LA ARENA

La ciudad se vio sacudida el fin de semana por el intento de homicidio que tuvo como víctima a una mujer agredida a balazos por su ex pareja. El caso responde a un patrón que es posible rastrear en decenas de casos similares. Una separación decidida y sostenida por la mujer que asume un papel de independencia de la voluntad dominadora de quien fuera, en algún momento de su vida, compañero o esposo y logra separarse.

Esa conducta es resistida por el hombre que intenta ejercer un derecho que perdió por la simple voluntad de la mujer. Se suceden agresiones verbales que suben de intensidad y llegan a la agresión física con amenazas de mayores consecuencias. La víctima hace la denuncia en la policía o en la justicia pero su testimonio, la mayoría de las veces, no alcanza para activar mecanismos efectivos de protección. Los agresores, alentados por esa omisión estatal en proteger a su víctima, reiteran sus ataques que van subiendo en intensidad y violencia hasta que terminan, en muchos casos, con la muerte de la mujer.

Solo en los últimos años, la crónica policial ha reflejado con demasiada frecuencia los casos fatales de situaciones de violencia de género como la que se ha repetido ahora. Esos casos, que emergen por las características de extrema violencia que adopta el agresor, son sólo la punta de un iceberg, lo que se ve de una situación que hunde sus raíces en el machismo, en una cultura de sometimiento femenino y de entender una relación de pareja como una cuestión de dominación.

Cuando la crónica policial recoge los casos, cientos -si no miles de mujeres- en el breve espacio de nuestra provincia, han pasado y siguen pasando situaciones que las colocan en riesgo serio para su integridad y su vida.

La solución -se ha reiterado desde estas columnas y desde los organismos e instituciones que estudian y trabajan para alertar sobre esta violencia cotidiana- no puede quedarse en la manifestación de buenas intenciones con que se suele responder a la requisitoria periodística cada vez que la sociedad se conmueve por otro hecho.

Los países que han logrado avances en el tema lo han hecho en base a reformar la legislación y dotar de herramientas eficaces para actuar sobre el agresor que es, sin dudas, un sujeto social peligroso camuflado bajo la piel de un ciudadano decente. Así lo era quien disparó siete veces contra su ex pareja hasta que decidió terminar con su propia vida.

El pasado noviembre, con motivo de recordarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se difundieron las estadísticas que ubican a nuestra provincia en el quinto lugar en femicidios en el país. Con esa constatación espantosa como telón de fondo, organizaciones preocupadas por el tema reclamaron a los organismos públicos la puesta en marcha de políticas activas que doten a las víctimas de herramientas eficaces para protegerse de sus agresores. Pues no es solo el peligro de muerte que las acecha ante la inacción estatal, sino que, mientras deben temer por su vida, ven derrumbarse su vida familiar, de relación, laboral, económica, mientras su agresor puede moverse con total libertad e impunidad como un predador aguardando el momento de atacar a su presa.