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Argentina, la
lucha continua....
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Entrevista a Nara Osés, titular de la Defensoría del Niño y el
Adolescente de la provincia de Neuquén
"Era un apriete permanente, llevar adelante ese juicio contra Repsol nos costó
mucho"
Observatorio Petrolero Sur
Loma de La Lata (LLL) se encuentra a 100 kilómetros de Neuquén capital y es el
yacimiento gasífero más importante del país, con aproximadamente 350 km². Su
descubrimiento y puesta en explotación, a cargo de YPF estatal en 1978, fue
punto de inflexión para la economía neuquina. Aún hoy este importante yacimiento
determina la preeminencia de la provincia en el sector, que lidera desde hace
varios años -en el período de 1997/2008 representó más del 60% de la oferta
gasífera del país. Incluso la reconversión energética de las últimas décadas,
que se orientó hacia un mayor consumo de gas en desmedro de los combustibles
líquidos, se afirmó en parte en las cuantiosas reservas de este yacimiento.[1]
Repsol-YPF es la principal operadora de LLL pero no la única, ya que también se
encuentran presentes Petrobras, Pluspetrol, Pampa Energía y Mega S.A. -consorcio
conformado por la petrolera española, su par brasileña y Dow Argentina para
transportar gas hasta el polo petroquímico de Ingeniero White, donde se lo
industrializa- [2].
Este yacimiento, enclavado en territorio mapuche, abarca 8 mil hectáreas de las
comunidades Paynemil y Kaxipayiñ. Para el año 2000 en esa superficie se habían
perforado 77 pozos, abierto 3 caminos principales (de entre 15 y 18 metros de
ancho) y 9 secundarios (9 metros de ancho), tendido 88 ductos (162 kilómetros) y
1 línea de alta tensión. También funcionaban 4 estaciones compresoras, 2 de
refrigeración, 3 baterías, 5 unidades separadoras y de fraccionamiento, 1 planta
descarbonatadora [3] y un campamento para el personal. En 1995 los Paynemil
constataron que el agua de las napas que extraían para consumo tenía una
particularidad: era inflamable -luego se confirmó una alta presencia de
hidrocarburos [4]. Al año siguiente el Estado provincial constató que los
pobladores tenían metales pesados en sus cuerpos.
En 1997 la Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció
al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la
población. Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de
Neuquén, pero la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia en
1998 e intimó a la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas. Mientras
tanto, en el fuero neuquino, sigue abierta la causa por la remediación
ambiental.
Las demandas que pesan contra la provincia y la principal operadora del
yacimiento no impidieron que en el 2000, el entonces gobernador Jorge Sobisch y
el presidente de Repsol-YPF, Alfonso Cortina, anunciaran la prórroga por 10 años
de la concesión de LLL, que vencía en 2017 [5]. Desde mediados de la década del
’90 los conflictos entre los distintos actores han sido una constante [6]. En
diálogo con el OPS, Nara Osés relató su experiencia en ‘la causa LLL’ y citó
otro antecedente en la afueras de la capital neuquina.
-¿Nos podrías contar cómo comienza tu trabajo en lo que refiere a Loma de la
Lata?
Mi trabajo relacionado con hidrocarburos comienza por el año 97-98, dos casos, y
no volví a trabajar el tema. En marzo del ‘97 tuvo que ver con un amparo contra
el Gobierno provincial por contaminación de las napas en territorio mapuche, en
las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ. Había sido una explotación de la YPF
nacional y desde esa época no había habido los cuidados necesarios.
Ya se había advertido la contaminación [del agua] por profesionales de la salud
pero no se había tomado ninguna medida sustitutiva del agua [que consumían] ni
les habían dado ninguna información acerca de los análisis que les habían hecho.
El diario Río Negro publica en marzo del ‘97 un informe en la cual cuenta que un
miembro de la comunidad Paynemil saca agua de la napa, de la que iba a tomar, y
le pone un fósforo y se arma una llamarada. También había un trabajo previo de
la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, que acompañaban a la comunidad desde octubre
del ‘96.
Lo que nosotros hicimos desde la Defensoría fue organizar una acción judicial,
en representación de los niños, con toda la información que venían produciendo
tanto la UNCo como la APDH. Ahí había un abogado que conoce bastante el tema de
hidrocarburos, se llama Carlos Falaschi, que venía trabajando mucho con las
comunidades. Fue un amparo que buscaba la remediación ambiental, la provisión
inmediata y no definitiva de agua potable, y todo lo que refiriera al control de
la salud de los niños. El juez en primera instancia resolvió a favor de la
Defensoría y lo extendió a la comunidad toda. Pasados varios meses había muy
pocas señales del cumplimiento de la sentencia, a pesar que el Estado neuquino
apeló a la Cámara [Civil] y después llegó al Tribunal [Superior de Justicia de
Neuquén], terminando la vía judicial.
Había una propuesta de [construir] una planta potabilizadora de agua, que iba a
hacer YPF, no el gobierno provincial, y no se hacía. Entonces presentamos el
caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el ’98, como
un incumplimiento de una sentencia judicial [Caso N° 12.010]. Ese trámite fue
bastante particular, por nuestra falta de experiencia; por la falta de
experiencia de la CIDH en trabajar temas que no sean presos, presos políticos,
desaparición de personas. La CIDH no tenía expertos dedicados a eso, era muy
difícil discutir y trabajar sobre esto. A nosotros nos faltaban peritos, el
Poder Judicial no tiene gente formada para esto y siempre estábamos buscando
aliados. Un caso a nivel internacional lograba presionar a la provincia y a
Repsol sobre la remediación. Después las propias comunidades en otros casos
iniciaron juicio sobre daños y perjuicios.
Ese trámite fue bastante particular. Por un lado, la falta de experiencia de la
CIDH en trabajar temas que no sean presos, presos políticos, desaparición de
personas. Por nuestro lado también existía falta de experiencia en estos temas e
instancias. Además hay que considerar el planteo ideológico que había, [que
cuestionaba] la legitimidad que tienen las comunidades mapuche para discutir
sobre su territorio. A esto hay que sumarle que estamos en un organismo judicial
dependiente del Poder Judicial, que en los años venideros terminó estando muy
supeditado al poder político. Fue un tema que se fue convirtiendo en álgido en
poco tiempo, nosotros tuvimos muchas discusiones internas para poder sostener
ese caso, para poder ir a una audiencia a Washington, para hacer ese
aprendizaje.
Lo que hubo de favorable es que a raíz de ese caso a nivel internacional, la
presión que hizo sobre todo la organización mapuche, más lo que pudimos hacer
nosotros desde una Defensoría, se hizo la planta potabilizadora de agua. Quizá
no con todos los recaudos que tenga que tener, pero bueno, se controló la salud
de los chicos y se llevó por casi 12 años agua potabilizada a la comunidad. Fue
una lucha muy particular.
-Con respecto a las pericias técnicas, ¿podrías profundizar un poco más en los
problemas con los que se encontraron?
Muchísimos, por ejemplo, para un análisis de agua una colega tuvo que ir a La
Plata; otro, una vez llevo un estudio a la UNCo y una persona me dice:
"Repsol-YPF nos banca un laboratorio, yo no te puedo leer este examen de agua".
Yo creo que nosotros hicimos una experiencia. La Defensoría del Niño, por
nuestra Ley de Infancia [Ley provincial N° 2.302], es la única que cuenta con
una representatividad de derechos colectivos, como si fuera un Ombudsman de
niños dentro del Poder Judicial, con lo que eso significa: darle mucho poder a
un funcionario de baja categoría. En general son casos resonantes, donde se pone
en juego el poder económico, político, ideológico. Si al Poder Judicial le
hubiera interesado llevar adelante este tipo de experiencias desde distintos
lugares se tendría que haber promocionado este tipo de actividades, porque esto
ha seguido pasando, sobre todo en el interior de la provincia. No ha sido una
política pública del Poder Judicial la formación y el llevar adelante litigios
sobre estos problemas: formar defensores que conozcan el sistema
interamericano, que puedan discutir, y peritos independientes. Todos los peritos
que nos ayudaban era gente honesta y solidaria.
En el tema de Paynemil tuvimos una pericia del Instituto Nacional del Agua [y el
Ambiente, INA], que habíamos sugerido nosotros porque no conocíamos la historia
de lo que había pasado con María Julia [Alsogaray, ex Secretaria de
Ambiente][7]. El resultado de la primera pericia de la planta potabilizadora,
dentro del amparo -te hablo año 2003-2004- es que el agua era apta. Pero cuando
una colega que sabía bastante de química se pone a leer el informe, había un
montón de cosas que sugerían que, dentro del agua, hubiera hidrocarburos.
Entonces necesitábamos alguien para ir a la audiencia y pediera la nulidad de
ese estudio. Había acá en Neuquén un médico que también era bioquímico, el Dr.
Ragni, nos acompañó a una audiencia desde su lugar de mirar un análisis,
teniendo en frente a autoridades del INA, que eran capos en la materia. Por
suerte, pudimos generarle tal duda al juez que dijo: "Yo con esto no habilito
esa planta". Pero todo a puro ingenio y solidaridad, es pelear con un poder
económico terrible en una inferioridad de condiciones espantosas.
-Existe un estudio de una empresa alemana, con los impactos ambientales y
sobre la gente, ¿eso fue dentro de esta causa?
No, eso lo contrataron las propias comunidades. Hay dos estudios. El primer
estudio fue coordinado por Falaschi con otro montón de gente, mucho más humilde.
Mientras estaban haciendo este, las comunidades contactan a esta empresa alemana
y, con el resultado de la empresa alemana, las comunidades, en calidad de
víctima, van a una audiencia en Washington. Yo no lo pude incorporar a la causa
civil porque ya habían vencido los tiempos de prueba. Ellos logran medir
presencia [de hidrocarburos] en órganos, y acá lo que se medía era en sangre. Y
una vez que la gente empezó a tomar agua potable los niveles bajaron
absolutamente, especialmente en los chicos.
-Más allá del Poder Judicial, dentro del Poder Ejecutivo provincial, ¿quién
tendría que haber controlado?
Lo tendría que haber hecho el Ministerio de Salud [y Acción Social, en su
momento Ministro Simón Segundo Jalil] y la Dirección General de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable en cuanto advirtieron que había presencia de metales
pesados en la gente. Se guardaron los análisis desde octubre del ‘96 hasta marzo
del ’97, que nosotros hicimos el amparo. En la explicación del Subsecretario de
Salud [Dr. Gualberto Méndez], que lo ofreció el Estado como testigo -y el Juez
abría los ojos y no lo podía creer-, fue que uno no siempre le dice a la gente
que tiene un cáncer. Claro, no le decían a la gente que tenía mercurio, plomo,
porque se iba a armar el lío que se terminó armando. ¡Y todo lo que debían tener
que en ese momento no se midió!
-¿Y en Loma de la Lata desde el ‘97 hay cuestiones vigentes?
Si, hay cosas que siguen vigentes. Yo por ejemplo sigo pidiendo que me expliquen
si remediaron o no las hectáreas que tenían que remediar, yo no pude acceder
nunca a una pericia propia. Otras cosas no, la provisión de agua en bidones
estuvo vigente hasta hace 2 meses [septiembre 2009]. Recién ahora se hicieron
pericias encargadas por el Estado, y de diversos lugares, demostrando que el
agua de la planta no está contaminada. El agua en bidones la llevaron desde el
‘97 hasta ahora porque no demostraban que el agua estuviera buena.
-¿El Estado provincial se hacía cargo de esto?
Si, pero yo no sé si lo pagaba, porque la planta potabilizadora la pagó Repsol,
por ejemplo. Nosotros discutíamos con dos abogados del Estado provincial, pero
cuando vino la CIDH -que hizo una visita al lugar-, en las reuniones los peritos
que figuraban por parte del Estado neuquino eran de Repsol-YPF. Así de real era
la cuestión. La persona que explicaba y lo convenció al gringo de la genialidad
de la planta era una ingeniera de la Repsol.
Era un apriete permanente, llevar adelante ese juicio nos costó mucho. Yo creo
que para el próximo caso así hay que armar un equipo muy sólido científicamente
para convencer al juez. Las empresas tienen sus propios equipos que van con los
abogados del Estado. Tiene que haber posibilidades muy serias de discusión del
lado de la gente que sufre la contaminación, sino la perdimos.
-Mencionabas anteriormente otro caso ¿cómo fue tu experiencia?
El otro caso es del ’98, que tiene que ver el mismo tipo de contaminación,
también con YPF, pero en el yacimiento Centenario, en el norte de Valentina,
zona rural. Fue un caso distinto, no había tanta prueba, por suerte no había
personas con mercurio ni plomo en el cuerpo. Ahí lo que se logró fue la
provisión de agua para la gente de zona, incluida toda una franja que vive bajo
la barda, en la meseta, que son asentamientos que han crecido muchísimo desde el
‘98 hasta ahora. [8]
Con la experiencia previa del otro amparo, este fue mejor organizado, y con
mucha gente que contribuyó. Se demandaba al Municipio por no haber cumplido las
funciones de protección y cuidado de la explotación sabiendo que había tierras
contaminadas. La idea era obligar al Municipio que hiciera una red de agua que
viniera del [río] Limay, era un proyecto que ya estaba, en general trabajamos
con cosas que ya están y se las ha ido cajoneando. Eso no se aceptó en su
momento. La jueza en primera instancia obligó al Municipio y éste, por medio de
apelación, logró que la Cámara [Civil] considerara excesiva la decisión de la
jueza, ordenando un juicio político a la jueza.
Son casos que cuando existieron generaron mucho ruido, poniendo en discusión
hasta dónde tenía poder un juez para determinar en temas técnicos; restringió
muchísimo la Cámara esa sentencia, que era muy interesante y que si se hubiera
cumplido nos habríamos ahorrado muchísimos problemas. Después de muchísimos años
se terminó haciendo esa obra y creo que no de la manera que estaba propuesta.
Anexos:
A modo informativo se anexan cuadros extraídos del estudio "Umweltschutz de
Argentina S.R.L, Evaluación del Daño Cultural / Ambiental por la actividad
Petrolera en la Región Loma La Lata / Neuquén. Territorio PAYNEMIL y KAXIPAYIÑ"
dando cuenta de la situación en el momento en que se realizó la investigación,
año 2001.
Punto 6.1.3.2 Impacto sobre la calidad del suelo (Pág. 78)
Punto 6.1.4 Impacto sobre la calidad del agua subterránea (Pág. 78 y 79)
"El reconocimiento y la investigación del área demostró que debajo de una
superficie de (…) 410 ha (…) el agua subterránea está contaminada".
"De los análisis preliminares de la calidad del agua se puede concluir que
existe aproximadamente un 50% de agua subterránea contaminada en la proximidad
del valle de inundación del Río Neuquén y concordante al área preferencial de
ocupación de las Comunidades Mapuche y actividad agrícola".
Punto 6.4.3.1 Estudio clínico (Pág. 137)
Manifestaciones Neurológicas
Manifestaciones Psíquicas
Manifestaciones digestivas
Manifestaciones dermatológicas
Manifestaciones respiratorias
Manifestaciones osteo-artículo-muscular
Manifestaciones gineco obstétricas en 18 mujeres de edad fértil
Otras manifestaciones
Información complementaria:
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