Entrevista con El Observatorio de Multinacionales en Am�rica Latina (OMAL)

Kepa Arbizu y Aida M. Pereda
Lumpen

Cada vez son m�s intensas las consecuencias que las multinacionales tienen en la vida econ�mica y social de los lugares en los que se instalan. El Observatorio de Multinacionales en Am�rica Latina (OMAL), por medio de esta entrevista, nos explica cu�les son y hace un detallado an�lisis de la situaci�n mundial a este respecto.


�C�mo surge y cu�les son los objetivos del Observatorio de Multinacionales en Am�rica Latina?

El Observatorio de Multinacionales en Am�rica Latina (OMAL) es un proyecto creado por la Asociaci�n Paz con Dignidad en el a�o 2003, con tres objetivos fundamentales:

-Documentar y sistematizar la informaci�n sobre los impactos sociales, ambientales, culturales, econ�micos y sobre los derechos humanos que han sido generados por la actuaci�n de las empresas transnacionales espa�olas en Am�rica Latina.

-Investigar y denunciar las consecuencias de la presencia de las multinacionales espa�olas en Am�rica Latina, con el fin de sensibilizar sobre ello a la poblaci�n latinoamericana y del Estado espa�ol.

-Trabajar en red con los movimientos sociales europeos y latinoamericanos que resisten frente al poder de las corporaciones transnacionales, promoviendo unas relaciones sociales justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur.

Para ello, OMAL trabaja en coordinaci�n con organizaciones sociales, pol�ticas y sindicales, instituciones, universidades, ONG y centros de estudios de Am�rica Latina y del Estado Espa�ol.

�Qu� consecuencias concretas tiene el hecho de que las materias primas de un pa�s en desarrollo est�n en manos de empresas privadas y extranjeras?

En las �ltimas d�cadas, con las deslocalizaciones, la divisi�n internacional del trabajo, las privatizaciones, las subcontrataciones, la flexibilizaci�n, la desregulaci�n y, en definitiva, con las transformaciones derivadas de los procesos de globalizaci�n econ�mica, las compa��as multinacionales han pasado a intervenir en pr�cticamente todos los aspectos de la vida de las personas. Las corporaciones globales producen, distribuyen y comercializan los coches en los que nos movemos, las redes de tel�fono que utilizamos, los alimentos que comemos o la ropa que vestimos. Y eso por no hablar de lo que tradicionalmente se ha dado en llamar servicios p�blicos, es decir, el agua, la sanidad, la educaci�n y la energ�a, que tambi�n han venido siendo progresivamente subordinados al mandato del m�ximo beneficio que imponen las empresas transnacionales. Pero, naturalmente, el dejar que todas estas actividades dependan de la l�gica empresarial ha provocado una serie de consecuencias sociales y ambientales. As�, se han creado distintas categor�as de ciudadan�a en funci�n de los servicios a los que se pueda acceder seg�n los ingresos de cada cual, de la misma forma que se han antepuesto los criterios de rentabilidad econ�mica a la protecci�n del entorno.

Bajo la �ptica capitalista, estas regiones son competitivas �tanto por su riqueza en recursos naturales y biodiversidad como por la pobreza econ�mica de la mayor parte de su poblaci�n y porque �sta sirve de mano de obra intensiva� y cumplen un doble papel: de cara al exterior, tienen la misi�n de proporcionar fuentes de energ�a a los pa�ses con una mayor demanda de consumo de recursos; a nivel interno, han de liberalizar su propio mercado de la energ�a para permitir la entrada de las corporaciones transnacionales. Con todo ello, lejos de favorecer un fortalecimiento econ�mico y social, el resultado ha sido que se han venido generando numerosos impactos sobre las poblaciones y el entorno.

En este contexto, Am�rica Latina representa un caso paradigm�tico de las consecuencias que puede tener para las regiones del Sur el hecho de que las empresas transnacionales y los gobiernos de los pa�ses del Norte est�n interviniendo con fuerza en la pugna por controlar los recursos de la regi�n y explotar su potencial como nuevo mercado. Al igual que en otros pa�ses del Sur, en Latinoam�rica el papel de los recursos naturales energ�ticos es estrat�gico, lo que da lugar a situaciones complejas que involucran tanto a las pol�ticas de los Estados como a las transnacionales, con toda una bater�a de instrumentos jur�dicos, legales y econ�micos que mantienen luchas desiguales y someten a estos pa�ses ricos, pero empobrecidos, a graves conflictos.

�Cu�l es la influencia real que tienen todas estas empresas en la pol�tica internacional?

El poder de las empresas transnacionales se ha acrecentado en los �ltimos veinticinco a�os, como consecuencia de la extensi�n a escala global de las pol�ticas neoliberales. Desde 1980, las inversiones extranjeras han crecido a una tasa anual que duplica el PIB mundial, concentr�ndose fundamentalmente en el sector de los servicios, y las principales responsables de este crecimiento han sido las multinacionales: el 84% de la Inversi�n Extranjera Directa mundial se canaliza a trav�s de este tipo de empresas. Por eso, a d�a de hoy, las corporaciones multinacionales controlan gran parte de muchos sectores clave de la econom�a mundial, como la energ�a, la banca, la agricultura, el agua y las telecomunicaciones.

Y en todo esto ha tenido mucho que ver la estrecha relaci�n de las multinacionales con los Gobiernos, que les han beneficiado en perjuicio del inter�s de las personas. No es que los Estados se hayan plegado ciegamente a los intereses de las grandes compa��as, lo que ha ocurrido es que los Gobiernos han promovido una serie de pol�ticas para favorecer sus negocios. Se podr�a decir que se trata de una relaci�n de simbiosis, en la que los Estados y las corporaciones se benefician mutuamente

Muchos pa�ses de Am�rica Latina han tomado el camino de la nacionalizaci�n. �Es un m�todo v�lido para resolver los problemas en vuestra opini�n?

Despu�s del fracaso de las tres d�cadas de aplicaci�n de las reformas neoliberales en Am�rica Latina, muchas organizaciones sociales y pol�ticas latinoamericanas est�n planteando la necesidad de contar en sus pa�ses con empresas estatales que permitan mantener el control p�blico de los principales sectores productivos. Sobre todo, varios pa�ses han apostado por disponer de una empresa petrolera estatal que disponga del monopolio sobre toda la cadena de producci�n hidrocarbur�fera, como un primer paso que permita avanzar en la necesaria tarea de establecer l�mites a las actividades de las corporaciones transnacionales, profundizando en la idea de que los pueblos recuperen la soberan�a sobre su territorio, sus recursos naturales y sus actividades econ�micas.

En esta l�nea, la nacionalizaci�n de los hidrocarburos constituye una condici�n que, si bien no es suficiente, s� es necesaria para seguir avanzando hacia la soberan�a de los pueblos. En el futuro, indudablemente, medidas como �sta tendr�n que ser acompa�adas de otras que permitan afrontar el fin de los combustibles f�siles y el cambio clim�tico, para fortalecer los procesos de transici�n energ�tica hacia fuentes renovables de energ�a. Pero, en cualquier caso, como un primer y fundamental impulso en el sentido de favorecer a los pueblos frente al poder de las corporaciones transnacionales, se antoja urgente poner los recursos naturales en manos de las mayor�as sociales del planeta.

Tanto en Europa como en Estados Unidos, dos de los bloques m�s importantes, �se est�n tomando medidas para limitar la hegemon�a de las multinacionales o al contrario?

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene articulados sistemas jur�dicos capaces de someter a las multinacionales a control: tanto las legislaciones nacionales de los pa�ses receptores como los sistemas universales de protecci�n de los derechos humanos y laborales fundamentales no pueden neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global. Por un lado, la seguridad jur�dica de las inversiones de las multinacionales se protege mediante una tupida red de convenios, tratados y acuerdos que conforman un marco jur�dico, pol�tico y econ�mico en el que las grandes corporaciones tutelan sus derechos sin contrapesos suficientes. As�, en esta nueva lex mercatoria se subordina la seguridad de los hombres y mujeres de Am�rica Latina a los intereses de las compa��as extranjeras.

Pero, por nuestra parte, creemos que es necesario elaborar una propuesta para profundizar en los mecanismos de control de las compa��as transnacionales, que vaya mucho m�s all� de las medidas voluntarias que hasta ahora se han venido proponiendo. Estas normas deber�an articularse en torno a un c�digo internacional que tenga como premisa central desterrar el concepto de la voluntariedad. Y es que no resulta justo que los derechos de las transnacionales se protejan en los tribunales internacionales de arbitraje mientras los derechos de las mayor�as sociales quedan en manos de la conciencia empresarial. M�s a�n, el nuevo entramado jur�dico deber� complementarse con la creaci�n de un Tribunal Internacional para las empresas transnacionales, encargado de tutelar y ejecutar las sentencias favorables a los intereses de las poblaciones y equiparando la tutela de los derechos humanos a la eficacia de la que disponen los derechos de las grandes corporaciones. Adem�s, la creaci�n de un Centro de Empresas Multinacionales �adherido a Naciones Unidas y gestionado entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales y sindicatos�, que se encargara de analizar, investigar e inspeccionar las pr�cticas de las transnacionales sobre el terreno, permitir�a contrastar y evaluar la informaci�n unilateral que actualmente se recoge en las memorias de Responsabilidad Social Corporativa de las compa��as multinacionales.

Se ha empezado hace poco el juicio contra Shell. �La consider�is la primera de una lista que pasar�n por los juzgados o es una excepci�n? Seg�n vosotros, �qu� casos concretos , existentes hoy en d�a, son los m�s flagrantes de vulneraci�n de derechos por parte de las multinacionales?

El juicio que estas semanas se ha estado dando en Estados Unidos contra la multinacional angloholandesa Shell por su complicidad en las ejecuciones sumarias de nueve activistas medioambientales nigerianos, entre ellos el poeta y activista ambiental Ken Saro-Wiwa, pone en evidencia hechos sumamente graves, como la constataci�n de la violaci�n de los derechos humanos en pa�ses del Sur cometidos, directa o indirectamente, por empresas multinacionales.

Eso s�, el caso de Shell es uno de los m�s conocidos, pero no es el �nico. Dentro de los ejemplos que muestran esta realidad, se pueden citar varios casos en Am�rica Latina.

Por ejemplo, en Per� se ha denunciado el secuestro y la tortura de campesinos en las instalaciones de la empresa minera inglesa Majaz en 2005. En Colombia, una unidad del Ej�rcito colombiano, acusada de violar sistem�ticamente los derechos humanos de la poblaci�n del departamento de Arauca, recibi� financiaci�n de la petrolera estadounidense Oxy para proteger sus instalaciones. En Argentina, el Tribunal Supremo investig� a 17 compa��as petroleras -entre ellas la espa�ola Repsol YPF- por el da�o ecol�gico que ha causado en cinco provincias de ese pa�s.

Pese a estas y muchas otras denuncias de los impactos de las actividades de las empresas multinacionales sobre los derechos humanos, el medio ambiente, los pueblos ind�genas y las relaciones laborales, en muy pocas ocasiones se consigue llevar a juicio a estas empresas y apenas existen casos de sanciones y penas en su contra.

�Qu� tipo de proceso burocr�tico se sigue para asignar la explotaci�n de una zona determinada a una empresa?

Los procedimientos que han de darse para explotar las �reas con potenciales recursos naturales dependen de la legislaci�n nacional del pa�s al que nos refiramos. Es sabido que las reformas neoliberales se aplicaron en la gran mayor�a de pa�ses de Am�rica Latina, pero no en todos exactamente en el mismo grado. De forma an�loga, en general las legislaciones de estos pa�ses fueron modificadas para permitir la entrada masiva de los capitales extranjeros, pero el detalle de los procedimientos burocr�ticos depende de cada situaci�n particular.

En el caso de Colombia, por citar un ejemplo que hemos investigado en OMAL, durante cerca de cuarenta a�os el esquema contractual que rigi� las actividades petroleras garantizaba la participaci�n estatal, con el fin de asegurar el abastecimiento de combustibles y las grandes rentas provenientes de este negocio. La gradual apertura de las actividades vinculadas al petr�leo y el gas natural, como consecuencia del ofrecimiento de contratos de asociaci�n a inversionistas extranjeros a partir de los a�os ochenta, se tradujo en enormes ingresos por las entradas de IED. Sin embargo, el sistema de contrataci�n se ha venido modificando profundamente en el transcurso de la �ltima d�cada, hasta llegar a un modelo similar al que imperaba a comienzos del siglo XX. Por eso, a d�a de hoy, se est� cediendo a las empresas transnacionales la pr�ctica totalidad de los campos petroleros, �nicamente a cambio de unas regal�as que oscilan entre el 5% y el 30% , pero que en realidad, de acuerdo a la naturaleza de los campos petroleros, se encuentran en torno a una media del 10%. Este cambio del marco regulatorio para favorecer las inversiones de las compa��as transnacionales petroleras ha tenido como consecuencia que, en la actualidad, se est� registrando en Colombia un considerable aumento de los niveles de exploraci�n petrolera. El incremento de las actividades exploratorias se est� promocionando dentro del marco de seguridad y confianza que favorece la atracci�n de las inversiones for�neas, y ciertamente est� teniendo �xito en sus resultados: mientras el sector recibi� recursos por un valor de 449 millones de d�lares en 2002, en 2006 las inversiones en exploraci�n alcanzaron la cifra de 1.500 millones.

Lo que es com�n en todos los casos es que la proliferaci�n de la extracci�n de recursos naturales es favorecida por planes que fomentan las exportaciones, fundamentalmente de materias primas, con miras "al crecimiento y el desarrollo", y est�n controladas fundamentalmente por capitales extranjeros. Entre las consecuencias del desarrollo de este tipo de sector se encuentra la exigencia en la ocupaci�n e intervenci�n de inmensas extensiones de territorio, como es el caso de los agronegocios (soja, eucaliptos, agrocombustibles), la miner�a y los hidrocarburos.

El �rea concesionada a proyectos mineros tiende a cubrir un promedio del 10% del territorio de Am�rica Latina. Los pa�ses que apuestan por este tipo de actividad tienen una legislaci�n muy d�bil, en materia de impuestos o regal�as, para que un m�nimo porcentaje de los beneficios de esta actividad pueda repercutir en la poblaci�n. La forma de ser competitivo en este sector, seg�n la consultora Metals Economic Group, se resumen en esta idea: "los pa�ses que no aplican regal�as atraen la mayor inversi�n minera". Adem�s, a la ausencia de regal�as se suma la procedencia de las principales corporaciones mineras -�stas son canadienses, estadounidenses e inglesas (Drummond, Glencore-Xtrata, AngloAmerican, BHP Billiton, AngloGold)-, de manera que sus ingresos por venta van directamente a las casas matrices. Aparte de los impactos econ�micos, hay que se�alar el impacto ambiental dif�cilmente recuperable, por la deforestaci�n, movimiento de tierras, emisi�n de cianuro, contaminaci�n de acu�feros y r�os, etc. Y una situaci�n an�loga a las de las compa��as mineras se produce con los impactos asociados a la presencia de las empresas petroleras por toda la regi�n.

Pese al impacto y la importancia que tienen las multinacionales en la vida de los ciudadanos no est�n controladas por ning�n tipo de voto popular. Parece contradictorio con el t�rmino "democracia". �Qu� os parece?

Ya sabemos de sobra que la ideolog�a neoliberal se basa en que los servicios p�blicos, la banca, los bienes de consumo, la alimentaci�n, el agua, el transporte y la energ�a se tengan que subordinar a la filosof�a del libre mercado. Pero ahora, adem�s, se le da una vuelta de tuerca m�s al modelo de relaci�n entre las empresas multinacionales y la sociedad: se pretende crear una ciudadan�a corporativa, en la que los individuos asuman la plena coparticipaci�n y corresponsabilidad en las actividades empresariales. As�, los consumidores ya no s�lo han de consumir, sino que todas sus decisiones y acciones han de estar incorporadas en la din�mica corporativa. Y claro, mientras tanto, el Estado sigue reduciendo su actividad en la econom�a, el capital transnacional consolida su poder y, as�, nuestra vida se va haciendo m�s y m�s dependiente de las grandes corporaciones.

Ahora bien, resulta imprescindible desmitificar el discurso oficial en este punto: las actividades de las multinacionales no est�n siendo un elemento que contribuya a disminuir las enormes desigualdades que asolan el mundo; antes al contrario, y a pesar de su tan trabajada imagen corporativa, �nicamente sirven para apuntalar el statu quo. El poder de las multinacionales responde a un modelo econ�mico global que establece la econom�a como �nica relaci�n entre los pa�ses y la ciudadan�a. Por eso, es urgente que las grandes mayor�as perjudicadas por este sistema encuentren salidas para contener la impunidad que ampara a las corporaciones transnacionales y que est�n convirtiendo al planeta y a la vida misma en una simple mercanc�a.

http://lumpen00.blogspot.com/2009/07/omal-se-han-creado-distintas-categorias.html