Desde 1728 existió en la Capitanía General de Venezuela (1) una empresa denominada 'Real Compañía Guipuzcoana de Caracas' (2), hoy comúnmente conocida como 'Casa Guipuzcoana'. Dicho ente estuvo autorizado por la corona española para regular todo el comercio entre la península y la mencionada colonia bajo un monopolio en la compra y la venta, para que los beneficios y los productos fluyeran a conveniencia de la administración central. Ello generó un verdadero drenaje de recursos económicos locales provenientes de la extracción de materia prima desde este rincón del nuevo mundo, junto con la importación de costosos productos hispanos hacia una Venezuela que era dependiente y atrasada, según los estándares europeos. De esta manera se legalizaba el rol pasivo dentro de la incipiente división internacional del trabajo, mientras se capturaba el grueso de las ganancias que los emprendedores habían logrado obtener antes de esa regulación.

La vieja empresa ubicada en el puerto de La Guaira era responsable de asuntos muy diversos, como por ejemplo transportar los contenidos ideológicos que se iban a leer en el país bajo los lineamientos monárquicos, entre lo que también llegó algo de literatura enciclopedista, iluminista y republicana. Esto se fundamentaba en el sistema de privilegios que precedió a la subsiguiente normativa de derechos de autor o copyright. También estaba entre las funciones de la Compañía asegurarse que los productos holandeses, ingleses, y franceses ya no encontraran cabida en los principales puertos del centro-sur del Mar Caribe. Esto último se fundamentaba parcialmente en las regulaciones de origen comercial que se vincularon al sistema de marcas comerciales, lo que se complementó con medidas administrativas de otro tipo. Obviamente la Compañía Guipuzcoana también velaba porque las cosechas de cacao y tabaco se dirigieran a puertos controlados por los funcionarios de los reyes hispanos, junto con otros productos minoritarios como el oro, garantizados por el control militar del territorio. Los precios determinados por la Compañía eran determinados por los encargados provenientes del extranjero, como ocurre en toda colonia. Además de sus funciones administrativas paralelamente ejercieron cierta influencia política y hay que notar que el propio Rey era uno de sus accionistas.

De la vieja empresa hoy sólo queda una antigua edificación, pero hace casi tres siglos en todas las colonias indoamericanas otras empresas funcionaban de manera similar a la Casa Guipuzcoana, territorios que dependían de la administración de Sevilla, sometidos a la rectoría del Consejo de Indias con la gestión de la Casa de Contratación de Indias (3). Se mantenía una mínima rentabilidad local para poder generar una auténtica riqueza dirigida hacia el imperio español con la aplicación de tasas, regalías o el denominado quinto real para los productos mineros. Ese desequilibrio estaba sustentado por un sistema que a los ojos de los juristas era perfectamente legal, que establecía reglas de juego injustas y ventajistas en contra de los pueblos que debería haber sido los auténticos dueños de los recursos. Para la época cuestionar esto resultaba un acto de subversión que hoy se ve como justificado bajo el criterio independentista, pero en esos años dicha crítica era considerada como algo cercano a la herejía que se podía pagar con la vida.

Sin embargo, el proceso independentista interrumpió temporalmente este desangramiento económico, que generaba grandes ganancias para España y grandes cargas para los venezolanos, y también para los latinoamericanos en general, experimentándose cierta apertura comercial durante un breve período post-independentista. Lamentablemente la sangre que fue derramada para lograr reivindicar aquellos derechos económicos no sirvió para alcanzar una verdadera soberanía tecnológica duradera, ya que el dominio que antes se imponía por medio de látigos, espadas y arcabuces luego se reimpuso por medidas más moderadas y aceptables que cumplieron las mismas funciones con mayor disimulo. Esto ocurrió por medio de la adopción de doctrinas legislativas ajenas, que durante casi dos siglos han puesto a generaciones de industriales y comerciantes a trabajar en beneficio de los grandes centros mundiales de producción.

Hoy día las funciones de la vieja Compañía Guipuzcoana parecen ser un recuerdo del pasado, a menos que hurguemos para descifrar el panorama que todavía oprime un desarrollo nacional que debió impulsarse tras la independencia. Resucitar la explotación colonial durante la modernidad ha requerido utilizar diversas denominaciones y adoptar distintas máscaras, varias de ellas ocultas en tratados de propiedad intelectual como son los de patentes, marcas y derecho de autor. Ahora los compradores siguen tributando diariamente unos beneficios poco conocidos que terminan engrosando cuentas bancarias del extranjero por medio de regalías que son perfectamente legales a los ojos de los países desarrollados, pero cuya legitimidad vale la pena cuestionar. Las monedas que antes eran denominadas 'reales' hoy han sido sustituidas por la fuga de bolívares, pero realmente todo termina transándose en dólares y en atraso a cuenta de un sistema internacional de propiedad intelectual que supuestamente es neutro.

Cuando en junio de 2009 el presidente Hugo Chávez habló de revisar el tema de las patentes en Venezuela (4) retomó un aspecto que invita a repensar en aquella injusticia acumulada durante la colonia y que lleva a desenmascarar la histórica injusticia encubierta durante la revolución industrial de la que apenas fuimos testigos pasivos. Durante generaciones se permitió el progreso a unos pocos empresarios, mientras se mantuvo a la mayor parte de la población en deuda permanente al tener que depender de unos inventos patentados y unos conocimientos restringidos que utópicamente podían emancipar a los excluidos. Actualmente las patentes funcionan como si fueran una simple propiedad que ponen lejos del alcance de la mano lo que nuestros ciudadanos necesitan. Ellas verdaderamente no constituyen una propiedad real, sino son simples pactos avalados por el Estado que deben beneficiar al colectivo, aunque la historia señala lo contrario. Hoy pocas personas alzan la voz para denunciar que de cada 10 patentes que se registran en Latinoamérica, apenas una o dos son producto de la inventiva nacional, mientras que el resto provienen del extranjero, pero de ese universo de 10 todas se fundamentan en el principio egoísta de la ´propiedad´ que ha generado tantos desposeídos en el nuevo mundo.

Desde la independencia venezolana la evolución de la regulación en materia de inventiva no fue muy brillante debido al desconocimiento en la materia que ha sufrido toda Latinoamérica, situación que debió haber llevado a los legisladores de antaño a revisar documentos foráneos como referencia. Craso error, pero lo mismo se hace actualmente. Aunque no se niega que es importante que los legisladores conozcan el contexto internacional, el estudio de otros modelos en el fondo suele derivar en un proceso escasamente crítico de adopción de normas muy complejas. Esta consulta hoy se denomina elegantemente 'derecho comparado', pero cuando las consecuencias finalmente son comprendidas ya las leyes y tratados están aprobados y actuando en perjuicio de los tecnólogos nacionales. Es así que se promulgaron las primeras leyes venezolanas de patentes de los años 1842, 1854 y 1860, en plena gestión de José Antonio Páez y sus sucesores proclives a intereses ajenos a la población. Resulta preocupante notar que las mismas personas que se jugaron la vida luchando contra la monarquía y la explotación, que indirectamente se enfrentaron a la dependencia tecnológica terminaron avalando leyes eurocentristas que reinstauraron el dominio de la ciencia metropolitana sobre la incipiente iniciativa local. Pobre resultado después de tanta sangre derramada. De esa forma la Compañía Guipuzcoana ya no era necesaria mientras sus efectos recobraban fuerzas.

En la era post independentista las primeras patentes venezolanas tuvieron como raíces doctrinarias los "privilegios" empresariales que antecedieron la revolución industrial. Los inversionistas del período republicano se beneficiaron de la emancipación de la denominada 'madre patria' para obtener más ganancias, sin transferir las ventajas al pueblo consumidor. La misma ley de patentes de 1882, suscrita por Guzmán Blanco, ya contenía elementos que estaban en boga en Europa, criterios que un año después se habían comenzado a universalizar por medio del Convenio de París que actualmente administra la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO). De manera interesada los comerciantes venezolanos del siglo XIX volvieron a aplicar algunos conceptos expropiadores de la ciencia colonial, como era la reivindicación de simples 'descubrimientos', es decir la apropiación de lo que la naturaleza o el ingenio popular ya había ofrecido y que entonces era convertido en un monopolio privado, a pesar de constituir parte del dominio público que todos debían disfrutar. Esta registrabilidad de los descubrimientos se mantuvo hasta mediados del siglo XX por medio de la ley de patentes de invención promulgada en 1927 por Juan Vicente Gómez. A pesar de que algunos legisladores del pasado hubieran actuado de buena fe, resulta que las siete leyes que Venezuela ha tenido en el área de la propiedad industrial muestran un patrón de modificaciones que mantuvo la dependencia tecnológica en un país que se reconocía como independiente. Esto constituye una clara tendencia de carácter político, aspecto que no quieren reconocen los defensores de la privatización del conocimiento.

Otro ejemplo de hace más de un siglo son las denominadas 'patentes de introducción', que consistían en un mecanismo de aparente liberación tecnológica, donde los importadores traían al país inventos extranjeros todavía desconocidos en nuestros territorios, con la excusa de estar tomando revancha sobre los países más desarrollados, para de esa forma adueñarse de los beneficios que con ellos se lograran a costa de los bolsillos de los venezolanos de entonces. La concepción de aquellas leyes de patentes de invención e introducción eran contradictorias, ya que coexistían con el hábito del secretismo tecnológico para ocultar la información estratégica, paradójicamente aplicadas junto con la supuesta revelación del sistema patentario. Además, el mayor centimetraje de las leyes se concentraba en los aspectos restrictivos, sin dedicar títulos, capítulos, artículos, numerales o párrafos al tema de la defensa del dominio público. Todo esto se hacía en un país netamente consumidor, que se fundamentaba y se fundamenta en leyes propias de los países productores. Parece que se hubiera olvidado el criterio de 'territorialidad' del sistema legislativo, que permite adoptar criterios favorables al país aunque ello no sea del gusto de las transnacionales.

A estas alturas del artículo el lector se preguntará: ¿qué tiene que ver la propiedad intelectual con los relictos de la economía colonial? ¿Qué tienen que ver las patentes, marcas y el derecho de autor con la vieja Compañía Guipuzcoana y otras empresas similares que expoliaron a nuestros antepasados latinoamericanos? ¿Qué tiene que ver esto con las luchas independentistas? A primera vista se nos ha hecho pensar que el actual marco legal del comercio de bienes intangibles corresponde a hechos y circunstancias recientes, y que la dominación colonial nada tiene que ver con esto por ser un acontecimiento muy anclado en el pasado. Esa tendenciosa táctica de ocultar los patrones macroeconómicos y las ataduras seculares ha funcionado en contra nuestra al privarnos de una visión en perspectiva. Se ha sugerido que vincular las causas con las consecuencias es un ejercicio cursi y rebatible. Gracias a la fragmentación cartesiana del conocimiento se nos acostumbró a ver los detalles por separado sin analizar la variable histórica en su conjunto para poder transformar la realidad. Sin embargo, al retroceder un poco se nota la amplitud del paisaje y se nota el triste resultado de haber copiado doctrinas intrínsecamente desequilibrantes.

La verdad es que no sólo es el tema de la propiedad intelectual el que está vinculado al viejo rol dominante de la Compañía Guipuzcoana, sobreviviendo bajo otras formas, maquillajes y denominaciones. Su espíritu está muy presente en los Tratados de Libre Comercio (TLC), también está en los préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional (FMI), está en los convenios multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al igual que en los tratados que el Estado firma y en diversos otros escenarios. Si ello ha ocurrido no es algo que debamos borrar de los libros de historia, pero reconocer hoy nuestros propios errores generacionales y analizarlos en vez de olvidar sus prolongadas consecuencias permitirá reescribir las leyes necesarias con una orientación que seguramente no será del agrado de los grandes centros tecnológicos y culturales, pero que permitirá disponer de reglas del juego que hagan posible el desarrollo endógeno a favor de las mayorías.

A pesar de lo manifestado en el presente artículo hay que reconocer que en ningún artículo de las pasadas o las vigentes leyes de patentes, ni en los acuerdos internacionales, se establece que las regalías o los altos precios pagados por los países en desarrollo deben fluir hacia los países desarrollados. Esto simplemente es un hecho consumado. Tampoco allí se reconoce que la población que no se amolde a los principios considerados como universales verá su desarrollo atrasado o será acusada de piratería y falsificación. Otro hecho consumado. He ahí el perfeccionamiento de la renovada estrategia de dominación: cierta sutileza hace que el ciudadano común no perciba cabalmente el ventajismo, mientras que la aparente neutralidad de la redacción es detectada por numerosos intelectuales, activistas y especialistas que denuncian la continuidad de esta injusta dinámica, pero en general se trata de personas que tienen poco acceso para influir en las decisiones legislativas. Sin embargo, la nueva propuesta venezolana para una nueva ley de propiedad industrial, anunciada por el Ministro de Comercio Eduardo Samán, tiene como reto revertir una serie de aspectos que pueden aliviar muchos problemas cotidianos relacionados con la soberanía y la inclusión.

Con las vigentes normativas de patentes, marcas, derecho de autor o copyright el requerido desarrollo endógeno tendrá las mismas ilusorias oportunidades que tuvo durante períodos que fueron denominados 'democráticos'. Con la actual voluntad para favorecer nuevas políticas industriales, científicas, tecnológicas y culturales aquella sangre patriota derramada hace dos siglos puede ser homenajeada adoptando un bienestar colectivo cuya hora finalmente ha llegado. A fin de cuentas, si diversos personajes libertarios como Gandhi o Bolívar hoy estuvieran vivos estarían luchando contra las nuevas reencarnaciones de aquellas Compañías Guipuzcoanas, así como también estarían objetando el sistema de propiedad intelectual que todavía mantiene la legalización de una antigua desventaja.