Servicios de hoteles obtenidos por intercambio o pagados por el cajero de la cooperativa de teléfonos o un dirigente de un equipo de fútbol; un gasto de 100.000 dólares mínimo al mes, recaudados de los bolsillos de algunos empresarios y varios de sus protagonistas ahora refugiados en Estados Unidos, dan cuenta que detrás de la célula paramilitar desarticulada en la madrugada del 16 de abril están, por encima, otros niveles de planificación, financiamiento y decisión que trascienden el ámbito de lo meramente departamental y nacional.

De acuerdo a un balance de las investigaciones que por doble partida se viene realizando -Ministerio Público y Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados-, el grupo paramilitar, al parecer inicialmente conformado por 7 personas -cinco extranjeros y dos bolivianos-, tenía las tareas combinadas de asesoramiento, organización y ejecución.

Eso implica que por encima de la célula desarticulada existían al menos dos niveles superiores. Un primer nivel, con responsabilidades intermedias y en las que están los que canalizaban los recursos que se recaudaban de distintas fuentes y un nivel superior, al parecer denominado el "Consejo Supremo de Resistencia", encargado de obtener los recursos, concebir el proyecto separatista y articularlo en una dimensión mayor de lo estrictamente departamental. En la primera instancia aparecen los nombres de Luis Hurtado y el Dr. Hugo Achá. En la segunda el prefecto Rubén Costas, el entonces presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic; los generales Lucio Añez y Gary Prado, y Guido Nayar, el ex ministro de Interior de Hugo Bánzer Suárez, entre los más importantes.

Una contraofensiva ultraderechista arrancó en el país a pocos días de que un referéndum revocatorio de mandato popular (10 de agosto de 2008) le diera al presidente Evo Morales una victoria superior al 67 por ciento. El objetivo político y militar del Consejo Supremo de Resistencia era avanzar hacia la independencia de Santa Cruz y luego esperar las adhesiones de otros departamentos de la llamada "Media Luna", principalmente del Beni.

"No voy a lanzar un ataque contra La Paz, tampoco ayudaré a lanzar una ofensiva sobre la capital del país ni derrocaría al presidente Evo Morales", dejó grabado Eduardo Rózsa Flores el pasado 8 de septiembre en el video que un periodista húngaro hizo conocer, desde Budapest, 48 horas después de que el boliviano-húngaro fuera abatido, junto a otros dos integrantes de su célula, en un operativo policial en el hotel "Las Américas".

El video se ha convertido en un pieza clave en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía y la comisión multipartidaria, una vez que aporta luces para comprender la forma del "Golpe cívico-prefectural" que el gobierno denunció en septiembre del pasado año, cuando el país estaba convulsionado por una sistemática toma violenta de instituciones públicas en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.

Las propias redes de televisión abiertamente opositoras al gobierno mostraban imágenes del desplazamiento combinado de jóvenes lumpenizados y de grupos paramilitares, que Rózsa dijo que venía a organizarlos, en la ocupación de aeropuertos y campos petroleros en los departamentos alzados.

Fracciones de la burguesía agroindustrial y latifundista estaban convencidas de su triunfo y el cabecilla de los mercenarios también, aunque el hecho de que la grabación haya sido efectuada en Hungría el 8 de septiembre y su llegada a Bolivia producida a fines de septiembre, da una idea de que había conciencia de una lucha bastante larga. De ahí que no sea casual que Rózsa sostuviera, en el video, sobre la necesidad de "organizar la defensa y la resistencia de la ciudad y el departamento de Santa Cruz".

Si bien no de manera directa, algunos opositores interpretan las palabras del jefe paramilitar como una respuesta a la masiva marcha que el movimiento indígena-campesino hizo hacia la capital oriental para retomar las instituciones estatales ocupadas y derrotar el golpe cívico-prefectural. Pero la equivocación es demasiado grande o la interpretación bastante interesada por tres razones.

Primero, el bautizado "Cerco de Tupac Katari sobre Santa Cruz", que no llegó a prosperar porque la marcha no pasó de Yapacaní a pedido del presidente Morales, fue impulsado en la segunda quincena de septiembre, pocos días después de la masacre indígena en el municipio del Porvenir, del departamento de Pando.

Segundo, Rózsa habló de resistencia en un contexto distinto -de ofensiva ultraderechista- y en un momento en que la idea de trasladarse hacia el departamento oriental no se pasaba por la cabeza de ninguno de los dirigentes de los movimientos sociales, quienes estaban más preocupados por organizar una marcha de Caracollo a la sede de gobierno en demanda de la pronta aprobación de la convocatoria a un referéndum constitucional.

Tercero, porque la contratación de un mercenario y el tiempo en que éste conforma su grupo requiere al menos de dos meses, según señalan especialistas en la materia. De hecho, todo indica que el grupo se completó en Bolivia los primeros días de octubre.

La demostración de la fuerza a la que aludió el jefe paramilitar no fue la suficiente para lograr la independencia de Santa Cruz. El golpe cívico-prefectural que apostaba a dejar a Evo Morales sin el control de más de la mitad de medio país y de los recursos naturales más importantes, fue derrotado.

A partir de eso, el plan conspirador ingresaría a un segundo momento: la organización de acciones terroristas. Entre los objetivos militares estarían el cardenal Julio Terrazas, a quien se le puso una bomba en la puerta de su residencia, y los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez Sattori. El objetivo político: generar un ambiente católico y cívico de masivo reproche al gobierno.

Pero también, según la Fiscalía ha mostrado una grabación casera, figuraban el presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y su gabinete. El día elegido para ese plan criminal era el 27 de marzo en la reunión que el gobierno tuvo pleno lago Titicaca.

Si bien no hay elementos suficientes, las acciones terroristas previstas para el segundo momento, en las que presuntamente participaría otro grupo de extranjeros reclutados por Internet por Rózsa entre enero y marzo, además de la alternativa del magnicidio pudo haber estado manejando la idea de generar un ambiente de "caos", según reconoció Juan Carlos Gueder, un miembro de la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

El objetivo del "caos" iba a empañar el proceso electoral de diciembre próximo o inducir a un número significativo de hombres y mujeres a votar en contra de Morales, así tuviesen simpatía o identificación con el proceso de cambio, para encontrar la pacificación del país. Los nicaragüenses tienen una experiencia bastante larga en ese tema.

Todo se quedaría en una conspiración doméstica si a lo largo de la investigación, que todavía está en su fase inicial, no se hubiesen detectado rastros de una participación externa.

Los primeros datos conducen a la denominada UnoAmérica, una organización de extrema derecha integrada por militares ultranacionalistas y paramilitares de Colombia, El Salvador, Venezuela y Argentina. También se ha identificado a la RHF neoyorkina que se ha ramificado, no por coincidencia, a Venezuela, Ecuador y Bolivia en los últimos cuatro años.

Como quedó dicho al inicio de este artículo. El plan separatista era demasiado grande y requería de una fuerza y nivel de apoyo que excedía de lo que se podía lograr con fuerzas locales.

Por eso no es casual la presencia de tres actores internacionales de reconocida fama en la puesta en marcha de planes de desestabilización y resquebrajamiento territorial.

En primer lugar, la Human Rights Foundation (HRF), una organización fundada en 2005 y que tiene su sede en New York con el objetivo inicial de organizar una corriente de opinión internacional y crear una fuerza material en contra del presidente venezolano Hugo Chávez. Posteriormente, a la par del triunfo de otros procesos nada gratos para Estados Unidos, nuevas oficinas se han abierto en Bolivia (el 20 de marzo de 2007), en Ecuador (en septiembre de 2008) y, según reconocen sus propios dirigentes, se tiene previsto hacer lo mismo en Nicaragua.

La HRF se ha especializado en coordinar con los Reporteros Sin Fronteras en la emisión de pronunciamientos contrarios a las medidas adoptadas por los gobiernos de izquierda. En el caso boliviano ha participado de observadora internacional en el referéndum por los estatutos autonómicos que el bloque cívico-prefectural hizo el 4 de mayo de 2008 y ha enviado una delegación a "investigar" la masacre de Pando.

En segundo lugar está la autodenominada "Unión de Organizaciones Democráticas de América", fundada formalmente en diciembre de 2008 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. El presidente de UnoAmérica es Alejandro Peña Esclusa, un político de ultraderecha venezolano que en las elecciones generales de su país obtuvo 2.424 votos (0,04%).

La participación de UnoAmérica en Bolivia se da en el segundo momento de los planes separatistas y desestabilizadores que el Consejo Supremo de Resistencia y su brazo asesor-operativo militar estaba poniendo en marcha a partir de enero de este año, luego de la aprobación de la Constitución Política del Estado. Lo hizo a través de Jorge Mones, representante de los militares que sustentaron la dictadura de Videla en los 70 y de los paramilitares que bajo el nombre de "carapintadas" acecharon a la joven democracia argentina en los 80.

De acuerdo a un reportaje publicado en Página 12, Mones y otra ciudadana argentina, de la misma organización, visitaron al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández en el panóptico de San Pedro de La Paz, donde guarda detención dentro del proceso que se le sigue por la masacre de Pando. Finalmente está Philip Goldberg, quien antes de su expulsión cumplió una recargada agenda con la oposición cívico-prefectural, según ha denunciado permanentemente el presidente Morales. En agosto y septiembre del pasado año, Goldberg, quien desde su cargo de embajador de Estados Unidos en Bolivia, jugó un papel decisivo en la desintegración de Yugoslavia, fue visto con frecuencia en Santa Cruz e impulsó, junto a cuatro congresistas de la línea dura de ese país, una reunión con el prefecto Rubén Costas y dirigentes cívicos el 21 de agosto.

De acuerdo a otra denuncia del ex diputado socialista Wálter Vásquez Michel, "el 2 de septiembre, dando exhaustivo cumplimiento a esa agenda golpista, dos funcionarios norteamericanos por encargo de Goldberg, sostuvieron otro encuentro conspirativo con cuatro generales en retiro, en la casa del general Elías Eduardo, encargado de la seguridad de la Prefectura de Santa Cruz y hombre de toda confianza del Prefecto Rubén Costas. Entre los militares estuvieron el general (SP) Ontiveros, el general (SP), Marcelo Antezana y el general (SP), Herlán Viestrox" y el tres días después "el encargado de asuntos militares de la embajada de EEUU conversó en Santa Cruz con el Cmdte. de la Octava División, el general Antonio Bracamonte, el Teniente coronel Dieter Claure y otros, para planificar una entrega de las unidades militares a los grupos paramilitares. Con ese se esperaba tensionar más la situación y dar la sensación de que el gobierno había perdido el control de las Fuerzas Armadas".

El común denominador de esos tres actores internacionales, hasta ahora identificados en la investigación o denunciados por el gobierno, es su profunda relación y coordinación con la CIA.