Los recientes acontecimientos en torno a Zimbabwe muestran
abiertamente cuáles son las verdaderas intenciones de un grupo de países
occidentales -liderados por Estados Unidos y Gran Bretaña- con el gobierno de
Robert Mugabe. El andamiaje orquestado por los grandes centros de poder y sus
medios de comunicación intentan construir un estado de opinión mediático global
para satanizar al líder africano y dar al traste con su gestión.
Mugabe, a través del portavoz gubernamental, George Charamba, acusó a principios
de diciembre a Washington y Londres de preparar una invasión contra su país y
rechazó nuevamente presiones para obligarlo a renunciar.
En los últimos años múltiples han sido las medidas adoptadas con la finalidad de
producir un colapso en el actual Ejecutivo zimbabwense, con el consiguiente
detrimento de la economía y sus efectos a escala social.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron sanciones que incluyen el
embargo de armas, equipamiento y asesoramiento técnico militares; la
transferencia de artículos de defensa y servicios, y la suspensión de asistencia
gubernamental no humanitaria.
Aplicaron restricciones monetarias que prohíben a sus ciudadanos hacer
transacciones o negocios con Zimbabwe, congelaron cuentas e impidieron la
entrada a la UE de altos funcionarios del gobierno.
La negativa de visado incluye al presidente, su esposa y 168 ciudadanos de este
país austral, 11 de los cuales engrosaron el listado el pasado 8 de diciembre
por acuerdo de los 27 cancilleres del ente europeo, quienes pidieron también la
renuncia de Mugabe.
A estas acciones se añaden ataques terroristas e intentos de asesinato como el
perpetrado el 13 de diciembre contra el jefe de las Fuerzas Aéreas, Perrance
Shiri, quien resultó herido de bala en una emboscada mientras se dirigía a su
casa.
El ministro de Asuntos Exteriores del estado africano, Kembo Mohadi, denunció
que la agresión "parece ser una acumulación de ataques terroristas contra
personas prominentes, funcionarios, establecimientos del gobierno y sistema de
transporte público".
Una información divulgada por el periódico The Herald reveló que el 2 de agosto
último la Estación Central de Policía de Harare fue bombardeada, al igual que la
carretera sobre el río Manyame y un puente de ferrocarril, 21 días después.
De acuerdo con Mohadi, estos episodios comenzaron en marzo del pasado año con el
ataque a pozos petroleros, en el que dos policías sufrieron heridas.
Los acuñados términos de "crisis política" y "crisis sanitaria" -vinculadas a
las complejas elecciones de marzo y a la actual epidemia de cólera- sirvieron de
instrumento político para incrementar la campaña de descrédito contra Harare.
A la cruzada se unieron el mandatario francés, Nicolás Sarkozy, y su canciller,
Bernard Kouchner, la secretaria estadounidense de Estado, Condoleezza Rice, el
primer ministro británico, Gordon Brown, y el representante de Política Exterior
y Seguridad de la UE, Javier Solana.
Todos ellos y otros más, incluidas algunas figuras africanas, abogaron por
incrementar las sanciones y la renuncia del mandatario.
Los efectos de estigmatizar los comicios fracasaron y entonces centraron sus
esfuerzos en utilizar la tragedia del cólera -con más de mil muertos y más de 20
mil contagiados- como factor político desestabilizador.
Es evidente el interés de los enemigos de Mugabe en culparlo por la propagación
de la epidemia y el deterioro en los servicios de salud, la educación, el
empleo, suministro eléctrico y la economía en general.
Una visión distinta la tiene el periódico zimbabwense The Sunday Mail al decir
que "las víctimas del cólera son el resultado del congelamiento de fondos que
privan al país del dinero necesario para la adquisición de productos químicos y
potabilizar el agua".
