La importancia de analizar la situación actual de las fuerzas armadas de Bolivia y Venezuela se sustenta, en el marco general de las redefiniciones que está sufriendo la figura del Estado en América Latina. Las fuerzas armadas son una parte por lo general ignorada en los análisis de la izquierda. Sin embargo, nadie puede cuestionar que el rol político que jugaron, y siguen jugando ,es determinante en el actual proceso de transformación en el continente.

Los pueblos latinoamericanos hemos aprendido, con dolor, que las Fuerzas Armadas son un actor central y protagónico de todo proceso de cambio. Durante el pasado siglo XX, en innumerables ocasiones, los procesos político sociales sufrieron al ver como el accionar de las fuerzas armadas pasaba por encima de la voluntad de las mayorías, e imponían, a punta de bota militar, la voluntad de los poderosos a cualquier precio.

Por ello, es indispensable dotarse de una visión que nos permita leer, aunque solo sea a nivel superficial, la dinámica política que se da en dos de los países que encabezan la lucha de los pueblos latinoamericanos.

La implementación del modelo neoliberal implicó, en todos los países del área, el desmantelamiento del aparato del Estado desarrollista, siendo este reemplazado por un modelo de Estado cada vez más pequeño y pretendidamente eficiente y eficaz.

Las Fuerzas Armadas, también sufrieron este proceso. La mayoría de sus ejes de desarrollo estuvieron ligados a las condicionantes de desarrollo que requería la implementación del modelo neoliberal. En tal sentido los roles centrales asignados a las FF.AA. regionales transitaron entre la "mantención de la gobernabilidad" en cada país (entiéndase lucha contra el enemigo interno), y su disponibilidad a las tareas asignadas por el mando central de Washington, según los ejes prioritarios del momento (drogas, terrorismo, etc.).

El desarrollo del modelo neoliberal coartó, entonces, el desarrollo de las fuerzas armadas locales transformado sus funciones y restringiendo sus capacidad de acción a intereses económico-políticos externos.

Sin embargo, en las actuales condiciones, los EE.UU. han visto disminuir dramáticamente su capacidad de influencia en la región. Mientras parecía que en las últimas décadas su avance era incontrolable y absolutamente determinante de las dinámicas políticas locales, desde fines del siglo XX asistimos a una pérdida constante de su influencia.

Los últimos años, y particularmente el caso del presidente Hugo Chávez, demuestran claramente que algunos de los elementos, que habían constituido las bases fundamentales de una efectiva alianza Fuerzas Armadas – EE.UU. - burguesías locales, hoy parecen ya no funcionar como antes.

La dinámica a la cual se habían acostumbrado las burguesías latinoamericanas, al enfrentar desbordes populares que pudieran amenazar sus privilegios, consistía básicamente en solicitar la intervención directa de sus ejércitos a través del Departamento de Estado y de las oficinas de inteligencia del gobierno del norte.

Hoy, sin embargo, ese camino parece ya no ser tan expedito como antes. De hecho, cada vez con más frecuencia las burguesías amenazadas tienden a chocar con su incapacidad de presión hacia su propio ejército, llegando incluso, como en el caso boliviano y venezolano a tener que asumir "armar" pequeños ejércitos propios, con el fin de asegurar la defensa de sus intereses.

Este nuevo contexto, en el cual los ejércitos latinoamericanos gozan de una menor presión por parte de los EE.UU., ha permitido que los nuevos gobiernos emprendan caminos de reforma estructural que solo hace pocos años parecían imposibles.

Es un margen estrecho, pero significativamente relevante como lo demuestra la reciente creación del Consejo de Defensa Regional que promueve, entre otros aspectos, la cooperación en materia de defensa, coordina la seguridad externa y establece una mayor transparencia en los gastos militares, de los países agrupados en la Unión Sudamericana de Naciones, Unasur.

El actual gobierno de Evo Morales, enfrenta complejidades que son parte del propio proceso histórico reciente de Bolivia. Esto sin duda ha limitado tanto el alcance como la profundidad de las medidas tendientes a reestructurar las Fuerzas Armadas de Bolivia, sacándolas de su rol histórico de represores del pueblo, para ponerlas al nivel que requiere el actual proceso de transformación política-social y cultural que vive el país.

A tres años de la llegada de Evo a la presidencia, se podría establecer que el esfuerzo central, desde el ejercicio de gobierno, ha estado en establecer una subordinación clara de lo civil por sobre lo militar. Y para lograr este objetivo se han desarrollado dinámicas políticas con resultados específicos y muy ilustradores de la nueva voluntad.

Los conflictos sociales producidos por la erradicación forzosa de las plantaciones de coca impuestas por los EE.UU., atrapó a todo el país en un clima de inestabilidad y zozobra. El conflicto se expandió y fue un factor determinante para la erosión de la legitimidad gubernamental. Las denuncias de violación a los derechos humanos por parte de los militares frente a las múltiples formas de resistencia campesina, conformaron un tipo de conflicto social que erosionó sensiblemente la autoridad estatal.

El sacar a las fuerzas armadas de la doctrina de "guerra a las drogas", ha permitido que el gobierno de Evo Morales ponga la centralidad de su esfuerzo en la necesidad de luchar en contra de los intentos autonomistas de la burguesía y la derecha de la zona de Santa Cruz.

Tal como quedó demostrado luego del intento golpista de Pando en el 2008, el gobierno logró quebrar el inmovilismo de algunos altos mandos, y demostrar su capacidad de acción en un cuadro de tensión política que de manera inédita en la historia de Bolivia puso a las Fuerzas Armadas del lado de la constitucionalidad y del pueblo.

En tal sentido las Fuerzas Armadas retoman, poco a poco, su rol de garantes de la unidad nacional oponiéndose claramente a los intentos por autonomizar ciertas regiones de Bolivia.

Por otro lado, podemos señalar que este ímpetu soberanista se ha extendido también a nivel simbólico, involucrando a las FF.AA. directamente en la recuperación de los recursos naturales propios de la nación. De tal forma, la participación en el año 2006 del ejército en la "toma" de las empresas gasíferas, trata de configurar un escenario en el cual se consolide el vínculo militar con el proceso de transformación económico y social encabezado por Evo Morales.

A fines del 2007, el presidente Chávez convocó a los venezolanos a votar una modificación de la Constitución venezolana. En el caso de las Fuerzas armadas en particular, el ejecutivo le proponía al pueblo modificar sustancialmente el carácter de lo militar. Los grandes cambios se plantearían en dos líneas.

Primero, en la nueva Constitución se planteaba que "La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa militar integral y la guerra popular de resistencia, la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana, y conservación del orden interno, así como la participación activa en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la nación, de acuerdo con esta Constitución y la ley".

Una segunda de cambios proponía cambiar la definición constitucional: " La Fuerza Armada Bolivariana está integrada por los distintos cuerpos de tierra, mar y aire, organizados administrativamente en los siguientes componentes militares: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Bolivariana , la Guardia Territorial Bolivariana y la Milicia Popular Bolivariana...".

Ambos cambios buscaban acabar con la figura del ejército visto como una institución apolítica y altamente profesionalizada. Esto último, esencialmente a través de la incorporación de la milicia popular como parte de las Fuerzas Armadas.

Como ya sabemos, la reforma constitucional fue rechazada por un escaso margen. Sin embargo, el propio Chávez ha sido enfático en la necesidad de reimpulsar estas medidas con el fin de consolidar el proceso iniciado por la revolución bolivariana. Como bien lo sabe Chávez, la continuidad del proceso depende en gran medida de contra con un ejército que definitivamente deje atrás su servilismo histórico con las burguesías locales y los intereses del capital extranjero.