En 2008, el número de personas forzadas a dejar sus casas aumentó en Colombia como consecuencia del conflicto armado interno que vive el país. La constatación llega del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), elaborado por la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamientos (Codhes).

En el boletín divulgado ayer (22), titulado "Víctimas emergentes: desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado", la Codhes señala que 380.863 personas (76.172 núcleos familiares) fueron obligadas a abandonar sus viviendas o trabajo durante el año pasado. El incremento registrado en relación con 2007 fue del 24,47%. La tasa de desplazamiento pasó de 713 personas desplazadas por cada cien mil habitantes en 2007 a 888 en 2008.

Los datos del Sistema registran, desde 2006, una tendencia creciente en los índices de desplazamiento forzado, reflejando la consolidación de hegemonías armadas ilegales después de los combates, en los que la población campesina se convirtió en un objetivo militar y sus tierras y bienes en trofeo de guerra. En los últimos tres años, casi un millón de personas fueron desplazadas.

"En 2008, los desplazados emergieron por todo el país, pero parecían invisibles, relegados a un plano secundario en el universo de las víctimas civiles de un conflicto armado en el que las partes enfrentadas continúan agrediendo a la población que no participa de las hostilidades, en una forma de degradación que parece no tener límites", resalta el informe de la Codhes.

Las regiones más afectadas fueron Bogotá (56.087 personas); Antioquia (51.918); Valle del Cauca (31.527); Magdalena (27.256); Nariño (24.662); Meta (16.370); Cauca (16.344); y Córdoba (12.879). El departamento de Magdalena fue el que presentó el mayor aumento en relación con 2007, con un 143% más de desplazamientos.

Cerca de 13.500 personas pertenecientes a pueblos indígenas fueron desplazadas en 2008, lo que representa un 3,5% del total de la población desplazada en Colombia. Los desplazamientos aceleran el exterminio y la fragmentación de esas comunidades, motivo por el cual la Corte Constitucional declaró en emergencia humanitaria a 34 pueblos indígenas que sobreviven en las regiones más afectadas por la violencia.

El informe destaca además la violencia sexual como arma de guerra, provocando los desplazamientos de mujeres. Las mujeres, las niñas y las adolescentes constituyen la mayoría del total de la población desplazada, correspondiendo al 52%. En una encuesta de la Defensoría Pública realizada con 2.100 mujeres, el 17% admitió situaciones de desplazamiento forzado como consecuencia de agresiones y violencia sexual.

"La salida forzada no es solamente presionada por aquellos que imponen un control hegemónico en una zona o por aquellos que disputan un territorio, el desplazamiento también está asociado con el interés de grupos económicos legales o ilegales, nacionales o internacionales, que promueven macroproyectos, explotación de recursos naturales o imposición de monocultivos para la producción de agrocombustibles en zonas de conflicto", alerta el informe.