Astor Vitali

Nuevas estructuras para viejas prácticas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió sacar de la palestra legislativa el proyecto de reforma del Código Contravencional que intentaba consensuar con el arco político que integran las cámaras de diputados y senadores provinciales. Al mismo tiempo, unifica las carteras de Justicia y Seguridad. El funcionario destinado a encabezar el nuevo ministerio es el actual secretario de Justicia Ricardo Casal.
El argumento oficial reproducido por distintos medios de comunicación es que la provincia intenta seguir los mismos lineamientos de estructura ministerial que ya dispone el gobierno nacional. También se dijo que el gobernador Scioli analizaba la medida desde lo sucedido en el caso Pomar, que expuso públicamente el fracaso instrumental de la cartera. Por otro lado, se insiste en que Stornelli no atendía el teléfono de los intendentes de la provincia y este elemento habría sido decisivo para el gobernador quien necesitaría un dialogo aceitado con el aparato de gobierno.
El dato concreto es que el proyecto de reforma del Código Contravencional enviado por la gobernación no sumaba consensos y buscan una nueva táctica para lograr que los legisladores avalen las modificaciones que Scioli intenta implementar en materia represiva.
Dicho proyecto contiene elementos del más claro color reaccionario condenando actividades propias de la vida democrática y prácticas de los sectores sociales más vulnerados, sobre todo orientados contra los jóvenes. De esta forma, de haber sido aprobado el proyecto, la policía bonaerense podría haberse constituido en juez de conductas como el merodeo (estar en la vía pública sin motivo aparente), la protesta social callejera, el trabajo generado espontáneamente por trabajadores desocupados como los limpia vidrios, el uso de pasamontañas, y otras más irrisorias.
Se trata de la elaboración de normativas que tienden a despoblar los espacios públicos y las prácticas comunitarias intentando generar un sentido de protección y aislación individual.
Al mismo tiempo, se desprende del desarrollo de los acontecimientos que el gobierno de la provincia perdió la brújula para encontrar una salida a las situaciones vinculadas con la seguridad en su distrito.
El sentido de las medidas
El problema no es de forma sino de fondo. Es sabido que el ex ministro León Arslanian analizó también la posibilidad de unificar los ministerios de Seguridad y Justicia. Esto sumaría una mayor capacidad operativa y de constricción de políticas conjuntas hacía las problemáticas graves de violencia social en la provincia.
Sin embargo, si se tiene en cuenta que la actual mirada del gobierno provincial no está orientada a la utilización de políticas de tipo preventivas sino más bien lisa y llanamente a la utilización del castigo, la penalización indiscriminada y represión de las conductas delictivas cabe preguntarse cómo funcionaría un ministerio unificado al mando de cárceles superpobladas y condiciones de reclusión execrables, 50.000 policías, 25.000 presos, una mayoría sin condena firme, y comisarías con unos 3000 detenidos.
Por otro lado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no da señales públicas de que se esté reflexionando, junto con estos cambios de forma, sobre la posibilidad de construir políticas preventivas y sociales que supongan un abordaje serio de la problemática delictiva y una visión estratégica. Por el contrario, su visión sigue orientada al castigo penal (y sobre todo de los más pobres).
Por caso, a principios de este mes la cámara de diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley que limita la posibilidad de que los jueces excarcelen a presos considerados inocentes. La norma fue elevada al poder legislativo por iniciativa del gobernador. La norma se evidencia con mayor gravedad cuando de lo que se habla es de que el 95% de los presos bonaerenses no tienen dinero suficiente para contratar los servicios de un abogado. Además el 85% de las mujeres y el 77% de los varones con prisión preventiva no tienen condena. Con esta reforma del Código Procesal Penal, también resultan excarcelables delitos en los que hayan participado menores.
La reforma de estos aspectos del Código no es de mayor importancia técnica ya que la mayoría de los crímenes a los que hace referencia no eran excarcelables. Endurece un poco más la cosa e incluye la obsesión del gobernador por criminalizar a los menores. Se trata de dos hechos: el primero, es otro síntoma de la pérdida de rumbo del gobierno bonaerense (toma medidas legislativas como golpe de efecto), el segundo, es continuar dando un mensaje político hacia los jueces y miembros del sistema penal de endurecerse lo más posible.
¿Cómo interpretar entonces que se de un paso atrás en cuanto a haber retirado de las discusiones la reforma del Código Contravencional? Más que un paso atrás, parecen estar cambiando de táctica y reagrupando fuerzas. Dicho esquemáticamente: si no funcionó el camino normal de enviar un proyecto legislativo y sacarlo por esa vía, reordenan todo el aparato administrativo-político estatal en función de generar una mejor direccionalidad de su política y generación de consensos. Pero la política que van a direccionar es la misma que antes.
En este sentido, lo positivo es que el haber retirado el proyecto de reforma del Código contravencional da un tiempo más para discutir socialmente cuáles son las salidas y además muestran el fracaso de la iniciativa del gobernador. Lo negativo es que no ceden en su mirada retrasada y violenta hacia los sectores populares y van a profundizar esas políticas una vez que puedan sofisticar su estructura estatal y logren generar consensos.
El costo de la gobernabilidad
Silencio.
Es lo que se escuchó de las autoridades nacionales cuando en la provincia de Buenos Aires se discutió el proyecto de reforma del código contravencional. La pregunta es ¿por qué?
Parece necesario hacerse unas serias preguntas en torno a las prácticas políticas y la democracia. ¿Por qué si el gobierno nacional dice explícitamente que no adhiere a las políticas represivas no dice absolutamente nada de que en la provincia más grande del país, gobernada por un equipo kirchnerista, adopta, propone y difunde medidas de este tipo? ¿Por qué si los Derechos Humanos son un eje de la estructura discursiva del gobierno de Cristina Fernández no hace mención a la violación sistemática de los mismos en la provincia de Buenos Aires (condiciones de hacinamiento carcelarias, gatillo fácil, abusos policiales, etc.)? ¿Por que no expone sus diferencias con el gobernador?
Es necesario responder estas preguntas porque hacen al nivel de aprendizaje nacional acerca de la vida democrática. El gobierno nacional debería exponer su opinión (en caso de ser contraria) e intervenir fuertemente en este debate por el censillo hecho de que afecta a uno de los temas medulares desde los cuales se posiciona discursivamente: el de los DDHH. Si las diferencias con el gobernador Scioli son de fondo, debe generar una discusión política amplia que abone un sentido democrático hacia la ciudadanía.
Si, por otro lado, el gobierno opina que Daniel Scioli le garantiza gobernabilidad al Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, y ante eso esta dispuesto a ceder y entregar cualquier bandera, entonces es un ejemplo que nos permite conocer hasta donde el "proyecto nacional" está dispuesto a entregar por el precio de la gobernabilidad.
Es una realidad que a fuerza de sinceridad intelectual debe mencionarse. De las experiencias de intentos de construcción de frentes políticos progresistas en el siglo XX en la Argentina se desprende por lo menos un aprendizaje como punto de partida: creer que hay que sostener la gobernabilidad a cualquier costo es perder la partida antes de empezar el juego. O que ¿decir esto es hacerle el juego a la derecha? Más bien, hacerle el juego a la derecha es dejar que este sector político avance sin resistencia en la imposición de medidas propias de su pensamiento como el tipo de reformas a las que venimos haciendo alusión.
Salidas
Si retomamos la idea de que los intentos por endurecer las políticas de seguridad por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires serán profundizados, la única salida ante esto es la organización social y la disputa política. Las organizaciones de derechos humanos de esta provincia se expidieron ante este tema. Además se sumaron sectores políticos juveniles realizando actividades y campañas para difundir el efecto de las reformas intentadas por el gobernador.
A esto hay que sumar el hecho de que son más los sectores sociales y políticos que están en desacuerdo con implementar medidas represivas que los que se manifestaron públicamente durante este último tiempo. Es preciso generar mayor unidad de acción para oponer resistencia a estos cambios.
Es un tema del cual todo el arco democrático puede hacerse eco y oponer una resistencia efectiva. Y cuando hablamos del arco democrático no hacemos referencia sólo a las fuerzas políticas cotidianamente involucradas en estas discusiones, sino además, instituciones que trabajan con jóvenes, gremios, entidades intermedias y todo tipo de organización e institución legítimamente interesada en buscar una salida a esta situación. Salida más bien orientada a construir perspectiva de futuro para la juventud que empecinada en encerrarla y castigarla por una situación social de la cual los jóvenes son víctima y que no generaron, sino en la que crecieron.