Silvia Ribeiro
La Jornada

José Antonio Dorantes, luchador social de la Huasteca potosina, miembro de La Otra Campaña, fue detenido el pasado 12 de junio. Su delito: trabajar largos años junto a las comunidades indígenas del área, como Chimalaco, para recuperar las tierras que aunque son de ellos y reconocidas como tales por las instancias agrarias oficiales, son invadidas por los terratenientes locales. Para éstos, la ley sirve cuando se acomoda a sus intereses (que es casi siempre); cuando no, andan armados y comprando los favores de las policías locales. En el caso de Chimalaco, la comunidad se organizó y recuperó parte de sus tierras.

A José Antonio, igual que a muchos otros indígenas y campesinos en México, le fabricaron un delito. Según la policía, participó en un motín ocurrido en el año 2000 en el municipio de Axtla, San Luis Potosí. En esa ocasión, un autobús atropelló y mató a una niña. La población del lugar, indignada, tomó la unidad y retuvo al conductor. Un año más tarde acusaron a José Antonio de motín, aunque él ni siquiera estaba en el estado durante la acción: se encontraba a muchas horas de allí, en la ciudad de Querétaro.

Parece de la época feudal, pero es apenas una gota de agua en el mar de represión contra las luchas de indígenas y campesinos por sus tierras, por la defensa y el uso comunitario y justo de sus territorios y recursos en el México actual. Por todo el país hay cientos de presos políticos, además de otros tantos desaparecidos y muertos. La mayoría son campesinos e indígenas, pero también pobladores urbanos organizados a muchos de los cuales se les fabrican delitos que nunca cometieron, por denunciar y oponerse al despojo de sus derechos, territorios y recursos.

Los motivos reales para la represión van desde abrir paso a la construcción de autopistas para favorecer a grandes operadores turísticos y comerciales –por ello siguen presos, también bajo cargos falsos, siete tzeltales de San Sebastián Bachajón, Chiapas– a la invasión de mineras extranjeras en Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco y Chiapas, pasando por los atropellos a las comunidades y ejidos para instalar enormes represas que nunca los beneficiarán como en Guerrero y Jalisco, por los impactos de la urbanización salvaje que invade tierras, seca y contamina el agua de las comunidades, por la instalación de grandes basureros e incineradores tóxicos y contaminantes, por facilitar a especuladores inmobiliarios, por otorgar impunidad a la producción sucia de las empresas trasnacionales con su herencia de contaminación fatal de aire, suelos y agua de las comunidades y barrios a las orillas de las grandes ciudades. Hasta el maíz, corazón de los pueblos, pretenden contaminar legalmente con transgénicos para dar gusto a las trasnacionales. ¿Sufrirán también represión violenta los que resisten este nuevo ataque?

Los territorios y recursos de los pueblos indígenas y campesinos siguen siendo un botín a conquistar a sangre y fuego. Siguen presas las víctimas e impunes los crímenes oficiales contra los luchadores sociales que pelean por sus territorios y sus derechos –los de hace décadas y los de ahora, como el ataque a San Salvador Atenco y las masacres cometidas en Oaxaca.

Con este telón de fondo, se reúne el 20 y 21 de junio el Primer Encuentro Continental Americano contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma, precedido de un encuentro nacional convocado por la red nacional contra la represión y por la solidaridad y organizaciones y colectivos de la Otra Campaña. Significativamente, la sede será el caracol zapatista Torbellino de nuestras palabras, en Morelia, Chiapas, un ejemplo de resistencia y construcción autónoma, una forma cotidiana de hacer historia y mantener viva la memoria.

Participarán en el encuentro organizaciones e individuos de muchos países de las Américas –incluidos indígenas amazónicos y delegados del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que han sufrido los ataques y la criminalización a sus movimientos sociales–así como participantes solidarios de otros continentes. Convocan a un ejercicio de reconstrucción y cuidado de la memoria colectiva, donde la resistencia al olvido de los crímenes del pasado se encontrará en diálogo intergeneracional que sirva para denunciar, informar y analizar la realidad actual. Ante la desidia y arbitrariedad de la justicia oficial, los convocantes proponen la creación de un Tribunal Autónomo Continental, donde los pueblos sean quienes juzguen los crímenes que todo el tiempo se renuevan. Ni José Antonio ni muchos otros que sufren represión están solos.

*Integrante del Grupo ETC