Edgardo Mocca
Debate

La posici�n central de los medios de comunicaci�n en la formaci�n de la agenda pol�tica no es un fen�meno exclusivamente argentino. En las �ltimas d�cadas, la cuesti�n ha sido ampliamente discutida en los �mbitos acad�micos y pol�ticos de todo el mundo. La mediatizaci�n de la pol�tica es correlativa a los procesos de globalizaci�n, con sus consecuencias de descentramiento de los estados nacionales, y a las modificiaciones sociales y culturales que erosionaron las grandes identidades colectivas sustentadas en la pertenencia clasista.
Sin embargo, en los pa�ses de nuestra regi�n, este proceso ha alcanzado una profundidad tal que merece ser atendido, no ya en t�rminos de los intereses de tal o cual gobierno sino en los de la defensa de la democracia. Los medios de comunicaci�n han pasado en la mayor�a de nuestros pa�ses a ser parte de la constelaci�n del poder econ�mico y, desde esa perspectiva, han dejado de ser "escenario" del debate pol�tico para constituirse en actor central del mismo. La conducta de los medios de comunicaci�n concentrados en el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Venezuela, en abril de 2002, es el caso m�s ilustrativo, aunque para nada el �nico de esa nueva posici�n de las empresas medi�ticas en la pol�tica.
No son solamente las "noticias pol�ticas" las que colocan a las empresas medi�ticas en este privilegiado lugar pol�tico. Es la producci�n y reproducci�n sistem�tica y permanente de valores y modelos sociales, con un abrumador predominio del consumismo individualista y el �xito en la competencia social como horizonte excluyente en la vida de las personas. Como contracara de esos valores aparece el miedo existencial, claramente concentrado en la sensaci�n de inseguridad ciudadana, que no es otra cosa que la ambici�n de �xito bajo la forma del terror a los que quedan fuera del circuito del consumo.
Hay otra especificidad del caso argentino. Es la profunda crisis de los partidos pol�ticos y sus liderazgos a partir de la crisis de 2001 y 2002. De esa crisis han surgido dos fen�menos que interact�an entre s�: un modo de gobierno fuertemente personalizado y con una pr�ctica decisoria m�s inclinada al secreto y la sorpresa que al funcionamiento colegiado, y a una oposici�n que se ha resignado a un tipo de alianza con las empresas medi�ticas en la cual ha ido enajenando toda autonom�a estrat�gica. A tal punto ha llegado el proceso en estos d�as, que el gui�n pol�tico con el que han de moverse las oposiciones es m�s f�cil de encontrar en ciertos "an�lisis pol�ticos" period�sticos que en los c�rculos org�nicos de las fuerzas de oposici�n. Hasta el vicepresidente Julio Cobos parece haber resuelto no disgustar a los medios con acciones como las que tom� a favor de la destituci�n de Mart�n Redrado. El duro tratamiento que recibi� de muchos de sus promotores medi�ticos despu�s de esa acci�n parece haberlo convencido.
Esta situaci�n ha abierto paso a un debate p�blico in�dito sobre el periodismo y los periodistas en nuestro pa�s. Los medios concentrados lo sit�an como un debate sobre la libertad de expresi�n; se colocan en el lugar de v�ctimas, perseguidos y envueltos en un miedo que no parece corresponder al verdadero estado de cosas en el pa�s. Un lamentable cartel pegado en oportunidad de una marcha multitudinaria en defensa de la ley de medios, devino un tema pol�tico central.
La verdad es que si se sigue con atenci�n las l�neas editoriales de algunos �rganos period�sticos, puede formarse r�pidamente la lista de pol�ticos que forman parte del Gobierno, escrachados como autoritarios, corruptos o mentirosos. El escrache es malo, venga de donde venga. Y su peor perversidad es la de sustraer el debate de ideas y de proyectos de pa�s, reemplaz�ndolo por estereotipos y descalificaciones personales.
No parece f�rtil la estrategia de atribuir todas las opiniones period�sticas opuestas al gobierno a una estrategia centralizada que opera en las sombras. Dicho esto, habr� que reconocer que llama la atenci�n la unanimidad monol�tica que se aprecia en algunos medios y el formato francamente parcial de algunos programas televisivos supuestamente promotores del debate pol�tico. Tampoco esto es ilegal ni antidemocr�tico. Es leg�timo que una empresa medi�tica sostenga determinada l�nea editorial. El problema es la posici�n monop�lica que han adquirido algunas de ellas y la enorme capacidad extorsiva de la que hacen gala. No es un problema menor para la democracia: hasta las definiciones m�s minimalistas sostienen que la posibilidad de acceso equilibrado a fuentes de informaci�n distintas y alternativas es un prerrequisito de su plena vigencia.
Ha aparecido tambi�n en estos d�as una discusi�n sobre el programa televisivo 6,7,8, claramente orientado a favor del Gobierno en las cuestiones fundamentales. Algunos comentaristas de los medios principales no ahorran juicios descalificadores contra los periodistas que trabajan en ellos. La verdad es que hay que reconocer como una anomal�a que un programa de esas caracter�sticas ocupe un lugar central en la programaci�n del canal p�blico: un modelo democr�tico de comunicaci�n necesariamente debe separar de forma clara a los �rganos p�blicos de los intereses coyunturales de un partido o grupo de gobierno. Ahora bien, es una anomal�a claramente inscripta en un panorama anormal.
Gracias al archivo de este programa tenemos acceso a un registro de la programaci�n de la televisi�n privada que francamente estremece. Por su car�cter pol�ticamente sesgado. Por el ambiente generalizadamente hostil al Gobierno que campea en los medios concentrados. Por los anuncios catastrofistas que no se cumplen, sin dar lugar a la m�nima autocr�tica, los diagn�sticos de aislamiento internacional que preceden a una densa agenda presidencial de contactos con los principales l�deres del mundo, los pron�sticos de crisis econ�mica sistem�ticamente desmentidos por la realidad. Por la ins�lita agresividad verbal de algunos l�deres opositores que no merecen la m�nima observaci�n de sus entrevistadores. Y, tambi�n, por el silenciamiento de casos como los hijos adoptivos de Ernestina de Noble, solamente interrumpido por la decisi�n del Grupo Clar�n de que los propios implicados hablaran para vincular el tema con una supuesta persecuci�n a la empresa.
Lo que deber�a ocurrir para sincerar la discusi�n ser�a la aplicaci�n plena de la ley de servicios de comunicaci�n audiovisual, ins�litamente suspendida por algunos tribunales de justicia. El actual estado de cosas deja una inevitable sensaci�n de que ciertos poderes econ�micos toman decisiones p�blicas por sobre los �rganos de la democracia, en defensa exclusiva de sus intereses. La mejor forma de enfrentar la pr�ctica de los escraches es la aplicaci�n de la ley.
De toda la ley, incluida la que regula la propiedad de los medios de comunicaci�n. En ese contexto, ser� m�s f�cil discutir sobre �tica period�stica y empresaria.
Fuente original: http://www.revistadebate.com.ar//2010/04/29/2848.php