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Medio Oriente - Asia - Africa
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Bongo, los tribunales franceses y los bienes mal adquiridos
Renaud Vivien y Damien Millet
Omar Bongo, dictador de Gabón durante más de 40 años, falleció el pasado 8 de
junio (1). Mientras Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac se apresuran a rendirle un
homenaje de apoyo, ese viejo sirviente de la Francáfrica y los miembros
de su familia tienen pendiente una denuncia en Francia. La muerte de Bongo no
implica la detención de la investigación judicial que también afecta a otros dos
jefes de Estado africanos en activo: Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville) y
Théodore Obiang (Guinea Ecuatorial), acusados de malversación del dinero público
de sus países dilapidado en la adquisición de automóviles de lujo y suntuosos
bienes inmobiliarios...
El 5 de mayo de 2009, el decano de los juzgados de instrucción del centro
financiero de París provocó un auténtico terremoto en el mundo político-judicial
al declarar válida la denuncia con constitución de parte civil contra los tres
presidentes citados y sus familiares. Pero esta decisión judicial, histórica en
la materia, ha suscitado una reacción hostil del ministerio fiscal de París, que
la apeló el 7 de mayo. El motivo invocado es que el denunciante, Transparency
International , no tendría capacidad para actuar, cuando resulta que dicha
ONG está especializada en la lucha contra la corrupción a nivel internacional…
Ahora corresponde al Tribunal de apelación de París resolver esa cuestión de
validez de la denuncia. Desde el inicio de este caso, en 2007, se han ejercido
numerosas presiones sobre los congoleños y gaboneses que se atreven a denunciar
los bienes mal adquiridos y se presentan como parte civil. Los medios ejercidos
sobrepasan ampliamente la intimidación: el 21 de enero de 2009, hubo dos
incendios (uno en Congo Brazzaville y el otro en Francia) en los domicilios de
los militantes congoleños Bruno Jacques Ossebi y Benjamin Toungamani, que
causaron las muertes del primero, su esposa y sus dos hijos (2).
La apelación del ministerio fiscal, desgraciadamente, no es nada sorprendente:
es la tercera vez que intenta contrarrestar el trabajo de la justicia. El caso
ya se cerró irregularmente en noviembre de 2007 y septiembre de 2008, porque la
infracción (la sospecha de malversación de bienes públicos) no estaba
«suficientemente tipificada», según dicho ministerio fiscal. Sin
embargo, una investigación de los servicios de policía llevada a cabo tras la
denuncia simple presentada en marzo por las asociaciones Sherpa, Survie
y la Federación de Congoleños de la Diáspora, estableció claramente la
existencia de bienes mobiliarios e inmobiliarios de un valor considerable ( 3)
que no se correspondía con los ingresos declarados por esos dirigentes y sus
familias: 39 propiedades y 70 cuentas bancarias pertenecientes a Omar Bongo y
sus familiares, 24 bienes inmobiliarios y 112 cuentas bancarias de la familia
Sassou-Nguessso, así como las limusinas adquiridas por la familia Obiang.
La investigación también reveló el papel jugado por diversos intermediarios, ya
que nada habría sido posible sin los beneplácitos del poder político, de hombres
de negocios y sin la pericia de la ingeniería financiera francesa (4).
Todo eso demuestra con claridad que el ministerio fiscal , nombrado por el
presidente de la República y ubicado bajo la autoridad del
ministro de Justicia, es una pieza esencial de una «Francáfrica» que continúa
vigente a pesar de los discursos de «ruptura» de Nicolas Sarkozy. Los
intereses neocoloniales de Francia al servicio de sus multinacionales, como
Total, establecida en los tres países encausados, se siguen defendiendo
sólidamente y el mecanismo de la deuda es la piedra angular.
En efecto, la deuda ha sido el medio de la nueva colonización que, cincuenta
años después de las independencias africanas, continúa saqueando los recursos
del sur en provecho de los ricos acreedores y las grandes empresas del norte,
con la complicidad de las élites corruptas del sur, que recaudan su comisión al
paso. Las malversaciones de dinero público de los dirigentes de países en
desarrollo, en realidad, sólo son la punta de un iceberg sencillamente
inadmisible: un sistema global de dominación y opresión de un puñado de
individuos del norte y el sur sobre miles de personas cuyos derechos
fundamentales se pisotean (5).
En la época de la crisis de la deuda del Tercer Mundo, a principios de los años
80, la soga se cerró alrededor del cuello de los pueblos del sur: los planes de
ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial han conllevado el
saqueo masivo de los recursos naturales y un dramático deterioro de las
condiciones de vida. La deuda, la corrupción y la pobreza galopan, pues, al
unísono: los préstamos de los acreedores alimentan las malversaciones y
refuerzan las dictaduras esparciendo miseria y represión (6)
Sin embargo, dichas deudas son ampliamente odiosas y nulas en el derecho
internacional, puesto que las contrajeron regímenes autoritarios y corruptos,
sin beneficio para las poblaciones y con la complicidad de acreedores que no
ignoraban la naturaleza de los regímenes a los que prestaban. Por lo tanto, la
totalidad de las deudas del sur deberían ser objetos de investigación. El
establecimiento de auditorías de la deuda, reivindicadas por el
CADTM y por el
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