En el pasado diciembre fue condenado el ex juez Víctor Hermes Brusa a 21 años de
prisión como autor responsable de la comisión de crímenes contra la humanidad,
sucedidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Para
entonces, el ahora condenado se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal
1 de la ciudad de Santa Fe.
Se trata del primer funcionario judicial sometido a juicio y condenado por
dichos crímenes, lo cual no deja de indicar que la responsabilidad penal por los
actos del terrorismo estatal ya no quedan circunscriptos a miembros de las
fuerzas de seguridad. La pena impuesta al sacerdote católico Christian von
Wernick y la recibida ahora por Brusa así lo prueban de modo contundente.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el que lo
encontró culpable de apremios ilegales en ocho hechos durante su actuación como
funcionario judicial. Los magistrados condenaron también a cinco ex policías a
penas de entre 19 y 23 años de prisión por ser coautores de los delitos de
privación ilegítima de la libertad, agravada por violencias y amenazas e
imposición de tormentos.
Todos los delitos, según el fallo, fueron cometidos en el marco de un ataque
grave, sistemático y a gran escala perpetrado desde la estructura del Estado
argentino en contra de la población civil. Ésas son las notas características de
los crímenes contra la humanidad, según la jurisprudencia de los tribunales
penales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, así como para la
propia Corte Penal Internacional (CPI).
Brusa fue designado juez federal en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem.
Asumió a pesar de que su nombre había sido incluido entre los represores
denunciados por la Conadep en 1984. Tiempo más tarde, en marzo del 2000, fue
destituido por mal desempeño de sus funciones, acusado de obstaculizar la
investigación sobre un accidente que él había protagonizado en una laguna,
cuando atropelló con su lancha a un hombre y escapó.
De modo que así como ahora es el primer juez condenado por la comisión de
delitos de lesa humanidad, en mayo del 2000 se convirtió en el primer magistrado
destituido por el Consejo de la Magistratura.
En el 2001 el juez español Baltasar Garzón pidió su extradición por genocidio,
terrorismo y torturas. En septiembre de ese año, el ex juez Gabriel Cavallo
ordenó su detención y logró que se entregara a la Justicia, lo que Brusa
aprovechó para atacar el pedido de extradición y evitar ser trasladado a España.
En el 2005, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
fue procesado con prisión preventiva por asociación ilícita junto con otros
represores y por vejaciones agravadas por su condición de funcionario judicial y
en forma reiterada.
Algunos de los testimonios recolectados en la causa lo ubican en el interior de
la Guardia de Infantería Reforzada, en donde funcionó un centro de detención
clandestino. Allí, tomaba contacto con las personas secuestradas y depositadas
en ese centro, a quienes interrogaba e intimidaba mediante el lanzamiento de
golpes de karate que terminaban a centímetros de sus respectivos cuerpos. Y más
aún, ocho ex detenidos narraron que les hacía firmar declaraciones recepcionadas
durante sesiones de torturas.
En nuestro ámbito regional, mientras tanto, y a poco de cumplirse el 25
aniversario del fin de la dictadura en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da
Silva envió un proyecto de ley que postula investigar las violaciones a los
derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar (1964-1985).
La dictadura brasileña nunca fue juzgada por sus crímenes de lesa humanidad
debido a los obstáculos impuestos por la ley de Amnistía de 1979, cuyos términos
están siendo ahora revisados por el Superior Tribunal Federal.
Se trata de una circunstancia que no es menor a la luz de los acontecimientos
actuales, en los que Brasil pugna por conseguir un lugar permanente en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para ello, desde el punto de vista
diplomático, resulta importante dar cumplimiento a los instrumentos regionales
en materia de derechos humanos fundamentales. Aquellos que plantean la
imprescriptibilidad de los crímenes en contra de la humanidad y, por ende, la
imposibilidad de anteponerles cualquier tipo de medidas que impidan su
juzgamiento y castigo.
En todo caso, tanto el castigo al ex juez Brusa como la iniciativa del gobierno
brasileño constituyen eventos que señalan que el camino de la verdad y la
justicia sigue un rumbo cierto en lo que al juzgamiento de la criminalidad de
Estado se trata.
Martín Lozada es Juez penal. Catedrático Unesco en Derechos Humanos.
