Dos opciones y dos actitudes de vida en perspectiva histórica. La del obispo de
La Rioja Enrique Angelelli y la del doctor Carlos Otero Álvarez, Secretario de
la justicia federal en esa provincia, en 1972. A la larga, la historia se
encarga de ubicar a cada cual en su lugar.
El viernes 25 de agosto de 1972 fueron detenidos en La Rioja los sacerdotes Enri
Praolini, recién llegado de Rosario y Antonio Gil, irlandés, de 33 años,
radicado en esa diócesis desde unos diez meses atrás. Cumplía funciones
sacerdotales en el paraje La Ramadita. Allí, según la policía fueron encontrados
explosivos y volantes subversivos. Con ellos también fue detenido el dirigente
de la juventud peronista Carlos Illanes, miembro a su vez del Grupo Juvenil
Parroquial del Barrio Tres de Febrero.
La movilización promovida por el obispo Angelelli fue inmediata, ágil y
múltiple. Hubo pronunciamientos públicos de sectores vecinales, sindicales y
políticos. El obispo convocó a la celebración anticipada de la tradicional
procesión del Tinkunaco, que fue prohibida por el gobierno.
La misa concelebrada quedó suspendida antes de la consagración hasta que los
detenidos recuperaran su libertad. El lunes 28, el obispo presentó un habeas
corpus por los detenidos y al día siguiente fueron llevados ante el Juez Federal
Mario de la Fuente.
También se entrevistó con el Superior Tribunal de Justicia, acompañado por sus
asesores letrados, entre ellos, Ricardo Mercado Luna, quien comentó que
Angelelli hizo un alegato memorable sobre el rol de la justicia y las dolorosas
realidades que se vivían.
En esa época, estaba en vigencia la Cámara Federal en lo Penal, denominada Fuero
Antisubversivo, popularmente conocida como la "Cámara del Terror". Creada por
ley 19.053, facultaba a la policía a intervenir y efectuar detenciones ante la
probable comisión de delitos de acción pública. Aplicando esa legislación habían
sido detenidos los sacerdotes y según informó a la prensa el doctor Galván,
después de cuatro días alguna autoridad, no especificada, presentó cargos
acusatorios contra los detenidos.
Cara a cara, el secretario judicial Otero Álvarez y Monseñor Angelelli
Cada cual en su lugar. El obispo Enrique Angelelli, el martes 29, concurrió al
Juzgado siendo atendido por el Secretario Carlos Otero Álvarez, quien le informó
de la resolución acusatoria. Allí el Obispo le manifestó su preocupación por el
atropello y la detención de los sacerdotes recién llegados para colaborar con la
pastoral diocesana, a quienes se le endilgaban falsas acusaciones y que en
realidad eran un tiro por elevación para cuestionar la tarea pastoral que estaba
llevando adelante la diócesis de La Rioja, abiertamente a favor de los pobres.
Aunque al terminar la entrevista de media hora con el funcionario Otero Álvarez,
Angelelli no quiso formular declaraciones, el cronista del diario "El
Independiente" (30/08/72. Pág.5), pudo establecer que durante la reunión el
obispo le habría expresado a Otero Álvarez que "la resolución me apena por lo
que significa para estos dos padres inocentes; por lo que significa para quienes
se entristecen por toda esta situación; por los jueces, que tienen que cumplir
fríamente con la letra de la ley; por los policías, que deben cumplir fríamente
ordenes frías y, sobre todo, por quienes, lamentablemente, quizás se alegren de
toda esta situación y `piensen que han ganado una batalla. Me apena por todos
ellos."
El hecho histórico merece destacarse. Por sus características y por sus
protagonistas: una iglesia que en la fidelidad a su misión es perseguida y que
culmina con el asesinato del Obispo el 4 de agosto de 1976.
Y una justicia funcional a la dictadura militar represora. Con la actuación del
mismo funcionario, que como secretario del juzgado federal de Córdoba, en 1976
tuvo "una actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad perpetrados por
el Estado", según la Resolución N ª 190/10 del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nación, fechada el pasado 20 de mayo de 2010.
Dicha actitud – señala el máximo organismo que examina la conducta de los jueces
– constituye "causal de mal desempeño", por lo que ante la imposibilidad de
someterlo a Jurado de Enjuiciamiento a raíz de la renuncia del ex –magistrado,
resuelve inhabilitarlo ante eventuales convocatorias, poniendo en conocimiento
de lo actuado a la Comisión de Selección de Magistrados y al Poder Ejecutivo
Nacional.
Si bien con mucha tardanza, la verdad y la justicia afloran en el tiempo: el
asesinato de Angelelli está siendo investigado, ya con pedido de imputación para
un grupo de militares y policías señalados como autores. Y, más allá de las
actitudes corporativas de una porción de la justicia federal de Córdoba que
intentó encubrirlo, la desvinculación del ex –juez Otero Álvarez señala un
positivo avance en la búsqueda de transparencia y recuperación de la
credibilidad en las instituciones de la democracia.
Luis Miguel Baronetto es Director de Derechos Humanos, Municipalidad de Córdoba.
