Cuando los dos pibes, de 19 años, ya habían llegado a la terminal de ómnibus de
Olavarría, a escasas 10 cuadras de la casa de la que habían huido, sus celulares
empezaron a estallar de mensajes de texto. Se iban de la ciudad con las manos
vacías. Pero el teniente primero Pablo Gabriel Ferro les insistía con que lo
estaban engañando.
Que tenían consigo los 60.000 pesos de la casa que les había marcado. No pasaron
demasiados minutos y los dos pibes, cayeron detenidos. Sólo que Ferro, al
quitarles la red de protección, no contó con un detalle. Los dos chicos
hablaron. Contaron cómo los había contactado. Cómo los hizo llegar desde su
pueblo hasta Olavarría. Cómo les aseguró que la empleada de la casa les abriría
la puerta y los haría pasar para que hicieran un trabajo "limpio". Después bastó
que el defensor oficial pidiera pericias a los celulares para que rápidamente se
estableciera quién era el mandante del robo. Ferro, que pertenecía a la División
de Custodia de Objetivos Fijos de Azul, fue exonerado de la Policía en abril de
2007. Pero la causa judicial recién por estos días y después de tres años de
aquel robo empieza a moverse.
No es un caso extraño ni aislado. Todo lo contrario. Casi un cuarto de los
55.000 policías bonaerenses fue sumariado o está siendo investigado por "actos
de corrupción, violencia policial o irregularidades en el cumplimiento de su
servicio".
Cada día ingresan al teléfono gratuito del Ministerio de Seguridad cinco
denuncias y otras cinco por correo electrónico. Y los informes oficiales de la
Auditoría General de Asuntos Internos reflejan que en dos años hubo exactamente
13.619 integrantes de la fuerza de seguridad más grande de todo el país que
fueron sumariados.
"Estamos hablando de una fuerza jerarquizada y militarizada que sirvió en su
momento para los fines de la represión estatal y que convirtió toda una
estructura con fines que, en muchos casos, fueron delictivos", dijo Luis Arias,
juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata hace pocos días.
De hecho, la policía de la provincia de Buenos Aires ha estado incriminada en
algunos de los casos más graves de ilegalidad en el país. El crimen de José Luis
Cabezas, el atentado a la AMIA, la banda del gordo Valor, la masacre de Ramallo.
Infinitas historias de las que la fuerza de seguridad bonaerense no salió
indemne. Todo lo contrario. Se la intervino, se le hicieron reformas, se le
quitó la instrucción de las causas penales, se creó una policía judicial que
jamás se concretó. Infinitos manotazos destinados a desarticularla como
estructura autónoma. Y cuando Carlos Stornelli devolvió la antigua jerarquía,
quitó el control civil, desarticuló los controles, no hizo otra cosa que volver
a darle un poder cargado de peligrosidades.
El documento de Asuntos Internos que se conoció a través de las páginas de La
Nación precisa que en los últimos dos años, 872 policías fueron expulsados de la
fuerza y otros 1779 fueron desafectados del servicio que prestaban. ¿Los
motivos? "Abusos en sus funciones, extorsiones, amenazas, apremios ilegales,
connivencia o participación en delitos, mal manejo de fondos policiales y causas
de violencia familiar".
Hace algunos años, el comisario inspector Luis Rubini, un alto jefe policial de
la zona del centro bonaerense definió que "es cierto que hay algunos policías
que cometen ciertas pillerías". Por esos días un policía acababa de ser
condenado por el homicidio y robo a un viejo productor rural de esa zona.
La de Rubini es seguramente la misma e histórica concepción que llevó a
determinar que deben ser los mismos policías quienes tienen que "limpiar" la
imagen pública de la fuerza de seguridad. La misma política que estableció que
es la propia policía la que tiene en sus manos la administración de la fuerza.
Con políticas de seguridad destinadas a servir y a engrosar las cajas
policiales. Abriendo además las puertas a agencias de seguridad privada que la
redoblan en número y en la que revistan muchos de aquellos miles que alguna vez
fueron exonerados de la fuerza o que tuvieron su historia íntimamente ligada al
terrorismo de Estado. Como Jorge "Tigre" Acosta o el ex policía Aníbal Luna,
condenado a reclusión perpetua por el crimen de Cabezas y luego exonerado, que
trabajaba en Gesell Seguridad S.A.
Mientras tanto, los pibes saben de qué hablan cuando dicen "le tengo más miedo a
la yuta que a los otros chorros". Es que demasiadas veces, se les va la vida.
