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Las etnias indígenas al borde de la extinción a consecuencia de la guerra
Rebelión
En su visita a Colombia, el relator de las Naciones Unidas para los Pueblos
Indígenas, James Anaya, constató que hay numerosas etnias al borde del
exterminio y que muchas son víctimas de los diferentes grupos armados y en
algunos casos del mismo ejército. Oidhaco hace un llamado a la Unión Europea
para que colabore en la protección de estos pueblos.
La Organización de Derechos Humanos Acción Colombia -Oidhaco-, con sede en
Bruselas y que agrupa a una treintena de organizaciones de 10 países europeos,
ve con preocupación la situación por la que atraviesan los pueblos indígenas
colombianos que se encuentran en medio del fuego cruzado de la guerra y que son
víctimas de las guerrillas, del ejército colombiano y de los grupos
paramilitares.
El drama humanitario que afecta a estas etnias hizo que el Relator de la ONU
para los pueblos indígenas, James Anaya, visitara el país, que hablara con altos
representantes gubernamentales, con los líderes indígenas y que visitara parte
de los territorios ancestrales. Constató in situ que el robo y expulsión de sus
tierras por parte de los grupos paramilitares, que el asesinato de sus líderes a
cargo de guerrillas, especialmente por las Farc, paramilitares y miembros del
ejército, entre otras causas, están consiguiendo que cada día sean menos las
etnias, que muchas de ellas se encuentren en peligro de extinción, y que el
índice de mortalidad infantil sea escandalosamente más elevado que la media
nacional. El Relator instó a los grupos ilegales para que "supriman el
reclutamiento y la vinculación de niños y niñas indígenas" y que eliminen de sus
prácticas "el usos de minas antipersonal".
Anaya hizo referencia al Auto de la Corte Constitucional Colombiana en el que
denuncia que "los pueblos indígenas sufren alarmantes patrones de desplazamiento
forzado, homicidios, falta de alimentación y otros problemas graves a causa del
conflicto colombiano", y que ante las "situaciones de urgencia que esto genera,
no se ha recibido una respuesta estatal acorde a su gravedad". Concluye el
Relator, que los testimonios escuchados de los indígenas, "confirman la
evaluación de la Corte". Al constatar esta situación Anaya declara que "las
iniciativas del Gobierno de Colombia en materia de los derechos para los pueblos
indígenas necesitan ser consolidadas y su efectiva implementación asegurada".
La Corte Constitucional Colombiana caracterizó a 34 pueblos indígenas en
condiciones particulares de vulnerabilidad y las organizaciones
non-gubernamentales colombianas, entre ellas la Organización Indígena Colombiana
-ONIC, denuncian que de los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia, 60
tienen menos de 500 habitantes, diez de ellos con menos de cien, lo que hace que
su desaparición sea inminente si no se les brinda una protección especial por
parte del Estado.
En un estudio entregado a Anaya, la ONIC, denuncia que entre 2002 y 2009, mil
indígenas han sido asesinados, 176 han sido desaparecidos y 187 fueron víctimas
de violencia sexual y tortura. De los 13.750 hechos violentos perpetrados contra
los indígenas en este periodo – cifra sin precedentes – el 48% se atribuye a las
guerrillas, el 34% a las fuerzas de seguridad y el 13% a grupos paramilitares.
En sus conclusiones a la visita a Colombia el Relator Anaya, afirma que
persisten "alegaciones de violaciones de derechos humanos por miembros de la
fuerza pública y que siguen sin ser resueltos varios casos con víctimas
indígenas".
En cuanto a los megaproyectos económicos que se aprueben para realizar en zonas
indígenas, muy en boga actualmente gracias a los acuerdos comerciales que
Colombia está tramitando con la Unión Europea y los Estados Unidos, el Relator
señala la necesidad "de armonizar la política pública de desarrollo del país con
los derechos humanos e individuales de los pueblos indígenas", en especial, con
aquellos proyectos relativos a la extracción de recursos o infraestructura: "El
reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los pueblos
indígenas es necesario para establecer condiciones sostenibles de paz y asegurar
la supervivencia de los pueblos indígenas".
Oidhaco, apoyada en el informe del Relator Especial de la ONU para los Pueblos
Indígenas, y en los diversos estudios de la ONGs colombianas, hace un llamado al
Gobierno colombiano para que proteja a las etnias indígenas víctimas de una
guerra de las que ellas no hacen parte, insta a las guerrillas y grupos
paramilitares para que respeten los derechos de los pueblos indígenas, y
solicita a la Unión Europea que tome parte activa en una estrategia sostenible
de protección a corto y largo plazo de su integridad y su estilo de vida.