Gilberto L�pez y Rivas
La Jornada

Una de las conquistas del movimiento ind�gena, encabezado por el Ej�rcito Zapatista de Liberaci�n Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Ind�gena (CNI), ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo del Estado mexicano.

Antag�nico a los autogobiernos de pueblos y comunidades, el indigenismo se desarrolla a partir de contradictorias y complementarias perspectivas desde los aparatos estatales y grupos dominantes nacionales y regionales que �de acuerdo a necesidades y coyunturas econ�micas y pol�ticas� afirman un integracionismo asimilacionista de las entidades �tnicas diferenciadas de la nacionalidad mayoritaria "mexicana", o establecen un diferencialismo segregacionista que las mantiene en sus "regiones de refugio", siendo ambas pol�ticas, en esencia, negadoras de las culturas ind�genas y causantes del clientelismo y el corporativismo impuestos durante el r�gimen pri�sta.

La constataci�n de esta tesis en el movimiento ind�gena y el incumplimiento por los tres poderes de la Uni�n de los acuerdos de San Andr�s provocan una ruptura con el Estado mexicano que da cauce a procesos auton�micos de profundidad hist�rica, como los municipios rebeldes-juntas de buen gobierno zapatistas, y experiencias muy diversas en Oaxaca, Guerrero, Michoac�n, Jalisco, Chihuahua, entre otras entidades.

Por ello, no es sorpresa que desde hace m�s de un mes, ind�genas nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos de la Coordinadora Estatal Ind�gena del Alto Balsas y la Convenci�n Estatal Ind�gena y Afroamericana de Guerrero est�n denunciando ante la Comisi�n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Ind�genas (CDI) �continuaci�n panista del Instituto Nacional Indigenista (INI)� el nombramiento unilateral de Gonzalo Sol�s Cervantes como delegado estatal.

Con toda raz�n los integrantes de esas organizaciones ind�genas, cuyos or�genes se remontan al Consejo Guerrerense 500 a�os de Resistencia Ind�gena, aducen que el art�culo 6 del Convenio 169 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT) otorga el derecho de consulta a los pueblos ind�genas para todo aquello que les concierne. Su ejercicio incluso hab�a sido pactado con la representaci�n de la CDI en Guerrero desde 2007. No obstante, despu�s de realizado ese proceso consultivo mediante el que result� electo Guillermo �lvarez Nicanor, ind�gena nahua de ese estado, las autoridades de la CDI, encabezadas por Luis H. �lvarez, cuyo acercamiento a la problem�tica ind�gena se fundamenta �nicamente en haber sido miembro de la Cocopa, pasaron sobre esos acuerdos, imponiendo al delegado de su conveniencia. Esto provoc� la ocupaci�n de la sede estatal de la comisi�n en Chilpancingo, Guerrero, por m�s de un mes, pero ante el fracaso de la protesta en ese �mbito, centenares de ind�genas guerrerenses arribaron a sus oficinas centrales en la ciudad de M�xico.

Ni el titular de la CDI ni el encargado de la Unidad de Coordinaci�n y Enlace ("operador pol�tico" vacacionando en Espa�a) recibieron a los manifestantes, quienes, por el contrario, sufrieron intimidaciones y provocaciones de la polic�a federal los d�as que permanecieron protestando e incluso fue arrestado Bruno Pl�cido Valerio, activo participante en la construcci�n del sistema de justicia comunitaria en Guerrero, a quien se acusa por los delitos de mot�n, ocupaci�n de instituciones federales y lesiones. El dirigente fue liberado tras el pago de una fianza, mientras el plant�n se levant� el 26 de junio pasado. Nuevamente, las organizaciones ind�genas sufren en carne propia la estrategia de criminalizaci�n que los gobiernos panistas han impuesto como contenci�n a los movimientos sociales.

Ante la negativa de las autoridades de la CDI de recibir a los manifestantes, las organizaciones participantes recurrieron a diversas acciones: huelga de hambre, demanda de mediaci�n de la Organizaci�n de Naciones Unidas por conducto de su representaci�n en M�xico, exigencia de intervenci�n de las c�maras de diputados y senadores, y comunicaci�n con promotores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil organizada, recibiendo apoyo de estos actores pol�ticos y sociales.

La Comisi�n Permanente de la 60 Legislatura, por su parte, mediante un punto de acuerdo, respald� al Congreso de Guerrero �que se inclin� por la consulta previa a pueblos y comunidades ind�genas� e hizo suyo "el criterio de que la selecci�n de nuevos delegados de la Comisi�n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Ind�genas en Guerrero y de otras entidades federativas del pa�s, en igualdad de condiciones, deber�n tener prioridad los candidatos de origen ind�gena que cuenten con experiencia de trabajo con sus pueblos y tengan la suficiente capacidad en la administraci�n p�blica federal, estatal y/o municipal".

Semejante resolutivo, sin embargo, aunque apoya el derecho a la consulta de los pueblos ind�genas, enfatiza de nuevo la relaci�n paternalista de un organismo indigenista del Estado mexicano que decide en �ltima instancia qui�n ser� su representante y qu� pol�ticas aplica en las regiones �tnicas. Este acto legislativo, as� como la insistencia en buscar cargos p�blicos que no logran una articulaci�n real con los pueblos y sus autonom�as refuerzan esa perspectiva estatista que tanto da�o hizo al movimiento ind�gena en el pasado.

Un camino fruct�fero que abri� el movimiento ind�gena nacional a partir de 1994 es continuar fortaleciendo sus instituciones colectivas, redes comunitarias, regionales y estatales horizontales que reconstituyan a los pueblos y desarrollen los procesos auton�micos que establecen el poder de mandar obedeciendo. Tambi�n es necesario no olvidar que el indigenismo siempre ser� pol�tica de Estado.