|
Argentina, la
lucha continua....
|
|
El conflicto en Paraná Metal afecta a 1.200 trabajadores y sus familias
Julio c. Gambina
Los datos de la economía argentina manifiestan crecimiento sostenido,
especialmente de la producción material. Los datos para la próxima cosecha,
tanto como los de la expansión industrial son elocuentes, con nuevos récord en
la producción agrícola y de automóviles, dos sectores claves a la hora de medir
el volumen de las exportaciones y en consecuencia, de los ingresos derivados de
un saldo comercial favorable.
Sin embargo, pese a ello, el próximo miércoles 18 de agosto está convocada una
movilización en Villa Constitución por la situación de la empresa Paraná Metal.
Se trata de una movilización que involucra a sus propios trabajadores, a la UOM
de Villa Constitución, a otras organizaciones sindicales de la ciudad, pero que
también motiva la solidaridad, participación y decisión de impulsar las medidas
del conjunto de la sociedad en esa ciudad, incluida la presencia de la
dirigencia nacional de la CTA y sindicalistas de países vecinos, como Juan
Castillo, portuario uruguayo, integrante de la coordinación nacional del PIT-CNT
y coordinador del Encuentro sindical Nuestra América, un nucleamiento que
articula buena parte del movimiento sindical y social de la región.
¿Por qué la movilización? En un comunicado de la seccional de los metalúrgicos
de la ciudad puede leerse sobre el peligro de cierre y desmantelamiento de la
empresa, destacando que "La comunidad debe comprender el significado que tiene
para Villa Constitución y la zona la pérdida de Paraná Metal y sus 900 puestos
de trabajo". Adicionemos unos 300 trabajadores más de las contratistas y nos
encontramos con 1.200 familias afectadas. En la declaración, los trabajadores
deslindan responsabilidades y atribuyen la situación actual a "las pésimas
gestiones de seudo empresarios que se ocuparon más en conseguir subsidios del
Estado, rebajas salariales o reducir personal que en invertir, optimizar la
producción y buscar mercados". Es una alusión a la participación de Cristóbal
López al frente de la empresa, que al no presentar un plan de inversiones ante
la justicia se reabrieron los plazos concursales que ponen en peligro el
funcionamiento empresarial y las fuentes de trabajo.
La demanda de los trabajadores, "convencidos que Paraná Metal tiene futuro"
dicen, apunta a los gobiernos provincial y nacional, "si es verdad que se tiene
un proyecto industrialista", concluyen en forma tajante. Se preguntan: "¿Por qué
si el Estado subvencionó con fondos de la ANSES a una multinacional como General
Motors cuando su casa matriz en EEUU estaba quebrada, hoy esa misma empresa se
niega a comprar a Paraná Metal argumentando que está concursada? ¿Cómo puede ser
que Peugeot tiene proyectada la fabricación de 400 mil motores y no compre un
solo block a Paraná Metal? ¿Cómo puede ser que se esté por llegar al récord
histórico en la fabricación de automóviles y no tengamos producción en Paraná
Metal? ¿Cómo es posible que con tal producción automotriz las autopartistas
nacionales sólo aporten menos del 30 por ciento de los componentes?"
En la convocatoria a la movilización, reconocen la intervención pública para
"salvar puestos de trabajo durante la crisis mundial (Re.Pro, bonos, licencias
no automáticas en caso de dumping, etc.)", pero insisten en medidas políticas
para inducir una solución efectiva del conflicto, asociada a negociaciones con
compradores locales y de países cercanos, atendiendo a que gran parte de la
producción tiene destino en la Ford de Brasil.
El caso de Paraná Metal es sintomático, por tratarse de una fábrica de
autopartes que por razones de mercado puede quedar afuera del ciclo productivo
afectando a más de 1.000 familias. En un momento donde el Estado, no solo en la
Argentina, retomó funciones en el ciclo económico en crisis, se requiere la toma
de decisiones públicas para favorecer una crítica situación, al tiempo que se
modifica el patrón de gestión en la administración de la empresa, pensando más
en una solución administrada por los trabajadores, asistidos por organizaciones
de investigación pública como el INTI, o la propia Universidad estatal, la de
Rosario, p.e., por cercanía, e incluso, favoreciendo la asistencia técnica de
Centros de asesoramiento y consultoría del propio movimiento obrero. Ello
supondría no solo la intervención estatal para el salvataje empresarial, sino,
un cambio del sujeto para pensar el orden económico y político en el país.
Paraná Metal puede ser un caso testigo, donde no solo se contemple una solución
para las fuente de empleo amenazadas, sino que se empiece a pensar en un modelo
de producción con otros actores, ya no empresarios asociados a grandes
ganancias, sino autogestión para satisfacer necesidades de los trabajadores y
sus familias.
 |