María Teresa Zegada Claure
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Ponemos a consideración de este panel un conjunto de interrogantes y tensiones que provienen de un acercamiento al complejo proceso de transformaciones políticas que operan en Bolivia desde inicios de la actual década.

El conjunto de interrogantes que guían la investigación que iniciamos hace unos meses, está referido a las distintas dimensiones del campo político boliviano en este proceso de cambios:

¿Cuáles son las características del nuevo campo político instalado en Bolivia a partir de 2005 y que se han consolidado en estos últimos cuatro años de gobierno de Evo Morales? ¿Cuáles son las dimensiones y alcances de dichas transformaciones? ¿Cuáles son las percepciones y expectativas de los actores sociales y políticos en relación con este proceso? ¿Cómo se articulan en términos institucionales los "nuevos" y "viejos" elementos del sistema democrático en la propuesta de nueva Constitución Política del Estado y en las propuestas de reforma del Estado elaboradas por los principales actores sociales y políticos? ¿Cuáles son las representaciones simbólicas en torno de la democracia y sus resignificaciones planteadas por los movimientos emergentes?

Dadas las características del proceso boliviano, la investigación encara dos tipos de desafíos, uno de tipo conceptual y otro de carácter metodológico, ya que las viejas categorías que permitían el abordaje y la comprensión de la realidad socio-política en las décadas pasadas, resultan ahora insuficientes y por tanto se requiere nuevos conceptos y maneras de pensar y leer la misma.

En consecuencia consideramos necesario, en primer lugar, trascender los conceptos que restringen el análisis de la política a la eficiencia y eficacia de las instituciones, y pretenden explicar desde ahí el conjunto de procesos políticos asociando, por ejemplo, la estabilidad con un estado óptimo de gobernabilidad y concurrentemente los momentos de crisis o conflictos con disfuncionalidades y peligros para la democracia. Nuestra opción es, por el contrario, intentar explicar los procesos de ampliación y profundización de la democracia como consecuencia de la acción colectiva de los sujetos y su incursión en el campo político, y de las transformaciones que operan en el mismo como efecto de la reversión del orden constituido.

Por esta razón hemos partido de la noción de campo político1 y no así de sistema –aunque este último está contenido en el primero– que nos lleva a pensar la política como un campo de fuerzas, de disputa en torno de determinados recursos de poder, que trasciende los tradicionales escenarios institucionales.

En ese sentido, partimos de la identificación de los principales objetos de disputa que signaron la lucha política durante los primeros años de gobierno de Evo Morales, y la construcción de una nueva hegemonía, y que fueron demarcando momentos políticos por los que atravesó este complejo proceso, que como resultado fueron consolidando la presencia de un nuevo sujeto político y nuevas subjetividades, así como nuevos elementos discursivos y simbólicos que ocuparon el centro del escenario.

De esta manera se pudo determinar que en Bolivia no se estaban produciendo sólo conflictos coyunturales o corporativos por demandas e intereses particulares de grupos sociales, sino que éstos se articulaban en torno de temas estructurales que cuestionaban a los partidos políticos, a las estructuras de poder, a la trama institucional así como a los habitus2 y las formas de ser de lo social y de lo político, fuertemente ancladas en los sustratos profundos de la sociedad y en ámbitos de poder alternativos y diversos como las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos campesinos, los pueblos indígenas o los sectores urbanos organizados que fueron tomando cuerpo a partir de la década de los noventa, por ejemplo en el caso de los movimientos indígenas en la denominada "Marcha por el Territorio, la Dignidad y la Vida" que partió del oriente boliviano, las protestas y la constitución de un movimiento social como la Coordinadora del Agua y de la Vida a partir del 2000 en torno de sectores urbanos afectados por las políticas neoliberales, y que más adelante se manifestarán con todo rigor tanto en la guerra del agua en Cochabamba el año 2000, como en la denominada guerra del gas el 2003, que concluyó con la destitución del entonces presidente de la república Gonzalo Sánchez de Lozada3.

Por otra parte, consideramos que la política involucra también una disputa sobre el conjunto de significaciones culturales y sociales que se construyen en torno de referentes discursivos y simbólicos, visiones de la realidad e interpretaciones académicas que imponen la necesidad de una nueva gramática social y una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad4.

El otro desafío de la investigación, se encuentra relacionado con la abundante información que, en sus distintas dimensiones, aporta la realidad política boliviana en estos años, la cual nos llevan a discernir sus distintas cualidades en un momento de crisis y metamorfosis de sus elementos constitutivos.

Así, privilegiamos una visión sincrónica para dar cuenta de las expresiones de los cambios en sus distintas dimensiones, pero sin descuidar los aspectos históricos –diacrónicos– que permiten precisamente explicar las raíces, alcances y limitaciones del proceso. En dicha explicación histórica, encontramos que precisamente los factores que desencadenaron esta coyuntura tienen que ver con la conjunción de distintas temporalidades históricas en un momento determinado, que son recuperadas por los sujetos protagónicos y llevadas al campo político.

Estas temporalidades provienen en unos casos, de la memoria colectiva larga5, es decir, de los quinientos años de colonización española, que luego fueron, como señala la misma autora, reproducidos mediante mecanismos de colonialismo interno –aludiendo a una categoría largamente difundida por Aníbal Quijano–, excluyendo a las grandes mayorías de los procesos políticos, sociales y económicos; aluden a factores de explotación económica y de clase que arrastran una larga historia de desigualdad e injusticia; del mismo modo remiten a procesos inconclusos de construcción de ciudadanía y ausencia de reconocimiento de una realidad socio cultural y étnica diversa, como sucedió en el episodio de la revolución de 1952 que si bien logró cambios profundos en el patrón de acumulación y de hegemonía, pretendió constituirse sobre las bases de una sociedad homogénea –que no era tal– bajo las categorías de pueblo o campesinado reproduciendo el modelo de exclusión cultural; y por último, nos remite a factores de la memoria corta, relacionados con el ciclo histórico del neoliberalismo y la democracia representativa inaugurados en la década del 80 que, bajo los parámetros de igualdad formal, libre mercado y estrategias multiculturalistas, intentó encarar problemas estructurales profundos. Su incapacidad de enfrentarlos con éxito condujo a su profundo cuestionamiento y prematura debacle.

De esta manera, el ciclo de protestas6 iniciado a principios de 2000 en Bolivia recupera y conjunciona elementos de carácter estructural e histórico y coyuntural, y encuentra su derrotero de transformaciones en el campo político. Los nuevos sujetos políticos combinan diversos repertorios de movilización social con su participación directa en procesos electorales, pues mediante las propias reglas de juego de la democracia representativa, una opción política como el Movimiento al Socialismo logra acceder y consolidarse en el poder trastrocando el viejo mapa de comportamiento electoral.

Empero, el conjunto de demandas y aspiraciones introducidas en el campo político, no quedan ahí, sino que propugnan una transformación estructural a través de la refundación del Estado, mediante la demanda y realización de una Asamblea Constituyente que permita la redacción de un nuevo instrumento normativo más representativo de las fracturas sociales y culturales y de la realidad boliviana actual.

El cuestionamiento al Estado partió de los movimientos indígenas en la década de los noventa junto a la demanda de inclusión sociocultural; y si bien lograron un primer impacto en las lógicas multiculturales implantadas durante el neoliberalismo –como por ejemplo la incorporación por primera vez en la historia de Bolivia de las categorías mutiétnico y pluricultural, en la reforma constitucional de 1994, y su correlato en leyes secundarias– éstas resultaron ciertamente insuficientes para el alcance de las reivindicaciones de estos sectores sociales que continuaron pugnando por una reforma estatal más profunda a través de la demanda de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Ahora bien, en este marco de análisis histórico, situamos el conjunto de transformaciones producidas en el campo político boliviano en estos años de gobierno del MAS, que con fines metodológicos las agrupamos en distintas dimensiones de análisis: Nuevos sujetos colectivos en el campo político; nuevas formas de acción política colectiva desde la sociedad civil; nuevas formas de administración del poder y de relación del gobierno con las organizaciones sociales, cambios en la trama institucional y normativa de lo político, es decir, nuevas reglas de juego en el marco del Estado Plurinacional; por último diversas y renovadas articulaciones democráticas emergentes que conviven con las prácticas modernas y liberales preexistentes.

Estos son, básicamente, los campos de análisis que abarca la investigación y que de manera preliminar, nos permiten dibujar los rasgos centrales del proceso y sus principales tensiones, a las que muy brevemente, nos referiremos a continuación.

RASGOS DEL NUEVO PROCESO: ¿QUE CAMBIO EN EL CAMPO POLITICO BOLIVIANO?

NUEVOS ACTORES, NUEVOS SUJETOS POLITICOS

Asistimos a la emergencia de nuevos sujetos que provienen de la sociedad civil, de los denominados no lugares de la política7 que, vinculados de diversas maneras al Movimiento al Socialismo, cambian el rostro social del Estado, incursionan en el campo político y operan tanto al interior de los escenarios institucionales como desde fuera de ellos.

Se trata de las organizaciones sociales que dieron lugar al surgimiento del Movimiento al Socialismo, fueron capaces de imponer una nueva agenda y se constituyen en su principal base social. Algunos dirigentes fueron invitados por el MAS y por el propio presidente a formar parte de las representaciones camarales y de cargos en el gabinete, pero a la vez, las organizaciones sociales afines al MAS se constituyen en los principales vigilantes del proceso de cambios, en ese sentido despliegan un conjunto de acciones colectivas en defensa del gobierno y sus medidas y en contra de la oposición social y política, mediante diversos repertorios de movilización desde pronunciamientos públicos hasta marchas, vigilias, cercos y concentraciones.

La acción estratégica de los movimientos sociales en el campo político adopta, en esta coyuntura, una cualidad distinta a la que operaba en años anteriores, lo cual le otorga un sentido histórico y le permite la construcción de significados compartidos pues estos sujetos colectivos cobran protagonismo en un campo de conflicto estructural, a que nos referíamos anteriormente, de ahí que las relaciones de fuerza entre los actores en pugna si bien se producen en torno de diversos objetos de disputa8, están articulados a un campo de conflicto hegemónico o estructural en relación con el cual se constituyen los dos bloques en pugna.

En relación con la participación de las organizaciones sociales en el campo político quedan un conjunto de interrogantes aun no resueltas que son tema de discusión, inclusive al interior del propio Movimiento al Socialismo y de las organizaciones de base, como por ejemplo, las posibilidades de institucionalización política de las mismas y su pertinencia, la pérdida de autonomía que implica su relación con el gobierno, las tensiones entre los dirigentes y las bases en relación con la toma de decisiones políticas, la posibilidad de que el formato organizacional corporativo pueda eventualmente desplazar o sustituir a los partidos en escenarios de representación política, entre otras.

De otro lado, los partidos políticos, principales actores del sistema de representación política, paradójicamente se convirtieron en su principal nudo de vulnerabilidad, fundamentalmente el incumplimiento de las funciones de representación y articulación con la sociedad. Ante dicha inoperancia, emergieron justamente formas de auto representación social con capacidad de interpelación efectiva a otros actores sociales y a la sociedad en su conjunto, y de articular con éxito sus expectativas a objetivos y propuestas comunes.

Los grupos privilegiados y sectores políticos antes hegemónicos fueron desplazados a espacios institucionales minoritarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea Constituyente, a las prefecturas de las regiones opositoras al gobierno (que en su momento fueron cinco de nueve departamentos del país), así como a la acción colectiva de organizaciones cívico/regionales, otorgándoles un carácter político de resistencia al gobierno detrás de la demanda de autonomía; la coyuntura los obligó a adoptar repertorios de movilización poco convencionales para dichos actores como huelgas de hambre, marchas, tomas de instituciones, entre otras, revelando una serie de transformaciones particularmente de tipo social y político objetivadas en el nuevo proceso. Queda planteada la necesidad de repensar las formas organizativas más apropiadas para el ejercicio político en concordancia con los nuevos formatos de la democracia.

NUEVAS FORMAS DE LO POLITICO

El proceso político abierto en diciembre de 2005 con el triunfo del Movimiento al Socialismo pone en el centro del debate no sólo a los nuevos sujetos del campo político, sino también el conjunto de relaciones y articulaciones políticas, formas de ejercicio político y expresión de intereses, representaciones simbólicas y tramas institucionales.

Las nuevas formas de acción colectiva se expresaron, por ejemplo, en las vigilias y cercos al congreso en los sucesivos episodios de empantanamiento para presionar en la toma de decisiones, en las movilizaciones de apoyo al gobierno y en defensa del proceso de cambios, la auto-organización, las reuniones de evaluación de las políticas gubernamentales propiciadas por las organizaciones de base, la elaboración de propuestas de cara al proceso constituyente, entre otras. Cabe destacar que los movimientos de resistencia y oposición al gobierno también generaron un conjunto de acciones colectivas nuevas para estas organizaciones.

En todo caso, se percibió un desplazamiento de los viejos conflictos entre el Estado y la sociedad que fueron habituales durante la era democrática, a enfrentamientos directos entre ciudadanos que representaban a los bloques políticos en pugna, como fue el caso de los enfrentamientos del 11 de enero de 2007 en Cochabamba.

Otro escenario privilegiado de confrontación fue el mediático en que se ponen en juego los recursos discursivos y las batallas simbólicas, así cobran relevancia dispositivos ideológicos mutuamente descalificadores funcionales a la acumulación de poder particular.

Del mismo modo, la vía del voto, es decir la convocatoria a una serie de consultas ciudadanas (referéndum), revocatorios y elecciones tuvo la finalidad de legitimar a las fuerzas políticas en pugna, en muchos casos, para desequilibrar las posiciones y el crítico empate en que en determinado momento se encontraban. Estos procesos, a la larga tuvieron un efecto político muy favorable para el gobierno que justamente logró el punto de inflexión para su recuperación de fuerzas en el referéndum revocatorio de agosto de 2008, el cual le permitió su consolidación hegemónica.

EL "GOBIERNO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES"

Otra arista importante de análisis reside en la relación del gobierno con las organizaciones o movimientos sociales afines bajo la figura, aún discutible, de gobierno de los movimientos sociales que adquiere un carácter simbólico muy importante desde el gobierno bajo la reiterada enunciación de mandar obedeciendo.

La relación de las organizaciones sociales con el gobierno del MAS adquiere formatos y contenidos diversos, desde afinidades ideológicas y políticas, solidaridad y disciplina sindical, y apoyo al proceso de cambios hasta relaciones pragmáticas de apoyos condicionados a beneficios sectoriales y personales, relaciones de tipo prebendal mediadas por cargos políticos y otro tipo de incentivos selectivos que ponen en entredicho la consistencia ideológica del proceso. De igual manera se cuestionan las nuevas jerarquías internas mediadas por las nuevas relaciones de poder, los aportes obligados de los empleados públicos y la serie de intercambios clientelares.

El riesgo de que el carácter corporativo de la gestión pública pueda prevalecer sobre los intereses generales, surge por ejemplo, del doble rol dirigencial que asume el presidente por el hecho de ser presidente del Estado y a la vez sucesivamente reelecto como presidente de las Seis Federaciones del Trópico Cochabambino (sindicato de cocaleros).

Otro elemento que también resulta crítico en el ejercicio gubernamental es el riesgo de la fetichización del poder9, que supone trastrocar los intereses colectivos por beneficios particulares de las organizaciones y personalidades que ocupan espacios en la gestión pública entre otros, que distorsionan los fines y el ejercicio político de las organizaciones.

LA REINSTITUCIONALIZACION POLITICA EN TORNO DEL NUEVO ESTADO PLURINACIONAL

El valor del proceso constituyente no sólo reside en el resultado: un nuevo texto constitucional, al que nos referiremos más adelante, sino también en el propio proceso, ya que en el mismo se involucraron distintas organizaciones, movimientos sociales y políticos, e intelectuales en un importante proceso de discusión, acuerdos y generación de propuestas.

Las organizaciones sociales articuladas en torno del Pacto de Unidad lograron introducir una propuesta de transformación estatal que involucraba distintos aspectos normativos del Estado, entre los puntos principales resaltan el Estado Plurinacional, las autonomías indígenas, así como una nueva estructura estatal más participativa y representativa de los intereses de las mayorías nacionales.

Si bien no todas sus propuestas se incorporaron en el nuevo texto, el proceso logró un valor en sí mismo por la visión estratégica del Pacto, puesto que las organizaciones particulares tuvieron que deponer algunos de sus intereses sectoriales para consagrar una propuesta única e influir en la Asamblea Constituyente y en sus resultados.

La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado abre nuevos espacios de participación y acción política, a través de mecanismos como el control social, la revocatoria de mandato, las autonomías, entre otras; así como nuevas pautas en la relación estado-sociedad civil.

No obstante, las medidas más relevantes apuntan a la incorporación en la narrativa constitucional de diversos elementos provenientes de una matriz de pensamiento distinta a la liberal republicana propia de las comunidades indígena originario campesinas cuyo epítome es precisamente el Estado plurinacional.

La relación y convivencia entre ambas lógicas es compleja y plantea una serie de desafíos desde la participación de representantes de pueblos indígenas en distintos niveles de gestión pública, hasta la incorporación de prácticas culturales de las comunidades en determinados ámbitos como en la justicia, a través de la jurisdicción indígena originario campesina, o mediante la figura de las autonomías indígenas basadas en usos y costumbres. Su complejidad y formas de articulación se verificarán en el proceso de aplicación de la nueva Constitución y la construcción de leyes y mecanismos secundarios.

LA AUTONOMIA: DE LA RESISTENCIA A LA DEMOCRATIZACION DEL PODER

Un eje que cambia sustancialmente el carácter del Estado es la incorporación de la autonomía, que plantea una serie de tensiones políticas ya que en principio fue bandera de resistencia de la oposición y luego fue articulada por el frente oficialista en la nueva Constitución, en el marco de un proceso amplio y que involucra diversos niveles de administración territorial del Estado.

La incorporación en la nueva Constitución de la autonomía es apenas el principio de un largo proceso que involucra varias dimensiones relacionadas con la redistribución del poder en primer lugar, implica formas diferenciadas de acceso a los recursos –en especial de los recursos naturales–, en segundo lugar, la asignación de atribuciones y competencias, en tercer lugar la coordinación administrativa de distintos niveles territoriales así como la combinación de formatos y lógicas que se superponen con niveles de jerarquía similares, la elección de autoridades por voto directo en distintos niveles territoriales, entre otros.

Las autonomías indígenas constituyen nuevos espacios basados en las dinámicas internas de las unidades territoriales preexistentes que, por primera vez, se encuentran reconocidas en la Constitución y tienen niveles de interpelación formales frente al Estado, sin embargo también plantean una serie de interrogantes sobre la posible institucionalización de las formas de autogobierno y de los usos y costumbres, la presencia de grupos de poder internos y externos, sus posibilidades y limitaciones como unidades autónomas capaces de un desarrollo sostenible, entre otros.

RESIGNIFICACIONES EN TORNO DE LA DEMOCRACIA

Por último, en esta breve relación de los elementos analíticos del campo político boliviano nos planteamos varios cuestionamientos en torno del decurso de la democracia y los procesos de desarticulación/rearticulación discursiva en relación con sus significados.

En la nueva Constitución conviven los enunciados de democracia representativa con otros formatos como la democracia directa y participativa, así como la democracia comunitaria.

En los hechos, estas formas de ejercicio democrático están vigentes aunque desarticuladas. Por ejemplo, las formas de representación democrática siguen siendo predominantes en la conformación de los poderes públicos, pero conviven con formas de democracia directa y participativa que se incorporaron en reformas constitucionales previas, así como con formatos como la democracia sindical basada en el mandato imperativo que rige en formas colectivas de organización social, y con la democracia comunitaria que emerge del paradigma de las organizaciones y sistemas políticos propios de los pueblos indígenas bolivianos. Estos prevalecen en distintas comunidades bolivianas, sobre todo del área andina e implican diversas formas de autoorganización y autogobierno.

La democracia comunitaria o de ayllu se basa en lógicas colectivas antes que individuales, y si bien sus características varían en cada localidad, comparten algunos elementos comunes como la rotación de cargos; la obligatoriedad en el cumplimiento de funciones de autoridad; la concepción de autoridad no como privilegio sino como servicio, el consenso deliberativo a través de la asamblea como máxima autoridad de mando colectivo, sistemas de rendición de cuentas y control social, la revocatoria de mandato, procedimientos que garantizan la participación de los miembros de la comunidad en las decisiones y en el control a sus representantes, entre otros. Las particularidades no sólo dependen de las condiciones históricas de cada comunidad y sus prácticas culturales propias, sino también de los grados de hibridación con otras formas de ejercicio del poder, éstas han coexistido, por ejemplo, de manera crítica con los sindicatos campesinos que en su momento se constituyeron en formas iniciales de hibridación y penetración cultural10.

Ahora bien, su reconocimiento constitucional rompe el monopolio de la democracia liberal, sin embargo presenta notables ambigüedades y contradicciones que deberán ser superadas en el decurso de su aplicación.

La democracia representativa fue perdiendo efectividad y fue cuestionada en su eficacia, de esta manera se produjo un desmontaje de la eficacia simbólica de la democracia representativa instaurada como régimen de verdad en el período neoliberal y dio lugar al surgimiento de visiones, interpretaciones y objetivaciones distintas de la democracia. A esta mirada renovada y crítica a la democracia se adscribe también De Souza Santos11 cuando se remite al concepto de demodiversidad.

La nueva CPE no sólo reconoce elementos de la democracia comunitaria para su ejercicio en el nivel local (indígena, campesino) sino también para su aplicación en el nivel nacional mediante la incorporación, por ejemplo, de principios ético-morales como los mandamientos propios de los pueblos indígenas originarios entre los principios que rigen el Estado; asimismo reconoce como oficiales los idiomas nativos y establece su uso obligatorio en el ámbito público. El desafío es pensar en formas articuladas que relacionen las diversas formas de gobierno y organización existentes, algunas de éstas han sido propuestas en los trabajos de Luis Tapia12, mediante la construcción de un núcleo común (o un núcleo intercultural democrático), o su articulación con sistemas institucionales modernos a nivel macroestatal (García s/f).

EL HORIZONTE DEL PROCESO DE CAMBIOS

Como señalamos al iniciar esta exposición, más que respuestas, planteamos una serie de interrogantes y tensiones conceptuales que plantea el proceso de transformaciones del campo político boliviano y que demarca múltiples dimensiones relacionadas tanto con aspectos históricos, cuya referencia nos permite percibir la dinámica del proceso, como coyunturales que nos remiten a la permanente reconfiguración de fuerzas y a la construcción de una nueva hegemonía, cuyo seguimiento permite identificar los principales elementos del proceso y sus conexiones.

La profundidad del proceso iniciado a principios de la actual década da cuenta de la profundidad del mismo y de su alcance, que se encuentra inclusive más allá del liderazgo de Evo Morales y el eventual protagonismo del MAS, y se verifica en el contexto de relaciones sociales, de clase y étnico-culturales.

El horizonte de la interculturalidad parece mostrar un posible derrotero de resolución de estas tensiones de coexistencia y materialización de la diversidad social y cultural boliviana en el campo político, mediante una (re)institucionalización de las estructuras y una concepción de democracia amplia, renovada y dinámica.

* Socióloga con maestría en Ciencias Políticas. Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y de la Carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana (UCB). Investigadora y coordinadora de área del Centro Cuarto Intermedio (CCI), miembro del directorio Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).