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En una actuación paralela a la Justicia provincial, el fiscal federal de feria, Antonio Gustavo Gómez, confirmó que inició de oficio una investigación de los casos en que los beneficiarios del programa son víctimas del delito de extorsión por parte de punteros políticos. "Nuestra obligación es investigar y buscar una condena de prisión para aquellos que son responsables", señaló, luego de dictar las diez primeras medidas de prueba. También investigarán casos de beneficiarios que no cumplen con los requisitos del plan y de cooperativas que están bajo el mando de una misma persona.

El escándalo por las denuncias a punteros políticos que extorsionan a beneficiarios del plan nacional Argentina Trabaja ya llegó a la Justicia Federal. El fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez, en su cargo de fiscal de feria, confirmó que inició de oficio una investigación de los casos en que los beneficiarios del programa son víctimas del delito de extorsión por parte de punteros políticos. "Son maniobras habituales en un contexto de hambre y necesidad económica. Nuestra obligación es investigar y buscar una condena de prisión para aquellos que son responsables", señaló.

El funcionario judicial puntualizó que realiza una actuación paralela a la de la Justicia provincial para investigar si dirigentes políticos cometieron el delito de extorsión y de estafa al Estado nacional. Este delito es penado con 10 años de prisión, según los artículos 164 y 174 del Código Procesal Penal (CPP).

El primer caso que investiga Gómez es el de Verónica Pedernera, una desempleada de Banda del Río Salí, que denunció el jueves pasado que la puntera política Amelia Herrera, le quitó su tarjeta magnética para cobrar ella los 1.200 pesos del plan. El fiscal confirmó que ya instruyó las diez primeras medidas de prueba, que incluyen oficios para pedir información al Ministerio de Trabajo de la Nación, al IPACYM, a la Policía Federal, entre otros organismos. También le cursó un escrito al fiscal de feria provincial Carlos Sale -hoy a cargo del caso Pedernera-, para pedirle información y notificarle sobre las actuaciones complementarias de la Justicia Federal.

Gómez, quien actúa por orden del juez de feria Mario Racedo, instó a las víctimas de estos tipos de delitos a acercarse personalmente, de 7 a 13, a su oficina de Las Piedras y Congreso, aunque aclaró que para radicar una denuncia deben contar con una prueba concreta de extorsión. También se investigan casos de personas que no cumplen con los requisitos del plan, es decir que no son desempleadas y poseen recursos económicos. A esto se agregan sospechas de que una persona estaría al mando de varias cooperativas. En el marco del plan, en la provincia se crearon unas 250 cooperativas con unos 15.000 beneficiarios.

Por último, el fiscal de feria comentó que ya existen antecedentes de estos delitos en la Justicia Federal. Este año llegará a juicio oral una banda acusada de extorsionar a beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar.