La versión final de la ley de soberanía alimentaria se aprobó por "el ministerio de la ley", es decir porque -en medio de la campaña electoral- transcurrió el plazo (30 días) sin que la legislatura apruebe o rechace el veto presidencial. De esta manera, sin mayor debate y, otra vez, sin una verdadera participación ciudadana, tal como sucedió con la ley de minería, entro en vigencia otro cuerpo legal previsto en la Constitución de Montecristi. Es más, las discusiones del mismo bloque de mayoría de Alianza País en relación al veto presidencial de nada sirvieron.

Muchas cuestiones interesantes relacionadas a la vida misma, como lo es la alimentación, fueron inscritas en el texto constitucional. Allí, por ejemplo, se establecieron los principios básicos para que el Estado garantice la soberanía alimentaria, alentando el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y se fijaron restricciones para productos o prácticas que puedan afectar la biodiversidad. Esos aspectos, transformados en artículos constitucionales, fueron ampliamente discutidos en Montecristi entre los asambleístas, con el ejecutivo y con la sociedad misma. Y estos debates son los que faltan en la elaboración y aprobación de las leyes derivadas de la Constitución.

La ley orgánica de soberanía alimentaria debería hacer realidad uno de las disposiciones constitucionales más relevantes. En Ecuador es indispensable disponer de un marco jurídico que establezca los lineamientos y las bases para cristalizar ese mandato constitucional. Es urgente resolver los problemas alimentarios del país. Lamentablemente, con el mencionado veto, no sólo que se debilitó el de por si pobre texto de la ley, sino que se afecta las disposiciones constitucionales sobre la materia.

Cuando se aprobó el Mandato Agrario, en momentos de una escalada de precios a nivel mundial, al que me opuse por sobradas razones, me permití recordar las razones de la crisis alimentaria y proponer medidas para proteger tanto nuestra producción agrícola como a los consumidores. Hoy, cuando el mundo ve con creciente preocupación la globalización de la fiebre porcina, producida por sistemas alimentarios guiados por el desmedido afán de lucro, que ponen en riesgo la Naturaleza y la vida misma del ser humano, es indispensable replantearnos el tema. Producir alimentos irrespetando la Naturaleza, para satisfacer la lógica de acumulación del capital a través de una creciente oferta de productos agropecuarios para el mercado mundial, en detrimento de la producción de alimentos para el mercado local, es una de las causas de la crisis. La producción y elaboración de biocombustibles, utilizando tierras agrícolas, es otro de los factores detonantes de la misma. Y el desarrollo de tecnologías que no contribuyen a la alimentación pero si al enriquecimiento de empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas, termina por agudizar el problema.

El veto tiene temas atendibles y otros discutibles. Me concentro en los segundos, anotando, nuevamente, la difícil situación en que quedaron los asambleístas de la bancada de Acuerdo País, que defendieron con entusiasmo y sólidos argumentos una serie de puntos ahora vetados.

1 .- En lo que tiene que ver con la función social de la tierra se cambió "distribución equitativa de ingresos" por "redistribución equitativa de ingresos". El pretexto del veto fue que "un gran productor no cumpliría la función social si no distribuye equitativamente sus ingresos", es decir con esta disposición se quiere asegurar la propiedad de la tierra de los grandes terratenientes.

Esto es políticamente preocupante. Lo mínimo que se puede esperar de un gobierno autodefinido como del "socialismo del siglo XXI", es la aplicación de políticas redistributivas. La redistribución de ingresos a través de mecanismos fiscales, sobre todo tributarios, es insuficiente. En Ecuador es indispensable transformar radicalmente la distribución inequitativa de la riqueza y de los ingresos. En síntesis, no se trata sólo de distribuir equitativamente lo que se produce, sino que la base para esa producción tiene que ser equitativa, de lo contrario el esfuerzo redistribuidor será muy complejo o definitivamente imposible.

2.- Otro punto cuestionable desde la lógica del socialismo e incluso desde la visión de la misma soberanía alimentaria, radica en la posibilidad de ampliar los subsidios agrícolas a los grandes productores agrícolas. Los argumentos del veto son deleznables, las intenciones son claras: una vez más proteger a las grandes empresas, tal como sucedió con el Mandato Agrario de Montecristi, que entregó cuantiosos beneficios a importadores de agroquímicos, comercializadores y grandes productores de alimentos.

La ley debió impulsar prioritariamente el desarrollo de los pequeños y los medianos productores que son la base de la soberanía alimentaria. Es más, en la ley se debió establecer normas que impidan y, de ser del caso, sancionen a los productores que generan distorsiones graves para la soberanía alimentaria, impidiendo prácticas lesivas contra los intereses del ser humano, como es echar la leche a los ríos para no poner en riesgo el precio del producto… Si se quería mantener la posibilidad de subsidios a los grandes productores agrícolas, al menos se debió fijar con claridad el carácter excepcional de tales ayudas, las mismas que tendrían revertirse al Estado luego de superada la emergencia.

El veto parece ser una concesión a las presiones de los grandes productores agrícolas, cuyas "recomendaciones" no fueron acogidas en el seno de la legislatura por el bloque de Acuerdo País, que cuenta con la mayoría de asambleístas.

3. Es lamentable que se haya exceptuado la reversión de los manglares ilegalmente ocupados por empresas camaroneras alegando razones socioeconómicas. Se argumentó que las casi 45 mil hectáreas de manglar ilegalmente ocupadas, generan cientos de puestos de trabajo. Con el veto se permitió que las empresas ocupantes soliciten su regularización en el plazo de un año para evitar la reversión.

Con esta disposición se legaliza el mal uso de la tierra. Quienes actuaron en contra de la ley son protegidos por el Estado. Que una Ley Orgánica de atribuciones al Estado para que regularice tierras ilegalmente ocupadas por empresas privadas, establece un precedente cuestionable.

En realidad el Estado, beneficiario de dicha reversión, pudo haber decidido qué hacer con las tierras de manglares ilegalmente ocupadas. El Estado debía garantizar la preservación y el desarrollo del entorno, cumpliendo con el artículo 406 de la Constitución, que le obliga a regular el uso sustentable, manejo, conservación y desarrollo de los manglares. Incluso, en determinados casos, el Estado pudo haber decidido que las camaroneras revertidas beneficien a cooperativas de la zona, conminándolas utilizar tecnologías menos depredadoras; otro mecanismo para hacer realidad la distribución de la riqueza.

4. Se levantó la prohibición de utilizar cultivos de uso agroalimentario en la producción de biocombustibles, cuando se establece por efectos de lo vetado que las restricciones se aplicarían "en lo posible", con lo que se deja la puerta abierta a su también posible aprobación.

La producción de biocombustibles, como sabemos, origina varias distorsiones. A mayor superficie dedicada al cultivo de productos para elaborarlos, menor será la de los suelos para producir el resto de alimentos. Esto como es obvio, trastoca una adecuada relación oferta-demanda, con consecuencias en los precios, que tienden a subir, alterando la oportunidad y calidad de la oferta.

La eficiencia energética es otro tema de preocupación. Hay estudios que demuestran no sólo que se requiere una enorme cantidad de energía para producir esa energía, los biocombustibles, sino incluso que su saldo es negativo. Y todo esto sin considerar los costos energéticos de transporte de los biocombustibles. Algo parecido sucede con el balance neto de emisiones de CO2, si se considera la totalidad del proceso producción agrícola, transporte y generación de los biocombustible.

Por otro lado, los biocombustibles demandan grandes áreas de producción agrícola, con prácticas intensivas en capital y tecnología, así como con elevado uso de agrotóxicos que contaminan los suelos y el agua. Todo esto en beneficio de los grandes conglomerados empresariales. Por lo tanto es contradictorio que la Ley de Soberanía Alimentaria aliente tales dinámicas, que, finalmente, irán en desmedro de la producción campesina.

Como consecuencia de la permisividad que se infiere del veto, se estaría levantando la prohibición de ingresar organismos o tecnologías que atentan contra la salud y la biodiversidad. Es más, se estaría permitiendo el ingreso de granos transgénicos, "inhabilitados para la germinación", con lo que se abriría la puerta a una de las tecnologías más nocivas del momento: las semillas conocidas como Terminator; semillas que no se reproducen, pero que tienen la habilidad de afectar a otros organismos, incluido el ser humano.

De consolidarse ese "en lo posible", en su otra vertiente: "no fue posible evitarlo…" estaríamos perdiendo, con este veto, la oportunidad de ser considerados como un país cuyos productos agrícolas se distinguen por su calidad y respeto al ambiente. Con esto estaríamos haciéndose caso omiso a recomendaciones, como las del Parlamento Europeo, que señala: "sería una lástima que el Ecuador, optando por los productos orgánicamente modificados ve la imagen de marca de sus productos de exportación alterada, lo cual afectaría fuertemente sus posibilidades de presencia futura en los mercados europeos. Optar por productos orgánicamente modificados sería enfrascarse en producción e productos agroindustriales que tienen un valor agregado menor o nulo, y que se producen con un daño mayor al medio ambiente y al clima. El mercado de productos orgánicamente modificados, y en particular de productos biológicos no deja de crecer, los precios de estos alimentos son mejores y más estables. Ecuador con su naturaleza exuberante tiene un potencial extraordinario y una imagen excelente en este sentido".

5. La eliminación, desde el veto presidencial, del Consejo de Soberanía Alimentaria ha desprovisto a la ciudadanía ecuatoriana de contar con un espacio de participación, deliberación y búsqueda de consensos, sobre un tema vital para nuestro presente y futuro, para el Buen Vivir establecido en la Constitución.

Conviene preguntarse, desde este hecho, qué tipo de régimen político se está construyendo y si éste coincide con el anhelo del pueblo de tener voz y de que ésta sea escuchada. Los problemas del país, de la democracia, los debemos resolver con mayor democracia, con mayores espacios de opinión y discusión.-