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El costo ambiental de un desarrollo arcaico
La amazonia brasileña en el umbral de una nueva era
Marina Silva
Informe-Dipló
La Amazonia brasileña se encuentra en una situación límite. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva debe decidir si desea liderar la transición hacia nuevos parámetros de desarrollo global o prefiere continuar avalando la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales en beneficio de una minoría.
Varios estudios recientes han expuesto diferentes facetas del modelo
económico arcaico y predatorio que todavía predomina en la Amazonia brasileña. A
pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el gobierno federal,
las administraciones estatales y municipales, y la sociedad civil –lo que dio
como resultado una reducción continua de los índices de deforestación desde
2005–, el hecho es que el 17% del bosque tropical brasileño ya ha sido
consumido; y los mecanismos y prácticas que destruyen la biodiversidad,
perjudican los servicios ambientales (1), generan conflictos sociales,
empobrecen la cultura, marginan poblaciones, agravan el calentamiento global y
comprometen la imagen de Brasil, continúan vigentes.
La edición de junio de 2009 de la revista Science (2) incluye un estudio
sobre el tema, firmado por investigadores del Instituto del Hombre y el Medio
Ambiente de la Amazonia (Imazon), que bautiza este modelo como "boom-colapso",
en alusión al efecto "sube y baja" que caracteriza la economía de la región:
grandes ganancias financieras para un pequeño grupo al principio, seguidos de
pérdidas y perjuicios para la sociedad en general.
Los investigadores constataron que, en el corto plazo, mejoran los indicadores
socioeconómicos, como por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin
embargo, los beneficios duran alrededor de una década y media, agotándose cuando
se terminan la explotación de madera y la productividad de la ganadería. En ese
momento, entonces, los municipios pasan a presentar índices de calidad de vida
parecidos a los del período anterior a la deforestación, con una diferencia
fundamental: perdieron la oportunidad de hacer un uso adecuado de los activos
naturales y de crear una economía sostenible con una distribución de la renta
más ecuánime. Sumado a eso, heredan suelos degradados, desempleo, concentración
agraria, éxodo rural, miseria urbana y, por supuesto, el fin de los bosques y de
los recursos naturales disponibles.
El año pasado se publicaron asimismo otros importantes trabajos realizados por
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que describen las prácticas deletéreas
de poderosos grupos empresariales y sus negocios globales, lo que causó un
fuerte impacto en la opinión pública.
En octubre de 2008, la ONG Repórter Brasil redactó una lista de las empresas
establecidas en San Pablo que se benefician con el avance predatorio de la
actividad agropecuaria y maderera ilegal sobre el bosque, además de mantener
relaciones comerciales con propietarios e inversores rurales que explotan el
trabajo esclavo. La divulgación del trabajo, titulado "Conexiones sustentables
San Pablo-Amazonia: quién se beneficia con la destrucción de la Amazonia" (3),
dio como resultado la firma de tres pactos empresariales para el control de las
cadenas productivas de la madera, la ganadería y la soja oriundas de la Amazonia.
La organización Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña publicó, en abril de
2008, el informe "La hora de la cuenta – Ganadería, Amazonia y coyuntura" (4),
en el que explica que la Amazonia se consolidó como una importante región
productora de carne debido a la instalación de megafrigoríficos, financiados con
recursos públicos subsidiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES) de Brasil del orden de los 6.000 millones de reales en 2008, un
récord histórico. De ese monto, casi nada se destinó al aumento de la
productividad y la recuperación de tierras degradadas o abandonadas. El informe
muestra incluso que uno de los factores centrales para la viabilidad de la
ganadería en las principales regiones productoras de la Amazonia es la invasión
y la posesión ilegal de tierras públicas, acompañada de deforestación irregular.
A comienzos de este mes, Greenpeace Brasil divulgó por su parte, después de tres
años de estudios, el informe "La farra del buey" (5). Allí, la organización
ambientalista revela que la destrucción de la Amazonia se debe mayoritariamente
al sector ganadero, responsable de una de cada ocho hectáreas de bosques
tropicales destruidas en el planeta. Ese trabajo analiza las fuertes inversiones
gubernamentales destinadas a ese sector, con el objetivo de consolidar el
liderazgo de Brasil en la exportación de carne bovina y duplicar su
participación para alcanzar los dos tercios del mercado mundial de aquí a 2018.
El informe hace también una lista de varias empresas nacionales e
internacionales que se abastecen de productos de esa cadena productiva ilegal y
antiética, y acusa al BNDES de contribuir a la devastación ambiental, en la
medida en que financia a los frigoríficos sin exigir contrapartidas ambientales.
La novedad que introdujo el estudio de Greenpeace fue su sociedad con el
Ministerio Público Federal para iniciar acciones civiles públicas en el Estado
de Pará contra los frigoríficos y las redes de venta minorista citados en el
texto. La medida generó diferentes reacciones: grandes cadenas minoristas, como
Wal-Mart, Carrefour y Pão de Açúcar, suspendieron las compras a los frigoríficos
involucrados, exigiendo a los proveedores trazabilidad y garantías
socioambientales confiables para los productos provenientes de la Amazonia. Las
entidades ruralistas ya intentaron descalificar el estudio e intimidar a sus
autores con procesos judiciales, en lugar de adoptar técnicas productivas
sustentables que favorezcan la ganancia de productividad, trazabilidad y
recuperación de las áreas degradadas.
A pesar de las evidencias recabadas en los estudios citados y de importantes
resultados alcanzados en el ámbito del Programa de Prevención y Control de la
Deforestación en la Amazonia, la ideología y las fuerzas que sustentan el modelo
predatorio continúan en plena forma debido, especialmente, a la postura
equivocada de algunos sectores del gobierno federal y del Congreso Nacional.
Teniendo en cuenta las urgencias de nuestro tiempo –sintetizadas por la
confluencia del agravamiento del calentamiento global y la situación dramática
de las poblaciones pobres en todo el planeta– la persistencia de un patrón de
desarrollo arcaico en Brasil –país clave para iniciar el viraje necesario hacia
un modelo de base sustentable– es muy preocupante.
Desde los ministerios que definen políticas vitales para la Amazonia llegan
discursos y medidas que aumentan esa preocupación, al converger en el
desmantelamiento de la legislación ambiental y la defensa de facilidades
económicas para sectores que especulan con tierras en la región (6), y al
negarse a asimilar métodos que eviten nuevas deforestaciones. Esos sectores
fueron premiados recientemente con una regularización agraria que distribuyó más
de 60 millones de hectáreas de tierras públicas, buena parte de ellas a personas
y grupos que las invadieron y promovieron su deforestación a gran escala. O sea,
las autoridades responsables de las políticas de desarrollo tratan a los bosques
como un obstáculo y no como un beneficio para la nueva economía del siglo XXI.
La voz del pueblo
Tal postura, no obstante, está siendo confrontada por las constantes alertas
tanto de respetados formadores de opinión como de la propia sociedad. En una
investigación realizada por el Instituto DataFolha en mayo pasado, el 96% de la
población brasileña defendió la legislación ambiental y dio un mensaje claro a
los productores rurales: pide respetar los límites establecidos por la ley para
la protección de bosques, ríos, suelos y biodiversidad (7). Ya no se acepta la
justificación de la producción de alimentos a costa de la destrucción ambiental.
Se ha llegado así, a un umbral. El gobierno brasileño necesita hacer una
elección clara: liderar una transición que convierta a Brasil en una referencia
mundial en la búsqueda de nuevos parámetros de desarrollo, o seguir siendo
fiador del pasado, garantizando sobrevida a una concepción de mundo ya superada,
que se basa en otorgar privilegios y permitir la sobreexplotación de los activos
sociales y ambientales para usufructo de algunos pocos, sin medir las
consecuencias.
La investigación de Datafolha mostró que los brasileños quieren empleo, renta y
acceso a bienes de consumo, pero no a cualquier precio. Quieren también
seguridad ambiental, compromiso ético y visión a largo plazo para crear hoy las
condiciones para un salto civilizatorio indeclinable.
En la Amazonia ese dilema se plantea de varias maneras. La explotación ganadera
y maderera irregular es sólo uno de los aspectos. Otro, de igual importancia, es
la puesta en marcha de obras de infraestructura. El conocimiento acumulado sobre
las debilidades del bioma amazónico recomienda cuidados especiales en ese tipo
de proyectos, comenzando por el imprescindible proceso de licenciamiento
ambiental, hecho en forma y tiempo adecuados. Frente a eso, las maniobras para
evitar o flexibilizar los procedimientos exigidos por la legislación con el
objetivo de acelerar la aprobación de las obras, como se intenta, por ejemplo,
con la ruta BR 319, son inaceptables. La historia enseña que, realizadas en
discrepancia con las contingencias ambientales, esas obras son inductoras de
procesos económicos y sociales que pueden redundar en verdaderas catástrofes
sociales, culturales, ecológicas y económicas en toda el área de influencia del
emprendimiento, en vez de generar los beneficios esperados.
Brasil vive un momento crucial, que exige, para que sea posible prosperar,
elecciones valientes en pos de un cambio de rumbo y de patrones. Las
alternativas ya existen, tienen fuerte base tecnológica, una concepción política
e institucional innovadora y sectores de punta dispuestos a superar sus límites
adoptándolas. Se trata de un desafío que no es sólo de los brasileños. Se impone
a toda la comunidad global. Evidentemente, el país que detenta un patrimonio tan
significativo como la Amazonia tiene una misión especial que cumplir.
Una misión domesticadora, en términos del siglo XXI. Si antes, en la historia de
la humanidad, domesticar significaba dominar, sojuzgar e imponer, hoy quiere
decir tener la capacidad de reinventar la civilización, sumando el ambiente
natural como parámetro para la superación de los excesos y equívocos de la
sociedad de consumo, en una perspectiva anticipatoria de la sociedad sustentable
que se pretende consolidar.
Brasil es candidato natural a ser una gran nación para navegar el futuro y no
puede continuar preso de las peores amarras de su historia, sin utilizar
plenamente lo que ésta le ofrece como herramienta liberadora: los excepcionales
recursos naturales y la igualmente excepcional diversidad social y cultural. A
lo largo de las últimas décadas, esta opción ya fue realizada por crecientes
contingentes sociales en los espacios académicos, comunitarios, empresariales,
de organizaciones de la sociedad civil y en nichos de excelencia del sector
público. De esa nueva cultura han emanado continuas demostraciones de que dar el
salto cualitativo es posible y viable. Falta la opción decidida de aquellos que
tienen mucho poder en el proceso decisorio del país y en la implementación de
grandes políticas, es decir, los gobernantes y los sectores empresariales de
peso.
Marina Silva es senadora de la República Federativa del Brasil por el Estado de
Acre en representación del Partido de los Trabajadores (PT), fue ministra de
Medio Ambiente (2003-2008).
Traducción: Claudia Solans
Notas:
1 Los servicios ambientales son funciones ecológicas y procesos que aseguran el
equilibrio de los ecosistemas y posibilitan la supervivencia y el bienestar de
todas las especies en el planeta.
2 Science, Vol. 324, Nº 5.933, Nueva York, junio de 2009.
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