El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, sus ministros y un ramillete de
legisladores provinciales están muy entusiasmados con el proyecto de un paseo
cultural (en rigor, un centro turístico y comercial) que el Estado construye a
todo vapor en un predio de 15 mil metros cuadrados en pleno centro de la capital
provincial, y donde hasta hace muy poco venían funcionando una jardín de
infantes, una escuela primaria, un profesorado de enseñanza superior y una
biblioteca.
Todo bien con el shopping. Todo bien con esos pujantes emprendimientos que le
darán a la capital riojana, otrora cubierta por el polvo de los llanos, nuevos
brillos y colores. El único inconveniente vendría a ser la Constitución
Nacional, también llamada Carta Magna. El único inconveniente serían esas leyes
sancionadas hace mucho y que determinaron que el predio, lo mismo que el
edificio de 6.800 metros cuadrados, eran –y son- para una escuela.
¿Con qué poderoso argumento ha decidido el gobierno provincial trasladar esos
establecimientos educativos a otras sedes, demoler parte del edificio histórico,
disolver la comunidad docente y liquidar la biblioteca (una biblioteca que fue
creada con los aportes voluntarios de los mismos educadores)? ¿Acaso el
argumento del "progreso"? ¿Acaso el argumento de tener una nueva fuente de
recaudación? ¿Tal vez el deseo de contar en La Rioja con un gran shopping
(no-lugares, los llama Augé), un shopping semejante a otros levantados en
distintas capitales del país, reciclando cárceles, mercados de hacienda,
depósitos portuarios y estaciones ferroviarias?
Ese progreso edilicio, entendido de modo mercantil, borra la identidad profunda
de cada lugar (que no es otra que la identidad de sus vecinos, su gente y su
paisaje) y la lleva hacia un formato estándar, homogeneizado, despersonalizado.
Así, se convierte los lugares en no-lugares. Se los globaliza a fuerza de
piqueta y de olvido.
Por otra parte, según leemos en el diario (Crítica Digital, 5/2/2010), la
administración estatal recibió $ 7.000.000 (siete millones de pesos) del Plan de
Mejoramiento de Escuelas, justamente, para refaccionar y acondicionar la
estructura del añoso edificio en donde ha venido funcionado, históricamente, la
Escuela Normal "Pedro Ignacio de Castro Barros". Los terrenos, el edificio (ése
que ya se ha comenzado a desmantelar y demoler), lo mismo que la plata enviada
por la Nación, son y deben ser para mejorar el estado de una escuela, y no para
dispersarla y borrar su identidad.
A Carlos Grosso, intendente de la ciudad de Buenos Aires en tiempos de Menem, el
negociado de la escuela-shopping (un engendro de varios concejales porteños,
justicialistas y radicales, para cobrar coimas y comisiones) le costó el cargo y
un procesamiento judicial. Debería tener en cuenta ese antecedente, el actual
gobernador riojano.
E la nave va, como hubiera dicho el gran Federico Fellini. "Hasta que deje de
ir", acotamos con alguna esperanza.