso a avalar el atropello y
la represión contra los colonos. ¿Qué más hace falta para que los filósofos y
pensadores progres, posmodernos, "nacionales y populares", se enteren de que el
Estado en Argentina nunca estuvo -en estas décadas- "ausente"? El Estado está,
dice presente, toma partido y busca imponerse por la fuerza. Que lo haya venido
haciendo siempre del mismo lado, al menos desde 1976, es otra cosa; pero, como
las brujas, ¡estar está!
La tierra y la ciudad
El periodista entrerriano Tirso Fiorotto, tras analizar los datos que arrojó el
Censo Nacional 2010, señala que Entre Ríos continúa siendo una provincia que
expulsa a sus habitantes, "a razón de 50 personas por día hábil". El
departamento La Paz, donde se encuentra la estancia El Quebracho y los terrenos
en disputa en Santa Elena, es uno de "los de peor rendimiento poblacional, con
una estructura expulsora que asombra (sólo el 1% de crecimiento demográfico en
una década)".
Estos datos, sumados a los ya conocidos de que desde la década del ‘90 en
Argentina "desaparecieron" 160 mil pequeños productores rurales, mientras las
tierras cultivadas con soja crecían y actividades como la tambera eran
condenadas a muerte, indican la decisión gubernamental de, como mínimo, no
impedir que en el campo sigan poniendo la ley los latifundistas de siempre y los
nuevos. Esos que, como George Soros y Luciano Benetton, acumulan de a cientos de
miles las hectáreas que conforman sus propiedades blanqueadas en la Argentina.
Respetar la ley
Tuvieron que esperar que haya un par de muertos en Capital Federal para
enterarse, pero el problema de la tierra para vivir y trabajar, de la falta de
viviendas propias y del hacinamiento, es nacional, y en el país no tiene rincón
que sirva como excepción. Lo que no cuentan, los medios masivos K y los de
Clarín, es que esto es fruto de políticas de Estado. Sí, los famosos consensos
que tanto reclaman, las políticas que se continúen "más allá de quien gobierne",
en Argentina existen.
Así, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para defenderse ante la
inexplicable subejecución del presupuesto asignado para viviendas en la ciudad
que él gobierna (apenas se gastó el 16,8% de lo previsto a tal efecto para 2010,
mientras los asentamientos y las villas seguían creciendo -un 50% desde el censo
de 2001), dijo que su gobierno fue el que más casas construyó (más de dos mil),
en comparación con los anteriores. Esto es como si alguien fusilara a tres
personas y se defendiera diciendo: "yo no soy un asesino, mis vecinos mataron
como a 15 cada uno". En todo caso, si sus datos son ciertos, lo único que
demuestran es que sus políticas antipopulares, también en esta materia, son
similares a las de sus predecesores (y en ésta caen todos: radicales,
duhaldistas, kirchneristas...). Ni más ni menos que eso.
Por ello, Macri y Aníbal Fernández, con diferentes tonos y nivel de burradas,
coincidieron en señalar que el problema principal era el respeto por la ley que
dice que los "okupas" no eran ciudadanos desesperados buscando hacer valer su
derecho constitucional a una vivienda digna (Artículo 14 bis), sino usurpadores.
Solamente quien ya no puede más, definitivamente, soportar la humillación y la
bronca de amontonar a su familia en una casilla de cuatro por cuatro, pagando
alquiler en una villa miseria (constituyendo así el estrato social más bajo que
pueda existir en el país), puede considerar como opción el "mudarse" a vivir
bajo chapas a un descampado donde no hay luz, gas, agua ni cloaca. Ante esa
realidad de miles y miles de compatriotas, tanto Macri como Fernández responden
buscando el modo de garantizar "la ley".
Esa "institucionalidad" que dicen defender y que evidentemente mucho no importó
la tarde en la que la Federal y la Metropolitana mataron, entre las dos, a dos
ciudadanos en el primer desalojo; es la que permitió (¿y motivó?) que lleguemos
a esta situación dramática y que aún hoy no hayamos avanzado un paso en su
solución. El tano Nardulli, coordinador de la CCC de Soldati, contó que sin
tocar el "parque" Indoamericano, se podían ocupar las 6 manzanas linderas al
ferrocarril, "un terreno lleno de matorrales y yuyos que es tierra de nadie. Ya
hace un tiempo le propusimos al ministro Santilli hacernos cargo de la
desratización y de desmalezar, para que tuviera trabajo la misma gente que hoy
está ocupando, y combatir las enfermedades como el dengue. (...) Pero el
gobierno prefiere que allí vivan las ratas, y no la gente que no tiene techo".
Eso es una política de Estado, y se repite, desde hace décadas, a lo largo y a
lo ancho del país. En la ciudad de Buenos Aires se traduce en la UCEP con que
Macri barre a los indigentes bajo la alfombra, y en Formosa y Entre Ríos
(provincias gobernadas por Kirchner-adictos) le toca a la policía provincial;
pero los que ganan y los que pierden en cada caso, son los mimos...
Ahora bien, ¿cómo es que a ninguno de estos gobiernos y a sus amigos periodistas
se les ocurrió nunca pedir balas (de plomo y de goma), gases lacrimógenos y
desalojo por la fuerza, para los terrenos que el Lawn Tennis Club de Buenos
Aires ocupa ilegalmente desde hace casi 20 años en Palermo? Incluyen plazas,
bosques y paseos. ¿Y los terrenos "usurpados" por los gerenciadores de los
complejos comerciales de Punta Carrasco y Costa Salguero? ¿Por qué no pidieron
"topadoras" y carros hidrantes en estos casos?
Macri, los bolivianos y la ley
Poco se puede agregar a esta altura sobre el desprecio por "la ley" que desde su
nacimiento tuvo el grupo Macri. Desde la compra y el manejo escandalosos del
Correo Argentino, hasta los 200 millones de dólares que, según Claudio
Lozano(*), la sociedad argentina le transfirió al mismo Correo Argentino, a
Sideco y a Socma (Grupo Macri) "con el proceso de pesificación y licuación de
los pasivos privados con el sistema financiero local aplicado a comienzos de
2002" (Duhalde presidente), pasando por los negociados del grupo durante la
administración porteña de Carlos Grosso (que le permitió hacerse cargo de los
recursos del gobierno de la ciudad por medio de UTE-Renta) y llegando a los
actuales negociados de Macri padre con el gobierno kirchnerista; los ejemplos
sobran.
Pero Mauricio acusa a los inmigrantes de violar "nuestras" leyes. Lo dice desde
Capital Federal (el territorio nacional que -proporcionalmente- menos creció en
cantidad de habitantes según el censo 2010), mientras su mujer sigue
enriqueciéndose a costa del trabajo semi-esclavo en los talleres textiles donde
explota a los mismos bolivianos y paraguayos a los que su esposo difama.
Mientras tanto, de paso, dichos inmigrantes son los habitantes de este suelo que
más impuestos pagan (en proporción a sus ingresos) cuando pagan el 21% del IVA
cada vez que compran sus ropas, sus comidas y los útiles escolares de sus hijos.
Una idea: preguntémosle a Wal-Mart, a Telefónica y a Repsol, si le entregan al
fisco el 21% de lo que recaudan, y después volvamos a conversar sobre quiénes
son los "ilegales", los "aprovechadores", los "usurpadores", los "vividores"...
Doble discurso desaforado
La represión en Formosa, en Pampa del Indio (Chaco), en Jujuy y en Santiago del
Estero, más el intento de desalojo de los colonos en Santa Elena, muestra que
este problema lejos está de solucionarse (al menos por esta vía) y que en su
derrotero los gobiernos kirchneristas y el de Macri tienen más coincidencias que
diferencias. Argentina tiene una densidad de población de 14 habitantes por
kilómetro cuadrado (en Holanda son más de 400 personas las que coexisten en esa
misma extensión): no podemos permitir que nadie (lo diga con una sonrisa
fascista o con seriedad "nacional y popular") diga que acá sobra gente. Ni
argentinos, ni bolivianos, ni paraguayos, ni marcianos. Que los mismos medios de
comunicación y políticos que reciben como a visitantes ilustres a los técnicos
del FMI que volvieron a ser llamados para que nos digan qué tenemos que hacer
(para volver a vaciarnos, a endeudarnos, a cobrarnos, a empobrecernos...), nos
digan que los inmigrantes de los países fronterizos son los culpables de la
falta de vivienda y de lugar para los argentinos; es la mayor hipocresía que a
nadie se le podría haber ocurrido en los últimos 520 mil años.
"¡Es la tierra, estúpidos!"
Mientras el gobierno de Macri y el de CFK sigan corriendo el eje y mirando para
otro lado, habrá que decírselos así. Mientras la soja siga avanzando en tierras
de los latifundistas y se siga expulsando a los pequeños productores del campo,
a los chacareros, a los campesinos hijos de campesinos y nietos de campesinos;
las villas miseria de las ciudades seguirán creciendo y llegará un día en que
los countries y los barrios privados no tendrán modos ni muros que logren
aislarlos completamente de una realidad que una parte (minúscula pero poderosa)
de nuestra sociedad no quiere ver. Mientras el acceso a una vivienda digna en
Argentina siga siendo privilegio y no ley, con créditos que exigen garantías y
sueldos mínimos inalcanzables para una mayoría de los compatriotas (el 40% de
los cuales, encima, trabaja sin papeles), el problema de la vivienda (y su marco
general: el de la tierra) seguirá estallando y provocando violencia,
enfrentamientos y muertes. Si la tierra y la vivienda siguen siendo un derecho
en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, pero un sueño
inalcanzable en la realidad de las mayorías; los bellos discursos
gubernamentales acerca de los derechos humanos serán, sustancialmente, sólo eso:
bellos discursos.
Escribió el profesor Luis Laferriere, director del Proyecto de Extensión "Por
una nueva economía, humana y sustentable" (UNER): "¿Cómo justificar que mientras
se asignan más de 50 mil millones de pesos de subsidios para los grandes grupos
empresariales, se siga agravando el alarmante déficit habitacional? ¿Cómo se
puede entender que en un país que ha tenido uno de los períodos de mayor
crecimiento sostenido de su PBI desde el año 2003, no pueda atender un derecho
humano tan esencial para 15 millones de personas?"
Efectivamente, durante 2010 el gobierno nacional manejó por decretos de
necesidad y urgencia más de 64 mil millones de pesos. Si un solo Qom, Mariano,
boliviano o quien sea, vuelve a morir en la Argentina luchando por tierra y por
vivienda, mientras el gobierno nacional maneja $ 64 mil millones a discreción y
paga por año un monto similar por una deuda externa que se niega a investigar;
este gobierno solamente se estará diferenciando del de Macri por el discurso. Y
eso, cuando el hambre y la pobreza en un país rico son ley; es demasiado poco.
