Darío Aranda
Página 12

Con una flamante ley para la protección de bosques, 2008 prometía ser el año para detener la deforestación y conocer cuánto monte nativo permanecía a salvo. Luego de doce meses, y ante la ausencia de datos oficiales, organizaciones rurales relevaron seis provincias y confirmaron los temores: los desmontes continúan, las comunidades ancestrales siguen padeciendo desalojos y los gobiernos provinciales desoyen a campesinos e indígenas, a pesar de que la legislación establece como imprescindible su participación. Además, el Ejecutivo nacional aún no reglamentó la ley. El gobierno salteño –provincia líder en destrucción de bosques nativos– acaba de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas (ver recuadro), justo un día antes de que la Corte Suprema prohibiera la tala de bosques nativos en zonas autorizadas por la provincia. Y la Mesa de Enlace de Córdoba –principal responsable del avance de la frontera sojera y la deforestación– pretende decidir qué zonas se deben proteger y se autopostula como protectora del ambiente.
La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf) agrupa a investigadores e instituciones que trabajan con poblaciones rurales del norte argentino. Acaba de publicar la investigación "A un año de la Ley de Bosques: Panorama de la Región Chaqueña Argentina", en la que monitoreó la situación de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe y Córdoba. "Los desmontes continúan", denuncia en la primera página y detalla: "En 2008 se registraron más de 90 conflictos en la región chaqueña argentina. Sólo 35 de esos casos involucran 1,3 millón de hectáreas de tierras y 96.000 personas. Esto es sólo una pequeña muestra de la magnitud del problema", advierte el trabajo.
Según datos de la Secretaría de Ambiente de Nación en su último "Inventario Nacional", entre 2002 y 2006 dejaron de existir en Argentina 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, a razón de 280.000 hectáreas por año, que equivalen a 759 por día y 32 hectáreas por hora. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal.
La ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas. Otorga un año, hasta el 28 de noviembre último, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según colores: rojo (de alto valor de conservación y que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). La norma establece que ese mapeo debe contar con la imprescindible participación campesina e indígena.
"Ninguna provincia cumplió con el plazo fijado por la ley. Tampoco existen mecanismos ni voluntad política para que organizaciones campesinas e indígenas participen en la implementación", advierte el informe, que cuestiona al gobierno nacional: "El Poder Ejecutivo está en deuda porque todavía no reglamentó la ley. Esto genera matices en las interpretaciones y vuelve más notoria la falta de políticas y recursos claros para su implementación", afirma. Las organizaciones rurales explican que la muy demorada reglamentación presidencial (hecho que debió producirse en un plazo máximo de 90 días luego de la sanción) produce un vacío al momento de la implementación y no proporciona herramientas (por ejemplo los fondos) para la ejecución de la norma. Consultados por la demora, desde la Secretaría de Ambiente de Nación prefirieron no opinar.
El relevamiento de la Redaf cuenta con un anexo por cada provincia. Sobre la situación en Formosa, denuncia que "son negados total y sistemáticamente los mecanismos de participación para los pueblos indígenas. Y no existe información alguna hacia el resto de la ciudadanía". En cuanto a Santa Fe, paradigma del avance sojero en la última década, la investigación se focaliza en el desmonte provincial. "Más allá de los apercibimientos y multas, continúa la deforestación", asegura, y revela que la primera reunión impulsada por el gobierno santafesino fue el 21 de noviembre último, sólo una semana antes de la fecha tope (por ley) para finalizar el ordenamiento.
El trabajo de la Redaf también abarca el Chaco, y tampoco es optimista. "La principal debilidad institucional que juega en contra de la defensa de los bosques nativos chaqueños es la falta de voluntad política para el control y la sanción de la tala ilegal. Sumado a la permanente presión empresarial para ampliar zonas dedicadas a la agricultura y las constantes irregularidades en el manejo de las tierras fiscales." Sin embargo, el gobierno de Jorge Capitanich presentó a fines de noviembre un ordenamiento territorial, muy cuestionado por las organizaciones sociales de la provincia.
"La propuesta del Gobierno es inoportuna, inconsulta y desprovista de razonabilidad. Entendemos que dicho proyecto alienta actividades agresivas al ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, en beneficio de empresas y sectores muy reducidos, aumentando el riesgo social y ambiental. Si se convirtiera en ley, este proyecto generará mayor desigualdad e inequidad social y ambiental", denunció el Foro por la Tierra del Chaco, conformado por un heterogéneo colectivo de organizaciones.
Chaco cuenta con diez millones de hectáreas, de las cuales 3,5 millones son fiscales, casi su totalidad en El Impenetrable.
Córdoba, otra provincia donde el avance de los agronegocios fue desmedido, tampoco abrió el juego para el ordenamiento territorial que establece la ley. "Han sido prácticamente nulas las exteriorizaciones que la provincia ha realizado a nivel de discusión. Y recién el 24 de noviembre, cuatro días antes del vencimiento del plazo para finalizar el relevamiento, se concretó la primera reunión oficial convocada por el gobierno cordobés", señala la Redaf.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), principal actor rural que resiste el modelo sojero, cuenta con un detallado informe sobre los montes nativos: "La provincia cuenta con un remanente a 1,9 millón de hectáreas, de las cuales apenas entre 5000 y 10.000 están en buen estado de conservación", advierte el MCC, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), y denuncia la complicidad de la Mesa de Enlace y legisladores provinciales para frenar la ley.
"Desde 2005 la Mesa de Enlace provincial ya se había organizado en defensa de sus intereses constituyendo un grupo de presión para obtener rebajas de impuestos, flexibilización de leyes de desmontes, minimizando los controles y evitando castigos en sonados casos de contaminación ambiental por agrotóxicos. Esa Mesa de Enlace hoy impulsa un foro que opera para flexibilizar las restricciones de desmonte y continuar con las autorizaciones, con el apoyo de diputados justicialistas", explica el Movimiento Campesino. Según sus conclusiones, las consecuencias de ese modelo en la provincia son "tres millones de hectáreas provinciales afectadas gravemente por el monocultivo de soja y la ganadería intensiva, innumerables problemas ambientales (contaminación con agrotóxicos), disminución de la población rural, creciente pobreza y la concentración de la propiedad de la tierra".
En su relevamiento, el MCC señala con nombre y apellido a miembros de la Sociedad Rural y la Federación Agraria (denunciados por ser impulsores de desalojos campesinos de Córdoba y Santiago del Estero) y referentes de la Mesa de Enlace que pretenden disminuir las zonas rojas –de restricción al desmonte contempladas por la ley– y aumentar las verdes, que podrían ser arrasadas.
No menos polémico es el Fondo de Compensación, de casi mil millones de pesos, con el que se subsidiará a los titulares de las tierras que conserven bosques nativos (30 por ciento del dinero será para las gobernaciones). La Redaf explica que, sin reglamentación presidencial, el destino de los fondos es incierto, y se convierte en un motivo más para que las provincias ignoren la norma. El MCC remarca el contrasentido de la ley: "Los mismos empresarios, entre ellos los sojeros, que se han dedicado a desaparecer el monte nativo y expulsar campesinos, empezarán a cobrar un subsidio por ‘cuidarlo’. Un negocio redondo".

Por D. A.

Las organizaciones campesinas y las comunidades indígenas bautizaron a Salta como la "capital nacional del desmonte". Y las estadísticas le dan la razón: en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002, según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas, según datos de la ONG Asociana en base a información oficial. Para no perder ese lugar en el ranking del desmonte, acaba de aprobar un ordenamiento territorial (muy cuestionado por los pueblos originarios), que autorizaría la deforestación de 1,6 millón de hectáreas.

"No se garantizó la participación de las comunidades, el desmonte continúa y se expulsan campesinos e indígenas", resumió la Red agroforestal y advirtió la "poca capacidad institucional para regular, controlar y sancionar los desmontes que no cumplen, ni cumplieron, la normativa vigente".

El 15 de diciembre la Legislatura provincial aprobó el ordenamiento territorial por ley, inmediatamente promulgada por el gobernador Juan Manuel Urtubey. Todas las organizaciones ambientales y comunidades indígenas lo rechazaron por inconsulto y por el agregado de artículos que permitirán el desmonte de al menos 1,6 millón de hectáreas. El diputado por el Partido Obrero, Pablo López, que votó en disidencia, la denominó "la ley de los grupos sojeros".

Esta semana, la Corte Suprema ordenó frenar los desmontes autorizados en unas 800 mil hectáreas. Pero la medida no alcanza a las últimas autorizaciones.

El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidad de Salta, mediante un comunicado, aseguró que "la ley aprobada constituye una grave amenaza para el ambiente y configura la legalización de los delitos de ecocidio y genocidio, es desde todo punto de vista violatoria de la Constitución Nacional, de los derechos ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas".