La más grave crisis social de Alan García.
Los que empujaron al gobierno a 'resolver' la crisis amazónica con un acto de fuerza que fuera 'ejercicio de autoridad', ya deben estar satisfechos por el desenlace sangriento en Bagua, pero la verdad es que ayer fue un día lamentable para el país que, además, significó la crisis social más grave del gobierno de Alan García y que, sin duda, perfilará los dos años que le quedan.
Las tres decenas de muertes contadas al cierre de esta columna, entre policías y pobladores, significan el fracaso de la política, de la sensatez, del diálogo y de la negociación como mecanismos de solución de las diferencias; y el triunfo de la intolerancia, de la prepotencia, de las balas y de la muerte.
Ambos lados del conflicto carecieron de prudencia para manejar el conflicto: las comunidades nativas radicalizándose peligrosamente a medida que el Ejecutivo y el Legislativo se peloteaban el problema con irresponsabilidad criminal.
El país ha estado sometido a una tensión creciente por una movilización social en la Amazonía debido a unos decretos bien intencionados pero que nacieron heridos de muerte, pues se promulgaron sin ningún tipo de consulta o acercamiento con las organizaciones que representan a sus comunidades.
La otra tensión estuvo en el presidente García. Unos reclamaban "resolver" este problema de chunchos, curas rojimios y ONG perversas con balas para que el gobierno no pareciera un timorato. Otros, sugerían que tantos años de desconfianza acumulada por un sentimiento profundo de desprecio ancestral no se podían solucionar con una cowboyada sangrienta.
El gobierno manejó el problema con dualidad: establecía mesas de diálogo pero abría juicios a los dirigentes y enviaba a APCI a perseguirlos. Al final, ganó la opción violenta, enfatizando de ese modo la arrogancia con que se conduce el gobierno y su convicción errada de que el único diálogo fructífero es con la inversión privada; con el resto, es decir, con los 'perros del hortelano', cree que pierde el tiempo.
Ahora, para justificar lo sucedido ayer, el gobierno acusa a los nativos de "politiquería radicaloide de grupos violentistas vinculados al terrorismo" y de ser "administradores de dinero mal habido" y agentes de "intereses internacionales" vinculados al petróleo que no quieren que se exploten los recursos de la Amazonía ni que el Perú progrese (¿Hugo Chávez?).
Son acusaciones que el gobierno debería probar pues, mientras, la única constatación es su incapacidad notoria para enfrentar un problema complejo como el de la Amazonía. Bloquear carreteras es, sin duda, un delito. Pero también debiera serlo el comportamiento indolente del burócrata de Lima que no hace nada hasta que explota la bomba de tiempo.
Fuente:La república ( Perú)