Un aforismo español afirma que, a río revuelto, ganancia de pescadores. En este caso, los pescadores que ganan son los de las decenas de países que pescan en aguas de Somalia sin pagar ninguna clase de arancel y cuya ganancia asciende, según el Congreso Somalí de Canadá, a 300 millones de dólares anuales. Tampoco es parca la ganancia de las navieras y comerciantes que necesitan pasar por aguas somalís, pues esquivando Yemen ahorran cientos de millones de dólares. Pero hay otros pescadores peculiares, pescadores que, más que pescar, hacen lo contrario, es decir, arrojar cargas envenenadas por la borda cuando nadie mira.

En los siglos de la edad de oro de la piratería, esta se concentraba en el mar Caribe, por el que cada año surcaban miles de buques cargados con el producto del sudor y la sangre de millones de africanos esclavizados que trabajaban gratuitamente para que Europa lo derrochara en los dispendiosos fastos de las monarquías absolutas y en las guerras interétnicas que sacudían el continente. No menos de un tercio de estos piratas eran personas esclavizadas que habían conseguido escapar de la opresión y la ignominia del más productivo crimen de la Historia de la humanidad, la esclavitud de africanos en América. Ya por entonces existía la contaminación por metales pesados, sobre todo por los productos utilizados en los procesos de minería del oro y la plata. En la actualidad, poco parece haber cambiado en el mapa del saqueo y las justificaciones morales para matar pájaros a cañonazos son las mismas que entonces.

Cuando en 2008 los ex pescadores somalís asaltaron el buque ucraniano Fania cargado con armamento no declarado, el representante de los corsarios Januna Ali aseguró que "se tomaban el rescate en pago por la destrucción de las costas somalís por la basura tóxica". Entonces, en medio de la polémica por el destino de las armas, pocos medios se hicieron eco de estas declaraciones, pero esta puede ser otra de las razones por la que Wardheer News asegura que más del 70 por ciento de la población local apoya las acciones de estos hombres de mar por considerarlas una forma de defensa de los intereses nacionales.

El Partido Verde Europeo puso de manifiesto que, ya en 1992, las compañías Suiza Achair Partners e Italiana Progresso negociaron con determinados señores de la guerra arrojar basura tóxica en las costas del Cuerno de África, si bien ambas firmas han negado este extremo. El oportunismo ha llevado desde entonces a decenas de compañías de diferentes países a arrojar sin pedir permiso, ni siquiera a las débiles e ilegítimas autoridades de los estados semi independientes, decenas de toneladas de residuos tóxicos, incluido material radiactivo. La razón es evidente: se calcula que el coste por tonelada de residuo tóxico en Somalia es de entre 8 dólares para los vertidos negociados y 2,5 dólares para los vertidos gratuitos, mientras que el coste de hacerlo en un país con control y tratamiento científico de residuos tóxicos puede alcanzar los 1.000 dólares. El tsunami de diciembre de 2004 puso de manifiesto este problema al remover las aguas cercanas a la costa y llevar hasta las playas de las humildes aldeas y pueblos bidones con un veneno de largo recorrido de muerte, en ocasiones de decenas de miles de años.

Representantes del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente han venido señalando desde entonces que en las poblaciones del norte de Somalia se da una anormal concentración de hemorragias abdominales y problemas cutáneos. Estos efectos son propios de una contaminación nuclear: se estima que cerca de 300 personas podrían haber fallecido por causa directa de estos residuos, mientras que los efectos sobre la fauna marina no han sido aún evaluados. Según Ahmedou Ould-Abdallah, enviado de Naciones Unidas, las evidencias muestran que se han venido arrojando toneladas de residuos tóxicos, metales pesados producto de desechos hospitalarios y residuos nucleares. Además, se denuncia la posible implicación de la mafia italiana, que controla un tercio del procesado de residuos y basuras en el país europeo.

Mientras tanto, los hechos históricos siguen su curso, y desde principios de 2007 han fallecido en los diferentes enfrentamientos más de 16.000 civiles, más de un millón de personas se han visto desplazadas y tres millones dependen de los diferentes programas de ayuda alimentaria. En la actual batalla de Mogadiscio se dirime si los somalís van a adoptar el modelo del islamismo radical por connivencia del actual Gobierno moderado de la Unión de Cortes Islámicas, liderado por el jeque Sharif (Sheikh) Ahmed, con los intereses de Occidente y de determinados países de Asia. Aunque la información veraz escasea, parece que todavía las milicias radicales de Al Sahab no cuentan con el apoyo mayoritario de la población somalí. Ya es hora de que los países africanos vecinos se den cuenta del peligro de que la inestabilidad somalí sea una excelente excusa no sólo para verter basura tóxica, sino para que las potencias mundiales propongan la recolonización de África.

Como refuerzo a este argumento, están las declaraciones del portavoz de la OTAN, James Appathurai, quien ha afirmado que hay que solucionar el agujero legal existente sobre qué hacer con los piratas de Somalia. El hecho es que la reforma legal que se propone sólo puede ir en la línea de subvertir la soberanía somalí, porque tal y como está conformado el Derecho Internacional, no hay otra forma de cumplir, como diría Patrice Émery Lumumba, con la voluntad del más fuerte disfrazada de legalidad internacional.

Antumi Toasijé es historiador. Director del Centro de Estudios Panafricanos.

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