Emilio Marín
LA ARENA

En la causa Vesubio se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas en el Centro Clandestino de Detención del mismo nombre. Jorge Watts, el primer testigo de la querella, fundió a los ocho represores procesados.

En los tribunales federales de Comodoro Py 2002 se están desarrollando tres causas donde se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar-cívica. Una es la de ESMA, que tiene sentados en el banquillo a represores de la Armada; otra es la llamada ABO (por los CCD de Atlético-Banco-Olimpo) y la tercera es la de Vesubio, que como la anterior tiene imputados a oficiales y suboficiales de actuación en eI I Cuerpo de Ejército durante la comandancia de Carlos G. Suárez Mason.

Por negligencia, ineficacia y complicidad de la justicia con los procesados por violaciones a los derechos humanos, las causas se demoraban. Y no sólo por artilugios de los letrados de la defensa. También por acumulación de las mismas en el Tribunal Oral Federal n° 5, que obviamente no daba abasto. A eso debe sumarse renuncias de miembros de los tribunales y hasta carencia de espacio físico.

La causa Vesubio fue instruida por el juez federal n°3, Daniel Rafecas y elevada a juicio con mucha antelación. Es una de las más antiguas y con más material probatorio, con una investigación a cargo de los sobrevivientes desde 1978 y de los organismos de derechos humanos. También es muy sólida porque empezó ya en los últimos años de la dictadura por parte del juez Carlos Oliveri, ya fallecido.

Es que el docente Paulino Guarido, que había sido secuestrado y liberado de El Vesubio, presentó un hábeas corpus por su mujer, que siguió detenida ilegalmente en ese lugar. Y Oliveri, a contramano de tantos jueces que rechazaron los hábeas corpus, tomó la denuncia del educador como puntapié inicial de la causa 35.040.

Inmediatamente después de la asunción de las autoridades constitucionales en diciembre de 1983, se inició una causa similar, la 1.800, en Morón, a cargo del juez Alfredo Ruiz Paz.

La elevación a juicio dispuesta por Rafecas iba a comenzar las audiencias el 15 de diciembre de 2009. Pero no pudo ser, porque una de las camaristas del TOF4, María Cristina San Martino, se acogió a la jubilación. Luego no había lugar físico, pues la sala estaba ocupada por la causa contra los marinos de la ESMA. Al final el juicio Vesubio arrancó el 26 de febrero último, contra el general Héctor Gamén, los coroneles Pedro A. Durán Sáenz y Hugo I. Pascarelli, y los agentes del Servicio Penitenciario Ramón A. Erlán, José N. Maidana, Roberto C. Zeoliti, Diego S. Chemes y Ricardo N. Martínez.

En lo único que no hubo cambios fue en la fiscalía, a cargo de Félix Crous. En cambio el TOF4 a principios de mayo sufrió otra renuncia, la del subrogante César Lemos. La Cámara de Casación nombró otro reemplazante, que se sumó a los camaristas que habían piloteado el juicio desde el vamos: Leopoldo O. Bruglia, Jorge L. Gorini y Pablo Bertuzzi.

La palabra de Watts

Ayer fue un día clave porque comenzó la ronda de testimoniantes, luego de audiencias donde se leyeron los cargos por 156 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y otros delitos (de donde resultaron 75 desaparecidos), y se escucharon descargos de los represores. Estos no aceptaron preguntas.

Con la voz de los sobrevivientes, la cosa toma más color e interés. Es que aquí, como en los demás juicios en marcha y en los ya concluidos, hay una sola parte que quiere esclarecer la verdad de lo sucedido. El otro bando, sin autocrítica, se empeña en negar la realidad y su propio rol en el drama que vivieron las personas que pasaron por el Centro Clandestino de Detención (por Vesubio, se estiman 2.500).

El primer testigo fue Jorge Watts, ex integrante de Vanguardia Comunista, quien estuvo 54 días secuestrado y torturado en ese CCD entre julio y septiembre de 1978. El habló en forma serena e ininterrumpida durante dos horas y media, hasta que el presidente del tribunal dispuso un cuarto intermedio, y reanudó su testimonio a primera hora de la tarde. En el Salón de Usos Múltiples del subsuelo, con los camaristas, el secretario Desimone, los procesados (ausente Pascarelli), sus defensores y los querellantes de un lado del blíndex, y del otro los familiares de las víctimas, el extenso testimonio fue seguido sin que volara una mosca. El cronista de LA ARENA estaba allí como cuando se inició el juicio, el 26 de febrero.

El primer lastimado por los dichos de Watts fue la empresa donde era operario al momento del secuestro: Bagley. Por razones de seguridad, contó que no había dado allí su domicilio real sino el de sus suegros. Y a este lugar fue a buscarlo la patota la noche anterior a su detención, sin que lo ubicaran. Lo levantaron al día siguiente en la fábrica. Fue obvio que los empresarios habían proporcionado la dirección, en un ejemplo que se suma a tantos otros reveladores de la complicidad y articulación entre empresas (Bagley, Renault, Ford, Acindar, Ledesma, etc) y los grupos de tareas.

El segundo y gran afectado por el testigo fue el Ejército de aquella época, en la representación de los ocho procesados. Es que el relato fue preciso en cuanto a la existencia del CCD a la vera del camino de Cintura y proximidades de avenida Ricchieri, del lado de La Matanza. Ídem su descripción de la Jefatura, Casa 2 (donde se torturaba a los prisioneros) y Casa 3 (donde se los alojaba en forma inhumana, engrillados a la pared), más la Sala Q ("Quebrados" o colaboradores).

Este dispositivo interno, con tres turnos de guardias a cual más sádica, se complementaba con guardias armados externos. Había dos líneas telefónicas: una conectada al Regimiento de Infantería 3 de Tablada y otra extensión de la línea del comisario de la policial Brigada de Caballería Güemes, ubicada al frente.

La jefatura de Vesubio fue ejercida por Durán Sáenz en 1977, proveniente del Regimiento 7 de La Plata, luego reemplazado por otro oficial de esa unidad apodado "El Francés", que resta identificar para que se siente en el banquillo de la causa "Vesubio II".

La calaña

La catadura moral de los ahora procesados se deduce de las tremendas torturas que infringieron a sus víctimas. Las que eran mujeres en muchos casos eran violadas, como Watts imputó a Durán Sáenz. Al coronel, ascendido en el gobierno de Raúl Alfonsín, el declarante lo acusó de la desaparición del adolescente Pablo Miguens, de 14 años. "Pablito jugaba al ajedrez con Durán Sáenz, que lo entregó a la ESMA, de donde desapareció", sentenció. "Durán Sáenz ahora no me mira", aguijoneó Watts.

Los militares, integrantes del Regimiento 3 de Tablada, les decían a sus prisioneros que "estaban ganando la Tercera Guerra Mundial". Esas delirantes teorías podrían ubicarlos como seguidores de los generales Suárez Mason, Luciano B. Menéndez y Ramón Camps, quienes solían hacer declaraciones de ese tipo. En la sala de torturas había cruces esvásticas y la sigla CLA, Comando Libertadores de América, la forma como firmaba la Triple A en Córdoba.

Fue demoledora la acusación contra el Ejército, a partir de cómo liberaron a un grupo de 35 sobrevivientes entre los que estaba Watts. En todos los casos fueron llevados en camioneta a la puerta de dependencias militares: un grupo al Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, otro al Grupo de Defensa Antiaérea de Ciudadela, otro al Regimiento 6 de Mercedes y el restante al Regimiento 7 de La Plata. La camioneta era la misma: dejaba abandonada su carga frente a la unidad castrense, encerrada con llave, con una declaración autoincriminante en el bolsillo de cada quien. Luego salía personal militar, los "descubría" y los ingresaba como detenidos "legales". La misma camioneta volvía a Vesubio y repetía el viaje con el siguiente lote a legalizar.

Watts había hablado con el mayor Hernán Tetzlaff dentro de El Vesubio y lo volvió a encontrar cuando fue ingresado al Batallón de Villa Martelli. Tetzlaff llevó esos sobrevivientes a la comisaría de Monte Grande y días después a la Unidad 9 de La Plata. Quedaba absolutamente claro de dónde dependía el CCD. Tetzlaff se apropió de Hilda Victoria Montenegro, hija de Hilda Torres y Roque O. Montenegro. Este apropiador de bebés fue condenado a sólo 8 años de prisión en agosto de 2001 y para entonces era coronel, ascendido por Alfonsín.

Risueño, Watts comentó que vio a un oficial del Ejército lucir una camisa suya sin estrenar, que le habían robado junto a otros bienes y juguetes de sus dos hijos.

Además de denunciar las desapariciones de los militantes de Vanguardia Comunista y la Unión de Estudiantes Secundarios, el sobreviviente contó que 12 hombres y 4 mujeres fueron sacados del CCD y llevados a una casa de Monte Grande, donde fraguaron una reunión "subversiva" y un enfrentamiento con las "fuerzas legales". Los 16 fueron asesinados.

Con testimonios como éste, se entiende la mezcla de desesperación y odio del general Gamén, quien murmuró en la audiencia del 9 de abril pasado: "al final tiene razón (Tigre) Acosta, habría que haberlos matado a todos".