Le decimos la política del doble pacto. Nosotros pactamos con la policía. No
queremos participar de la corrupción de las cajas negras. Pero no las
combatimos. Que ellos hagan sus negocios. Pero eso sí, ellos tienen que pactar
con las bandas de delincuentes para que el delito no se desmadre como sucede en
el Gran Buenos Aires – dice el cronista que le contó uno de los principales
referentes en materia de seguridad de una de las provincias argentinas más
importantes.
El doble pacto garantiza impunidad para hacer negocios y mantener un tolerable
nivel de delito. Eso es lo que justifica la acción de los llamados gobiernos
progresistas a la hora de resignarse ante esas sociedades anónimas armadas que
son las fuerzas policiales de cada uno de los estados argentinos.
Una resignación que trae la derrota en breve.
Es la ecuación de Frankenstein. Los monstruos se vuelven contra sus creadores.
A horas nada más del famoso bicentenario, la dirigencia política supuestamente
más lúcida del país plantea esta relación con sus fuerzas policiales.
Encorsetar la corrupción no equivale a disminuir los delitos, al contrario. Los
amplifica, los multiplica.
El huevo de la serpiente. La ecuación de Frankenstein.
Si lo relatado por el cronista es la verdad en todas las grandes provincias
argentinas está claro que no puede haber seguridad alguna porque lo único
garantizado es el delito desde las propias fuerzas que están, supuestamente,
creadas para evitarlo.
De allí entonces que cualquier negocio sea posible con el dinero del pueblo.
Porque pueblo y estados son rehenes en esta trama macabra del doble pacto.
Las últimas estimaciones periodísticas sostienen que hay ochocientas empresas de
seguridad privada e investigaciones en toda la Argentina.
Un fenomenal negocio que deja en oscuras manos nada menos que 10 mil millones de
pesos por año. Fomentar la inseguridad, entonces, genera ganancias millonarias.
Dice la investigación que "semejante número es posible gracias a un silencioso
ejército de 200 mil vigiladores privados que trabajan un mínimo de 10 horas
diarias y que custodian los bancos, edificios, empresas, consorcios, barrios,
countries, depósitos y plantas industriales de todo el país junto a las fuerzas
estatales de seguridad. De los 200 mil efectivos, que cobran un salario promedio
de 1.500 o 1.600 pesos mensuales, el 25 por ciento es ilegal, es decir que en
todo el país hay unos 50 mil agentes privados que reportan a una estructura de
seguridad paraestatal que elude los controles del Estado, algo muy similar a una
dimensión desconocida del control armado", apunta la nota que es la base de esta
crónica.
Sólo en la zona compuesta por Capital Federal y Gran Buenos Aires, "hay entre
dos y tres vigiladores privados por cada policía. Según los últimos datos
oficiales, la Policía Federal cuenta con 41.600 efectivos repartidos en todo el
país. De ellos, más de 30 mil están apostados en los 203 kilómetros cuadrados de
la ciudad. En el caso de la provincia de Buenos Aires, su tropa supera los 80
mil hombres, pero el 60 por ciento de su estructura está concentrado en los tres
cordones del conurbano bonaerense".
El negocio de la inseguridad parece ser una consecuencia directa de la
imposibilidad de una política de estado que garantice la justicia social, en
primer lugar, para después construir una convivencia colectiva diferente y con
fuerzas de seguridad que no se sientan impunes para impulsar el delito en todas
sus ramas.
Se llama la teoría del doble pacto, la ecuación de Frankenstein, el huevo de la
serpiente, el negocio de la inseguridad.
