Carlos Rivera Lugo
Claridad

Hacia 38 años que no pisaba tierra boliviana. En 1971 fui a Bolivia para ser testigo de la inauguración de la Asamblea Popular bajo la presidencia del General Juan José Torres. Pocos años antes, el general Torres presidió, en calidad de jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Bolivianas, sobre los esfuerzos del gobierno contra la guerrilla del Che Guevara, pero paulatinamente fue experimentando un giro a la izquierda, tal vez marcado por las turbulencias históricas que le tocó vivir. Puso fin a la dictadura del general Alfredo Ovando Candía, habiendo encabezado, junto a la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones gremiales campesinas y el movimiento universitario, un levantamiento popular en octubre de 1970, a modo de contragolpe que le madrugó a los planes conspirativos de un sector derechista de las Fuerzas Armadas.

Bajo su gobierno, se produjo una apertura política que pretendió la constitución de un nuevo bloque gobernante de fuerzas sociales y políticas. Entró en escena una serie de civiles progresistas, tales como Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien ocupó la cartera de Minas y Petróleo. Se nacionalizó una parte de la empresa norteamericana Gulf Oil y se protagonizaron otras medidas en apoyo a reivindicaciones populares, particularmente de los mineros y los universitarios. Se exigió la retirada de Bolivia del Centro de Transmisiones Estratégicas y el llamado Cuerpo de Paz, ambos de los Estados Unidos. Igualmente, se liberó a Regis Debray y a Ciro Bustos, ambos juzgados y condenados a largas condenas de prisión por su participación en la guerrilla del Che.

En política exterior, el gobierno del general Juan José Torres llevó a Bolivia a ingresar al Movimiento de Países No Alineados, el mismo que promovía con cada vez más fuerza el establecimiento de un nuevo orden económico y político internacional que recogiese plenamente los intereses y aspiraciones de los pueblos del Sur. Reanudó relaciones con la Cuba revolucionaria y los países socialistas europeos. Todo ello se inscribió dentro de una coyuntura histórica singular que vio nacer en Chile el primer gobierno socialista por medio de las urnas, el del compañero presidente Salvador Allende Gossens, y en Perú había asumido el mando, por medio de un golpe de estado, el General Juan Velasco Alvarado con una agenda nacionalista revolucionaria. La reacción imperial no se hizo esperar: Washington pretendió bloquear económicamente al nuevo gobierno por medio de instituciones financieras internacionales bajo su control, tales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ahora bien, la organización de la Asamblea Popular constituyó tal vez la medida más radical de todas, un verdadero precedente histórico para toda la América nuestra, pues proponía una especie de co-gobierno con la COB. Con la Asamblea Popular se buscaba sustituir la estructura falsamente representativa de la llamada democracia liberal con un órgano parlamentario de poder de nuevo tipo, con participación directa de las clases populares, hasta entonces excluidas, incluyendo a los universitarios, maestros e intelectuales comprometidos.

Sin embargo, apenas pasados los primeros nueve meses del gobierno del General Torres, estalla un golpe militar el 21 de agosto de 1971, precisamente el día en que llegaba yo a la ciudad de La Paz, en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra. La asonada golpista, encabezado por el general Hugo Banzer, se encargó de poner fin al gobierno de Torres y lo obligó a exiliarse en Lima. En 1976, residiendo en Buenos Aires el general Torres fue secuestrado, torturado y ejecutado como parte del notorio Plan Cóndor que produjo la eliminación de muchos de los opositores a las dictaduras militares que se instauraron, con la ayuda de Washington, en Sur América.

El cruceño Banzer se encargó de instaurar una dictadura que duró alrededor de seis años y que sirvió para aplastar los avances populares de ese entonces. Restauró el poder oligárquico sobre el país y se dedicó a apuntalar los intereses económicos del departamento de Santa Cruz y del narcotráfico. Incluso, bajo ésta se empezó a desmantelar, para todos los fines prácticos, una de las conquistas más importantes de la llamada revolución de 1952: la reforma agraria.

No pude dejar de rememorar dichos acontecimientos históricos cuando hace unos días volví a Bolivia, en medio de una nueva apertura revolucionaria cuyo centro se encuentra en el gobierno presidido por el líder socialista, el aymara Evo Morales, heredero de otro proceso que se potencia a partir de otro octubre insurrecional, esta vez en el 2003 y con un eje indígena. Y nuevamente, Santa Cruz se ha erigido en el epicentro de la contrarrevolución oligárquica.

A diferencia de 1971, en esta ocasión mi entrada a Bolivia fue por Santa Cruz, lo que me permitió apreciar mejor el tema de su autonomismo y la oposición virulenta que desde allí se ha desplegado contra el gobierno de Evo Morales. La valoración del reclamo autonomista es importante en el actual contexto y el no haberlo hecho desde un comienzo ha sido uno de los peores errores cometidos hasta ahora por el gobierno actual y la izquierda en general en Bolivia. Ello permitió que la derecha se convirtiese en la gran abanderada del reclamo autonomista, una reivindicación que, en principio, es muy afín a estos tiempos en que se aspira a la descentralización de las formas de la gobernabilidad, con la consiguiente potenciación de los espacios democráticos desde las instancias más locales de la sociedad.

Estando en Santa Cruz percibí un elitismo y conservadurismo ideológico y cultural obsoleto y ajeno a los cambios que se viven en la América nuestra. De ahí que a partir de éste se haya articulado nuevamente una propuesta de espaldas a las nuevas corrientes democratizadoras que arropan al continente en general y a su país en particular. Su discurso político autonomista destila fuertes tonos anticomunistas y anti-indigenistas. Caen en una caricaturesca estigmatización del indígena, al cual descalifican totalmente en su capacidad para contribuir positivamente a la construcción de un nuevo proyecto de país. Nada de lo hecho por el gobierno de Morales ha beneficiado al departamento o al país, según esta visión. Se postula que el Occidente mayoritariamente indígena pretende imponer a la fuerza su orden nuevo sobre todo el país, incluyendo Santa Cruz. De ahí el creciente sentimiento secesionista, pues los cruceños -o cambas, como se llaman- se consideran blancos y ven cada vez menos vínculos con una Bolivia que se define políticamente hoy como mayoritariamente indígena, con un presidente igualmente indígena.

En fin, como configurada en la actualidad, la causa de la autonomía cruceña ha sido secuestrada por aquellos intereses oligárquicos desplazados, a los que sólo les interesa la reconquista del poder perdido. Peor aún, el autonomismo cruceño ha provocado su arrinconamiento político a partir del fracaso de sus estrategias desestabilizadoras del orden institucional, incluyendo la asonada golpista entre agosto y octubre del 2008 que recibió la repulsa unánime en una Cumbre Extraordinaria del UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) celebrada en Santiago de Chile.

La más reciente aventura conspirativa de los autonomistas cruceños fue desarticulada por el gobierno cuando intervino con una banda terrorista, integrada mayormente por extranjeros y financiada por grupos empresariales y políticos cruceños, así como una Fundación estadounidense alegadamente dedicada a la promoción de los derechos humanos. Su objetivo último era asesinar al presidente Morales y, de paso, al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien para estos sectores se ha quedado sin combustible ideológico y voluntad política para pasar a una etapa de confrontación separatista. En ese sentido, el prefecto cruceño les serviría mejor a sus planes como mártir que como político quemado por sus errores tácticos. Todo l o anterior le ha restado legitimidad y efectividad a la causa autonomista en su pretensión de ubicarse al margen del proceso de refundación constitucional que preside Evo Morales.

En fin, los prefectos de los departamentos de la "media luna" (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) no han logrado proyectarse con un liderazgo nacional y menos han podido conseguir que sus proyectos locales sean acogidos como proyectos nacionales de contrapoder. Explica el vicepresidente Álvaro García Linera: "Las políticas del gobierno modificaron las estructuras de poder regional, en términos de poder económico; y esto a su vez está llevando a un despertar social en regiones tradicionalmente conservadoras controladas o apaciguadas a punta de prebenda económica y autoritarismo. Este tipo de despliegue de la lucha de clases en zonas anteriormente sometidas a un control territorial cacical ha despertado la radicalización de la oposición y el uso de la violencia".(1)

Puntualiza García Linera que, en ese sentido, lo que pueda aparecer a primera vista como un debilitamiento del gobierno, constituye en realidad una expresión del "potenciamiento" que ha tenido el gobierno. El viejo bloque de poder se va desesperando en la medida en que no encuentra mecanismos de reciclamiento. Se ha producido, insiste, "un corte muy radical en términos de posibilidad de reconstitución del viejo bloque de poder que no sea mediante el asalto".

(1) Pablo Steffanoni, Frnaklin Ramírez y Maristella Svampa, Las vías de la emancipación: Conversaciones con Álvaro García Linera, Ocean Sur, México, 2009, p. 89.

(CONTINUARÁ)

El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño "Claridad".