A Liga Obrera divulgó esta semana una nota de repudio por el asesinato del líder
campesino Luiz Lopes Barros, encontrado muerto el último lunes (15), en el
municipio de Conceição do Araguaia, con tiros a quemarropa. Desaparecido desde
el día 12, Luiz coordinaba la Liga de Campesinos Pobres de Pará-Tocantins (LCP-PA/TO)
y era uno de los dirigentes más conocidos del movimiento campesino del estado.
La Liga exige la inmediata investigación del caso y el castigo de los
delincuentes.
El líder campesino desapareció el día 12 cuando se dirigía a una reunión del
gremio. La nota afirma que, el día anterior, un pistolero fue a la casa de una
activista de la LCP y los amenazó, a ella y a Luiz. "Ustedes se ganaron un
premio y lo van a recibir esta semana", habría dicho el pistolero, conocido por
trabajar para el latifundista José Hernandez.
Según la nota, Luiz era el principal testigo de la acusación contra Hernandez,
acusado de ser el autor intelectual del asesinato de otro campesino, De Assis,
dirigente del asentamiento Nazaré.
La Liga Campesina recuerda, en la nota, que Luiz llegó a denunciar las amenazas
de muerte que sufría por liderar movilizaciones campesinas en Pará, como en la
toma de la Hacienda Forkilha, en noviembre de 2007. Según la nota, la toma fue
duramente reprimida "por orden directa de la gobernadora Ana Júlia Carepa (PT)".
La medida del Estado de Pará es parte de la operación "Paz en el Campo",
denominada por la entidad como "operación de terror en el campo". Según la Liga
Obrera, la operación terminó con más de 200 campesinos presos y decenas de
hombres, mujeres y niños "cobardemente torturados". Para la entidad, la
operación de Estado convierte a la gobernadora en "cómplice de otro asesinato".
Según la liga, doce campesinos fueron asesinados durante la operación "Paz en el
Campo", que estimuló la ejecución de líderes y activistas del movimiento, en
especial, a los integrantes de la toma de la Hacienda Forkilha.
La Liga Campesina pide en una nota que la población envíe mensajes de protesta a
la gobernadora Ana Júlia (a través de la opción "hable con la gobernadora", en
el sitio web www.pa.gov.br);
al secretario de Estado de Justicia y Derechos Humanos de Pará, José Roberto da
Costa Martins (jose.martins@sejudh.pa.gov.br); al juzgado especial del campo (ouvidoria.sejudh@sejudh.pa.gov.br);
al ministro Paulo Vanuchi, de la Secretaría Especial de Derechos Humanos
(gabinete@sedh.go.br); al secretario adjunto Rogerio Sottili (rogerio.sottili@sedh.gov.br);
al despacho de María Victoria Hernandez (maria.victoria@sedh.gov.br); al juez
General de la Ciudadanía, Fermino Fecchio (fermino.fecchio@sedh.gov.br); al
presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Asamblea Legislativa
de Pará, Arnaldo Jordy (depjordy@alepa.pa.gov.br); y al presidente de la CDH de
la Cámara Federal, Luiz Couto (dep.luizcouto@camara.gov.br).
La representante de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en la región sur de
Pará, Ana de Souza Pinto, afirma que todavía no existen indicios de supuestos
mandantes. "Aquí en la región nosotros no tenemos conocimiento de casos
concretos de mandantes. Pero este clima, este historial de impunidad en la
región causa una reacción de mucha indignación". Ana evalúa que la falta de
castigo hace que "el agronegocio avance con luz verde y atente contra la vida de
los trabajadores y se envilezca la lucha".
