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Colombia: la nueva fase de la "limpieza social"
Iván Cepeda Castro
ivan-cepeda.blogspot.com
En más de 100 municipios y 20 de las principales ciudades del país han
aparecido panfletos en los que se anuncia el regreso de la "limpieza social"
contra jóvenes, prostitutas, drogadictos, delincuentes y homosexuales.
Progresivamente
la lista de amenazados se amplía. Ahora incluye también a los miembros de las
‘barras bravas’, los estudiantes y profesores de colegios, así como a los
líderes de organizaciones juveniles. Los comunicados afirman: "Le pedimos perdón
a la sociedad si caen inocentes". A pesar de que el director de la Policía,
general Óscar Naranjo, considera que se trata de bandas criminales dispersas, a
simple vista es notorio que en esta operación nacional se reconocen los métodos
utilizados en el pasado por las estructuras paramilitares, encubiertas hoy con
nuevos nombres y símbolos. El procedimiento se despliega especialmente en los
barrios populares de las grandes urbes y en las zonas en las que las Auc han
ejercido control. El plan busca el miedo colectivo mediante acciones en
distintas fases. En un primer momento se lanza el rumor de que van a comenzar
los actos de "limpieza", luego se distribuyen los panfletos, se impone el toque
de queda a partir de las diez de la noche, y se procede a realizar los
asesinatos. De esta forma, muchas zonas de las principales ciudades del país
viven ya sometidas a esta nueva etapa de terror social.
En Bogotá, los habitantes de nueve localidades han recibido los comunicados
amenazantes. Bajo esta campaña 30 jóvenes fueron asesinados en los meses de
febrero y marzo. La última semana hubo dos cortes de fluido eléctrico en algunos
lugares de Ciudad Bolívar. Después del primero, en las entradas de todas las
casas se hallaron los panfletos, y durante el segundo se presentó una masacre en
la que murieron siete jóvenes. Los líderes locales aseguran que en muchos
barrios de la capital hay situaciones similares. Su conclusión es que esa clase
de acciones no las hace una banda de ladrones, sino un grupo organizado que
cuenta con cuantiosos recursos.
Desde hace meses, a través de informes de riesgo, la Defensoría del Pueblo ha
venido advirtiendo sobre la gravedad de esta situación. Sin embargo, dado que
esos informes no se pueden hacer públicos pues se les ha dado un carácter
confidencial, determinadas autoridades impiden que se decrete la alerta temprana
para prevenir los crímenes. Ante esa situación de negligencia e inoperancia, la
Defensoría Pueblo debería tomar la decisión de comunicar sus informes de riesgo
directamente a la opinión pública y permitir de esta forma que al menos se
conozca ampliamente lo que está pasando en muchas partes del país.
La mal llamada "limpieza social" hace parte de las operaciones violentas a gran
escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios, en los
que se busca despertar en la gente del común el miedo a ultranza que conduce a
toda clase de reacciones primarias. En el caso de Colombia, ese ambiente de
"depuración" criminal se articula bien con la paulatina consolidación de una
institucionalidad cada vez más perversa en la que todas las dependencias del
poder público se funden en la voluntad del Ejecutivo. El ambiente de terror y a
la vez de fascinación por la mano fuerte de un gobernante arbitrario,
corresponde bien al estado anímico que buscan quienes defienden la reelección.
Es el ambiente que propicia el apoyo irreflexivo de las mayorías a un poder
decadente en tiempos de profunda crisis ética y económica.
Fuente:
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