NOTIFE

El Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe denunció que los vecinos reclamaron por los perjuicios que causaba a su salud las fumigaciones y fueron amenazados por los responsables de fumigar la zona.

Las recurrentes violaciones a la Ley 11.273 de de la mal llamada ley de Fitosanitarios han sumado una nueva faceta: la amenaza lisa y llana a los vecinos que reclaman por los perjuicios a su salud debido a las fumigaciones.

A la inoperante actitud de los entes de control, se suma la nula participación de los colegios profesionales involucrados y la autogestión de los productores agrícolas que elaboran peligrosos cócteles de venenos.

En los centros urbanos, debemos añadirle la libre circulación de vehículos terrestres (mosquitos o arañas) y el sobrevuelo de aviones fumigadores cargados de tóxicos. Ni hablar del vertido de venenos cercanos a las escuelas o los centros de salud o el abuso de emplear a niños y adolescentes para marcar los límites del terreno ante una fumigación. En síntesis: se respira veneno en Santa Fe.

El 13 de enero, vecinos de Rufino denunciaron ante la Policía que aviones fumigadores estaban trabajando en áreas vedadas próximas a la ruta 7. Más tarde, el aerofumigador se hizo presente en el domicilio de una vecina y ante la negativa de retirar la denuncia, la amenaza en forma verbal y, posteriormente, la intimida con el llamado telefónico de una abogada que menciona futuras acciones legales por lucro cesante.

El desconocimiento puesto de manifiesto por las autoridades provinciales y comunales, así como los aplicadores y sus representantes legales, resulta poco menos que llamativo: la provincia de Santa Fe, con una extensa superficie de su territorio dedicado a la agricultura, tiene una ley específica y hasta existen fallos judiciales que impiden las fumigaciones terrestres y aéreas a menos de 1500 metros de las poblaciones en el caso de las aéreas.

Hablemos claro: los productos aplicados en los cultivos son tóxicos y tienen un impacto manifiesto en el ambiente y, en concreto, en la salud de la población.

El artículo 1ro. de la mencionada ley establece entre sus objetivos "la protección de la salud humana, de los recursos naturales, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios, como así también evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente".

A lo largo de sus artículos y en el decreto reglamentario, se habilita a los particulares a defender ese derecho, realizando las denuncias pertinentes. Los vecinos de Rufino denuncian este derecho vulnerado en la sede de la Guardia Rural Los Pumas y, por ello, terminan siendo amenazados con riesgo en su integridad física.

De acuerdo al modelo imperante, numerosas poblaciones de la provincia se sustentan en la producción agrícola y en los supuestos beneficios económicos que trae para el país, pero esta actividad -como otras- debe desarrollarse dentro de la ley. Fuera de la ley, sólo se da lugar a que existan conflictos como el mencionado, enfrentando a los vecinos que ven amenazada su salud y la de sus hijos.