Jorge Hirschbrand
MDZOL

Luis Santamaría fue asesor del gobierno de facto provincial hasta 1982. Es quien ordenó a la UNCuyo la reincorporación como profesor del camarista acusado de ser cómplice de la dictadura. Como contrapartida, una hermana suya aparece en la lista de desaparecidos de Mendoza.

Algo huele mal en la Cámara Federal de Mendoza. La corporación judicial que funcionó en ese lugar durante décadas parece disolverse a medida que avanzan las causas contra dos de sus miembros, Luis Miret y Otilio Romano, imputados de ser cómplices de la dictadura e investigados por el Consejo de la Magistratura por bajo los mismos cargos.

Y cuando esas causas no avanzan, es porque los conjueces que fueron nombrados por la misma Cámara fallan en consecuencia a los intereses de quienes los designan. Uno de esos casos es el del conjuez Luis Santamaría, abogado del foro local que terminó asumiendo esa responsabilidad tras ser elegido mediante un mecanismo que despierta críticas en todos los rincones de los tribunales federales.

Santamaría resolvió una medida cautelar presentada por Miret para ser reincorporado como profesor de la Universidad Nacional de Cuyo cuando fue expulsado. El expediente cayó en sus manos después de que los jueces naturales fueran recusados o se inhibieran por diferentes causas: enemistad, amistad, compromisos.

Esos mismos motivos no parecieron alterar Santamaría. Más allá de su relación con Miret conocida en el ambiente del derecho en Mendoza, el conjuez está vinculado directamente a la trama de la historia original, ya sea a favor o en contra.

Santamaría fue funcionario de la dictadura. Trabajó como asesor de gobierno hasta 1982 y fue una persona cercana al ex gobernador de facto Bonifacio Cejuela. Como contrapartida, su hermana forma parte de la lista de desaparecidos en la provincia y quienes vivieron esos días recuerdan la desesperación de su padre para encontrarla.

De un modo u otro, las investigaciones tocan de cerca a Santamaría; demasiado como para tener la responsabilidad de resolver la suerte de un sospechoso de violaciones de Derechos Humanos.

El otro conjuez en la mira es Carlos Parellada. Es quien hizo lugar a un amparo de Otilio Romano para frenar la causa que existe en contra del camarista en el Consejo de la Magistratura. Básicamente, le dio la razón al magistrado que aseguró que ese organismo no tenía la facultad de juzgarlo por su etapa como fiscal.

Eso ocurrió hace un mes y medio, cuando Romano todavía confiaba en que el pasado borraría todo registro que pudiese perjudicar su carrera judicial. Luego vino la imputación de la justicia penal y se abrió una nueva dimensión: está acusado de cometer delitos de lesa humanidad, y esos son imprescriptibles.

Tanto Parellada como Santamaría fueron denunciados en los últimos días por ser cómplices de los camaristas. Y así se abrió la puerta para conocer desde adentro un tribunal al que sólo los poderosos tenían acceso. Un bastión inexpugnable que recibió las más duras críticas de la Corte Suprema por la falta de seriedad jurídica en los fallos de sus integrantes.