|
Latinoamérica
|
|
Crisis sanitaria: dimensiones e implicaciones
Editorial de La Jornada
La Jornada
En una conferencia de prensa realizada en la residencia oficial de Los Pinos, el
titular de la Secretaría de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, señaló
que hasta el momento se han registrado en el país 81 muertes probablemente
relacionadas con el brote del nuevo virus de influenza porcina –identificado el
pasado viernes– y señaló que se encuentran internados unos mil 300 pacientes con
los síntomas de esta enfermedad. Ante ello, anunció que las actividades
escolares de todos los niveles, así como los servicios de guarderías, se
suspenderán hasta el próximo 6 de mayo en el Distrito Federal, el estado de
México y San Luis Potosí, entidad esta última en la que se han contabilizado
cinco muertes vinculadas con la gripe porcina. Durante la misma reunión, el
titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, informó que no se
suspenderán las actividades productivas en el país frente al brote de influenza.
Además del aspecto estrictamente sanitario, la presente emergencia tiene una
inocultable dimensión económica, y es obligado señalar que el objetivo del
gobierno federal de no parar las actividades productivas en las zonas afectadas
por el virus se enfrentará al temor y la incertidumbre que acusan amplios
sectores de la población. En un momento en que México padece los efectos de una
grave crisis financiera de escala planetaria, la reactivación de la economía y
el mercado internos se presenta como medida por demás necesaria. Este objetivo,
sin embargo, se complica cuando los habitantes de la capital y los municipios
conurbados –zona donde buena parte de la actividad económica se concentra en el
comercio y los servicios– se resisten a salir a la calle ante el temor de
contraer la enfermedad.
Es claro, por lo demás, que la crisis sanitaria que hoy se vive en México y en
algunas regiones de Estados Unidos constituye en sí misma un factor de riesgo
para la economía nacional y mundial: vale la pena recordar las estimaciones
realizadas el año pasado por el Banco Mundial, en el sentido de que una pandemia
de influenza significaría la pérdida de unos tres billones de dólares y
redundaría en una caída cercana a 5 por ciento del producto interno bruto
global. Las autoridades del país deberán tener estas consideraciones en mente y
encontrar una manera de equilibrar las medidas adoptadas para solucionar la
emergencia sanitaria con la necesidad de alentar el crecimiento económico.
En otro orden de ideas, no puede dejar de advertirse que el decreto emitido ayer
mismo por el Ejecutivo federal y publicado en el Diario Oficial de la
Federación –que, entre otras cosas, faculta a las autoridades sanitarias
para aislar a a los posibles infectados por el virus de la influenza porcina y a
ingresar a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de
actividades dirigidas al control y combate de la epidemia– pudiera tener efectos
contraproducentes en los ámbitos político y social. Nadie puede negar la
pertinencia de que en una situación de emergencia como la presente las
autoridades adopten medidas orientadas a llevar a cabo sus tareas de manera más
eficiente, sobre todo cuando está en juego la salud de la población. No
obstante, esto no puede ni debe pasar por medidas que, en caso de no ser
manejadas con la transparencia y el cuidado que se requiere, pudieran provocar
un comprensible descontento entre la población e incluso redundar en acciones
violatorias de los derechos y las libertades ciudadanas.
En suma, la actual emergencia sanitaria plantea la necesidad de que las
autoridades de todos los niveles de gobierno exhiban sensibilidad, mesura e
inteligencia, así como comprensión cabal de todas las dimensiones y de los
impactos de la problemática que se enfrenta, y que actúen en consecuencia.
 |