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Denuncias del Informe 2009 de la Comisión Etica contra la
Tortura
La tortura en el discurso y la práctica del Gobierno
Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión
Con satisfacción fue recibida por miembros de la Comisión Etica Contra la
Tortura la noticia de que el gobierno de la Presidenta Bachelet está concluyendo
la tipificación del Delito de Tortura en los términos que le fue solicitado en
el examen periódico (EPU) rendido por el gobierno chileno ante Naciones Unidas
recientemente. La información fue entregada por María Luisa Sepúlveda, delegada
presidencial de Derechos Humanos en una reunión sostenida el viernes 3 de julio
con miembros de la Comisión Etica Contra la Tortura, que preside Juana Aguilera.
Precisamente la delegada acusó recibo oficial del informe anual de la entidad de
derechos humanos anual sobre tortura y delitos de lesa humanidad perpetrados en
Chile hoy, en democracia y también de casos de impunidad, prisión política y
discriminación por aplicación de la justicia militar a procesados civiles.
Este informe ha sido dado a conocer asimismo a instancias internacionales de
derechos humanos que observan la situación de Chile, en especial el Comité
Contra la Tortura de Naciones Unidas. El documento había sido dado a conocer por
esta organización en el Día Internacional Contra la Tortura, el 29 de junio. El
gobierno anunció este año la conmemoración oficial de este día, hecho valorado
por la Comisión Etica Contra la Tortura, que desde su nacimiento en 2001 se
esforzó por insertar el tema de la tortura en la agenda política y de derechos
humanos. Por décadas la Concertación y los poderes del Estado ignoraron ese
delito de lesa humanidad, que está íntimamente ligado a la prisión política y ha
sido parte histórica de las demandas de justicia y reparación formuladas por las
organizaciones de ex presos políticos.
Reapertura de Comisión Valech
Al respecto informó la delegada que en los próximos días se dará a conocer la
reapertura de la Comisión Nacional sobre Detención Política y Tortura (la
llamada "Comisión Valech") que calificará casos de víctimas de prisión política
y tortura no considerados anteriormente. La composición de la Comisión será
diferente –expresó la funcionaria- pero mantendrá en su interior las mismas
sensibilidades políticas que la caracterizaron originalmente. Los remplazantes
de Monseñor Sergio Valech, Miguel Luis Amunátegui y Lucas Sierra, quienes por
diversas razones no podrán reasumir esas funciones, fueron nominados por ellos,
según Sepúlveda. La Comisión Valech estuvo integrada además por la propia María
Luisa Sepúlveda, junto a Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira,
y Álvaro Varela.
La Comisión Etica reiteró su exigencia respecto de que se considere la situación
de los ex menores y de las víctimas que sufrieron cárcel o tortura en recintos
no considerados oficialmente como centros de detención, o en el exterior, a
resultas de la Operación Cóndor. Juana Aguilera fue invitada en la oportunidad a
la ceremonia en que la Presidenta Bachelet, ratificó el 6 de julio de 2009, el
Estatuto de Roma, por el cual Chile se adhiere a la Corte Penal Internacional
(CPI) permitiendo que los delitos de lesa humanidad que se produzcan aquí puedan
ser conocidos en última instancia por ese tribunal internacional. Chile era el
último Estado sudamericano que quedaba por unirse al tribunal internacional con
sede en La Haya, encargado de juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad. La
Comisión Etica ha venido representando ese tipo de delitos, particularmente el
de tortura, en todos los informes entregados en los últimos años el día 29 de
junio –Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura- a la
Presidenta Bachelet, y con anterioridad, al ex Presidente Ricardo Lagos.
Muertes por tortura
El informe 2009 de la Comisión Etica documenta casos que preocupan
fundamentalmente a la entidad: la desaparición forzosa y posible muerte en
tortura de un menor mapuche, José Huenante Huenante en 2005, y los casos de un
total de 59 luchadores sociales mapuche y activistas de su causa que están en
prisión política o en libertad condicional cumpliendo sentencia o medidas
cautelares. Detalla asimismo casos de tortura y montajes político-judiciales que
afectan a luchadores sociales mapuche y no mapuche –como la documentalista Elena
Varela- y denuncia la aplicación de la ley antiterrorista a un total de 28 de
los detenidos, tanto en el gobierno de Lagos como durante el gobierno de
Bachelet. Deplora la impunidad ante los casos de la muerte por tortura de Johnny
Cariqueo y el homicidio de Matías Catrileo.
En la oportunidad se pidió también atención al caso de la luchadora social
mapuche Mireya Figueroa (47 años) de la comunidad Tricauco, detenida el 4 de
junio de 2009, acusada de participar en el incendio del Fundo Poluco Pidenco de
Forestal Minico en 2001. Ella es madre de cuatro hijos y padece de un avanzado
cáncer. La Comisión hizo un llamado a la Presidenta Bachelet a desistir de
aplicar la legislación antiterrorista en este caso. La detenida es acusada de
participar en el incendio del Fundo Poluco Pidenco de Mininco en diciembre del
2001, hecho por el cual permanece en prisión, entre otros, Patricia Troncoso,
juzgada por ley antiterrorista y condenada por declaraciones de testigos sin
rostro.
También se reiteraron –entre otras preocupaciones- las demandas del
levantamiento de las disposiciones de secreto respecto de los nombres de los
torturadores registrados por la Comisión Valech respecto de lo cual no hubo
respuestas positivas. Sobre el otorgamiento de una reparación real a las
víctimas de tortura, se informó que ello será posterior a los resultados de la
nueva Comisión calificadora y debe ser materia de ley. Asimismo se hizo ver a la
representante de la Presidenta Michele Bachelet la urgente necesidad de poner
fin a las penas de extrañamiento que condenan a decenas de chilenos a morir en
el extranjero por haber sido luchadores antidictatoriales no considerados como
tales al inicio de la transición o por haber protagonizado situaciones
posteriores vinculadas a esa lucha política. La Comisión Etica Contra la Tortura
se adhiere así a la movilización del colectivo denominado "Vuelvo" que ha
retomado estos planteamientos ya impulsados anteriormente por esta entidad.