La funesta masacre de un número indeterminado de indígenas, guardianes de la Amazonía peruana, y de 24 policías, en Bagua-Perú, en el día mundial del medio ambiente (5 de junio), es un acto demencial que nos ha dejado consternados a quienes medianamente conocemos que la vida en el planeta tierra depende de la suerte de la Amazonía. Dicho genocidio, cuya magnitud en números aún nos es desconocida porque en razón de Secreto de Estado el gobierno peruano impide la visita de observadores al lugar de los hechos, es la cristalización más diáfana de que la batalla impuesta entre la vida y la muerte en sus magnitudes insospechadas se libra en la Amazonía.

La Amazonía, el pulmón más codiciado del planeta y vientre preñada de biodiversidad, prominentes venas de agua dulce, cofre de yacimientos hidrocarburífiros y mineralógicos, área de tierras fértiles y bosques vírgenes incuantificables, desde hace mucho tiempo se encuentra en la codiciosa mira de quienes detentan la biopolítica planetaria.

El gobierno de los EE.UU., desde hace mucho tiempo atrás, promueve la internacionalización de la Amazonía, con la finalidad de que las transnacionales, en nombre de la ONU, la "administren". Con dicha finalidad impulsó desde la segunda mitad de la década de 1990, el vergonzoso proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ante el fracaso de este plan, Washington impuso a algunos países amazónicos su Tratado de Libre Comercio (TLC), cuyo contenido, al igual que el ALCA, incluye la privatización de la Amazonía. En países como Bolivia y Ecuador, el TLC norteamericano fue resistido por el pueblo organizado. En el caso peruano, aprovechando la desmovilización del pueblo, fruto de las secuelas de la lucha antisubversiva, Washington aplicó su TLC con la vergonzosa y humillante complicidad de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.

El manojo de decretos impuesto a la Amazonía peruana, fusil en mano, por el gobierno "democrático" de Alan García, no es más que la implementación del proceso de la privatización de la Amazonía, firmada en el TLC con Washington. El objetivo de estos decretos inconstitucionales, contrarios al Convenio Internacional 169° de la OIT y a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, es entregar la Amazonía a la avaricia de las empresas petroleras, mineras y madereras. Con estas medidas, además, se legaliza la muerte lenta y segura de los pueblos indígenas, quienes hasta ahora han sido maltratados como la última e incómoda especie de la fauna amazónica por parte de los colonizadores de la Amazonía, y el silencio cómplice del Estado.

Ante esta muerte anunciada, lo mínimo que podían hacer los pueblos indígenas era organizarse para defender su casa y la vida en el planeta tierra. Y así fue. Organizados, exigieron diálogo al Estado. Además, ya en diciembre del pasado año, la comisión multipartidaria del Congreso Nacional, conformada para estudiar este caso concreto, recomendó al Ejecutivo la derogación de dichos decretos por ser contrarios a la Constitución y al Convenio 169°-OIT. En abril de este año, al no encontrar respuestas a sus demandas, la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), convocó a sus bases a la movilización, y demandó la conformación de una Mesa de Diálogo con el gobierno peruano. En respuesta contunde a la demanda del diálogo, el gobierno de Alan García, declaró Estado de Sitio en varios distritos de algunos departamentos.

Y así la atmósfera amazónica presagiaba la masacre de sus guardianes. El 5 de junio los pueblos de la Amazonía fueron masacrados por aire y tierra. El objetivo fue aleccionar a quienes se opusieran a la comercialización de la Amazonía. Pero Alan García, por su inteligencia senil, confundió el Perú de hoy con el de la década de 1980. Y Bagua sentenció las siguientes lecciones:

El gobierno peruano y el mundo entero deben saber que la Amazonía no está en venta. Y cualquier negociado secreto de las élites neoliberales del Perú, por más que estén en juego millones de dólares, debe ser reconsiderado. La determinación de quienes protegen la Amazonía es contundente: "¡Amazonía libre o muerte!". Cualquier persistencia en la comercialización del Amazonas acrecentará aún más los ríos de sangre de los y las mártires por el Amazonas que, hoy, fecundan guardianes más decididos en defensa de la vida.

El Perú no puede seguir siendo imaginado desde la Costa (Lima), convirtiendo a la Sierra y a la Selva como despensas gratuitas, tierras habitadas por minorías de "tribus salvajes". El levantamiento indígena, que ahora se fortalece aún más, sepultó la prolongada sumisión del Perú profundo que bajo la amenaza de ser reducidos como "terroristas", soportaron en silencio el desmantelamiento del país en las últimas décadas. Los sucesos de Bagua indican que el que Perú debe sumarse a la sinfonía de los movimientos transformadores que dinamizan, hoy, a América Latina.

El discurso mediático y mentiroso del gobierno para deslegitimar como "terroristas" a quienes luchan en contra del sistema neoliberal, se acabó. Nadie que tenga dos dedos de frente y conozca la paciencia casi estoica de los pueblos indígenas del Perú puede sostener dicho discurso con relación a los pueblos indígenas de la Selva. Para ellos, y para todos los pueblos del Perú profundo, la violencia jamás fue una opción, sino una imposición sistemática por parte del Estado. Allí están las evidencias históricas del por qué los grupos subversivos armados del Perú han fracasado en sus intentos de ganar adeptos en estos colectivos. En Bagua, los y las indígenas respondieron a la imposición de la violencia estatal, recurriendo a sus flechas como el último recurso inevitable en defensa de su casa, el bosque amazónico.

El Estado peruano, pensado desde la élite criolla limeña, ya no puede continuar detrás de la ilusión del Estado-Nación monocultural. La nación peruana, como una identidad homogénea, jamás existió. El desencuentro entre el Estado y los pueblos indígenas, naciones sin Estado, tuvo su crisol en Bagua. El colonialismo interno, emprendido histórica y sistemáticamente por el Estado criollo para subordinar y asimilar a los y las indígenas, comienza a chirriar. El escabroso camino de la autodeterminación de los pueblos indígenas comienza a amanecer desde el Perú profundo.

Ha llegado el momento de redefinir y reordenar el Perú. El país no puede seguir "construyéndose" de espaldas a los pueblos indígenas. Mucho menos desmantelando, de manera irresponsable los recursos naturales, incluida la Amazonía, como simples materias primas, poniendo en serio riesgo la existencia de las presentes y futuras generaciones (sólo para satisfacer la avaricia de los promotores de un sistema económico fácticamente insostenible). La inversión extranjera, incluso en la extracción de las materias primas son bienvenidas al Perú, pero estas actividades tienen que estar exentas de los delitos socioambientales y dejar sus excedentes económicos para el desarrollo del país. Para vergüenza peruana las tan mentadas empresas petroleras no generan ni el 5% del total de los ingresos nacionales. Las mineras, aparte de haber convertido buena parte del país en cloacas de desechos ambientales y en miserables a las comunidades campesinas e indígenas, están fabricando en Perú una infancia de plomo y cadmio (generaciones perdidas que llevan la contaminación en la sangre). Y mientras esto ocurre en nuestro país, muchos miramos sin ver, ni conmovernos. Ha llegado el momento de recurrir a la palabra y a la acción para generar la esperada inflexión histórica y así liberar al Perú del adverso destino de Sísifo.