TELAM - TUCUMAN NOTICIAS

La Unidad Fiscal a cargo del seguimiento de causas a represores expresó su preocupación por las 'demoras' en los juicios, un problema que afecta a las fiscalías de todo el país, y señaló que se está trabajando para que la muerte de los imputados 'no sea un Punto Final Biológico' que fomente la 'impunidad'.

Así lo plantearon a Télam el director y vicedirector de la Unidad Fiscal de Seguimiento y Control de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, Jorge Auat y Pablo Parenti, que explicaron que "la Justicia está llegando tarde" y "el tiempo que se pierde es irrecuperable".

Para graficar la situación, mencionó el caso de la provincia de Tucumán, donde falleció un imputado (el ex militar Albino Zimmerman) y otro está en terapia intensiva (ex militar Albino Cattáneo) mientras se desarrollaba el juicio al represor Antonio Domingo Bussi.

Para evitar demoras, la Unidad Fiscal, que funciona bajo la órbita del Ministerio Público (Procuración General de la Nación), trabaja con cada una de las fiscalías del país para hacer un seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos y asistirlos para que éstas lleguen al juicio oral.

A las fiscalías de todo el país proponen como metodología de trabajo la unificación de causas por Centros Clandestinos de Detención (CCD), para lograr "juicios más grandes" y "más significativos", y para economizar tiempo.

Es que el paso del tiempo no es sólo un riesgo por la muerte de los imputados sino también para los testigos, que están expuestos mientras dura el juicio, con el agravante de que muchas veces al excederse los plazos procesales, los jueces terminan liberando a los imputados.

"Estas decisiones benevolentes de ciertos jueces de liberar a algunos imputados incrementa el temor de los testigos y también el riesgo de fuga, lo que entorpece la causa en su camino al juicio oral", dijo Auat.

Agregó que "un testigo que tiene miedo es una prueba colapsada" y señaló que "muchos represores siguen vinculados a la seguridad privada, y cuentan con recursos humanos y económicos debido a que mantienen sus cargos dentro de las Fuerzas", para justificar el temor que puede despertar en un testigo su liberación.

Auat mencionó también el caso del Chaco, con la causa Margarita Belén, donde -dijo- "la Cámara de un modo absurdo hizo lugar a un habeas corpus, que significó a la causa no sólo una parálisis de dos años sino tambien un prófugo".

Dijo que "estos jueces no están más, pero el daño es irreparable", y agregó que "no se gana nada con que se los destituya después porque el tiempo se perdió", y hoy la hoy la causa tiene un imputado que no va a estar porque se está tramitando la extradición porque lo encontraron en Brasil".

Se trata del mayor retirado Norberto Raúl Tozzo, detenido en el 2003 y luego liberado que en septiembre del 2008 fue interceptado por Interpol en Río de Janeiro (Brasil) luego de 3 años y 5 meses de estar prófugo.

Repitiendo esta modalidad, recientemente la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó en libertad bajo fianza a tres represores de la última dictadura procesados en la causa Díaz Bessone (ex Feced), con juicio oral previsto para el 21 de julio próximo, acusados de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio calificado y asociación ilícita calificada, cometidos en Rosario durante la última dictadura militar.

Parenti dijo que cuando los responsables de avanzar, que son los operadores judiciales, no lo hacen, lo que están ponderando es el discurso de la "impunidad", y señaló que el Poder Judicial todavía "no tuvo el grado de renovación necesaria o saludable", y continúa actuando con "cultura propia, características de elite y falta de apertura hacia la sociedad".

Hasta hoy, existen 199 personas condenadas, aunque sólo dos con condena firme (Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Simón, alias "el turco Julián"), de un total de 634 imputados en todo el país a partir de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Auat explicó que otro problema que enfrentan en las distintas jurisdicciones es el de "causas aisladas", que resultan en "juicios raquíticos" y "poco significativos" en cuanto a "la reconstrucción histórica de los hechos".

Para ejemplificar citó el caso de Tucumán, epicentro de la represión en el noroeste del país donde, dijo, "no pueden existir juicios con un solo imputado", en referencia a la causa (Guillermo) Vargas Aignasse.

Parenti mencionó también el caso de Mendoza, donde "se registra una mora en la investigación y juzgamiento" de los imputados y donde, incluso, fueron destituídos miembros del Poder Judicial con imputaciones por participación en algún tipo de delito durante la dictadura militar".

"En Mendoza, había un componente claro de interés directo en que las causas no avancen. El tema es que hasta que esto ocurrió cuánto tiempo se perdió. Ese tiempo es irrecuperable, ese es el problema", reflexionó Parenti.

Un caso que muestra un mejor funcionamiento de los procesos en estas causas es, según precisó Parenti, Neuquén, donde -dijo- "las causas avanzaron naturalmente en sentido correcto, con un buen trabajo del juzgado y de la fiscalía".

Citó también el caso de La Plata, que "empezó bien, formando causas por centros clandestinos, pero sin embargo luego entró en etapa de letargo que ahora se está tratando de revertir".

En cuanto a la mega causa del Primer Cuerpo del Ejército, que se tramita en el juzgado federal número 3 del juez Daniel Rafecas, admitió que "estuvieron bien organizadas, los casos se acumularon por centros clandestinos, con juicios robustos y significativos".

Dijo también que "un trabajo importante se realizó en Santa Fe, dónde había una gran dispersión de causas y se logró armar con la fiscalía un plan de trabajo para acumular estos casos".

Recordó que "el plan fue presentado ante el juzgado, que lo aceptó", y reconoció que "hoy" existe en Santa Fe una "causa bien conformada que permite avisorar que en el futuro va a haber un juicio grande".

Admitió que "en algunos lugares cuesta más" y citó el caso de Córdoba, con la causa Menéndez por los hechos en La Perla, (uno de los mas grandes centros clandestinos del país), donde "las causas sufrieron gran dispersión y se empezaron a atomizar casos, a desgajar parte de la causa y a formar varias causas".

Según dijo, "hace más de dos años venimos proponiendo volver a juntar y formar la causa La Perla, para ir a un juicio grande que refleje la dimensión de la represión en Córdoba".

Mencionó también el problema que tuvieron en Córdoba con la jueza Cristina Garzón de Lascano, que llevaba la causa La Perla "con la metodología inadecuada" y, además, tenía imputados detenidos en el Tercer Cuerpo del Ejército, cuando la ley indica que tienen que estar en cárceles comunes.

"Se tuvo que llevar a la Cámara acta y fotos para poder sacar a los detenidos de esa unidad militar", recordó.

En cuanto a la otra mega causa, la de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ambos coincidieron en que "la causa estuvo bien conformada en cuanto a su objeto procesal", por lo que tuvo un "buen comienzo", pero "luego hubo algunas elevaciones parciales más pequeñas" que corrieron el rumbo.

"Esta metodología se fue corrigiendo y ahora hay elevaciones más sustanciales", explicó.

La idea es, según resumió Auat, "reunir los hechos vinculados entre sí, analizar la prueba común y, a la hora de imputar, hacerlo a la mayor cantidad sobre los que hay prueba para conseguir un juicio robusto".

Según Auat, "las leyes dicen claramente lo que hay que hacer" y sólo se trata de que "el Poder Judicial (Cámaras Federales y Jueces de Instrucción) tomen las medidas que tienen que tomar para que la Justicia dé las respuestas adecuadas que espera la sociedad".

"No hace falta sacar una ley que diga que hay que acumular causas, está en la ley. Cuando los casos están relacionados y los imputados son los mismos, el Código dice que hay que conectar las causas", subrayó.

Auat y Parenti destacaron como un logro importante de estos tres años de trabajo el hecho de que "las causas no tengan sólo una mirada local".

"Hay instituciones que están mirando lo que sucede en cualquier rincón del país, no es que sólo les interesa a los locales, es una mirada nacional, la acumulación de causas recorrió el país", consignó Auat.

Dijo también que de a poco "los tiempos judiciales cambiaron" proque "los jueces y fiscales saben que hay un control exhaustivo de lo que están haciendo, pero también que cuentan con la colaboración de la Unidad Fiscal para fijar pautas generales y para hacer planes de trabajo".