Apagado el fragor de las balas que puso fin a un grupo terrorista internacional de fascistas, los grupos políticos de Bolivia se enfangaron al comenzar la semana en una dura y virulenta batalla mediática para tratar de sacar la mayor tajada de la refriega desatada el pasado jueves, cuando tres mercenarios cayeron abatidos a tiros en Santa Cruz y otros dos puestos en prisión.
Mientras las investigaciones oficiales a cargo de un equipo de fiscales avanza a paso lento, tanto el gobierno de la izquierda indigenista del presidente Evo Morales como la derecha oligárquica, que controla gran parte de la prensa, abandonaron todo escrúpulo y se apresuraron para capitalizar el operativo policial en el que murieron a bala Eduardo Rozsa Flores (boliviano, con ciudadanía húngara y croata), Magyarosi Árpád (rumano de origen húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés), y fueron detenidos Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano, con pasaporte croata) y Elöd Tóasó (húngaro), acusados todos ellos de ser los responsables de una serie de atentados terroristas contra dirigentes populares leales a Morales y contra el opositor Cardenal de la Iglesia Católica.
Los unos, repuestos ya de la sorpresa de los sucesos del jueves, comenzaron a desatar una contraofensiva mediática de derecha para descalificar el operativo policial, sembrar dudas sobre su autenticidad y eliminar todo rastro que una a los mercenarios abatidos y presos con los líderes de la racista oligarquía criolla.
Los otros, en cambio, aprovechando al máximo los mismos sucesos, apuntaron desde el Gobierno a incluir a los círculos empresariales y políticos de la oposición en los trajines subversivos, acusándolos de intentar eliminar a tiros al presidente Morales y de desmembrar Bolivia.
Hasta ahora, el equipo de fiscales y el juzgado asignado al caso sólo ha llegado a determinar la identidad exacta de los terroristas, realizar el examen forense de los tres abatidos y presentar el pequeño arsenal de armas incautadas en Santa Cruz, mientras continúa, con extrema lentitud, interrogando a los dos detenidos y revisando la documentación física y digital encontrada en los operativos.
La información oficial es escasa y ya se muestra insuficiente para detener una creciente espiral de especulaciones, acusaciones y contra-acusaciones entre el gobierno y la oposición facciosa, en las que unos intentan salir bien librados del entuerto y los otros tratan de cohesionar en su favor el apoyo popular. Todos ellos trabajan, además, con miras a las elecciones de diciembre, cuando se elegirá a los nuevos gobernantes del país y a todos los miembros del Congreso, y para los comicios de abril para elegir los gobiernos regionales.
 
INCRUENTA GUERRA MEDIÁTICA
Uno de los más activos en el este enfrentamiento mediático es el vicepresidente Álvaro García Linera, que no trepida en asegurar que el grupo terrorista, desbaratado en la ciudad de Santa Cruz, el bastión de la derecha fascista, era apenas un tentáculo de un gran pulpo que estaba en acecho. "Es solamente uno de los tentáculos, el tentáculo operativo. Era el encargado de juntar armas explosivos y llevarlos a otro lugar, hacer atentados y preparar un magnicidio, pero no es el único grupo, hay otros con armamento sofisticado, que ni siquiera las Fuerzas Armadas tienen".
Apoyado en secretos "informes de inteligencia" presuntamente elaborados por los organismos de seguridad del Estado, García Linera dijo que otros grupos, vinculados a sectores y líderes empresariales, a los que no identificó, financiaban las actividades de los terroristas caídos en desgracia. 
El Vicepresidente aseguró que lo encontrado por la Policía y la Fiscalía en el operativo del pasado jueves, era apenas "el 10% o menos de lo que en verdad existe y añadió que es lo mismo con el arsenal de armas y explosivos descubiertos en una stand de la telefónica Cotas en instalaciones de la Feria Internacional de Santa Cruz.
"Las cabezas de ese gran aparato terrorista" son bolivianas que reclutaron a mercenarios en Latinoamérica y Europa y que llevan en Bolivia varios meses en Santa Cruz, Beni, Pando y otras regiones donde cumplieron "decenas de reuniones con decenas de personalidades del ámbito de algún tipo de actividad empresarial, no instituciones sino personas", dijo García Linera a la gubernamental agencia ABI.
"El Estado está en riesgo hay todavía una gruesa estructura, extranjeros y bolivianos sueltos, hay los ideólogos sueltos, hay armamento muy sofisticado guardado, hay lugares de entrenamiento", advirtió.
 
SEPARATISMO Y MAGNICIDIO
El propio Evo Morales, tras advertir que los mercenarios abatidos buscaban su muerte, dijo este lunes que el núcleo terrorista "buscaba por vía violenta tomar el poder y, si no pudieran tomar el poder, dividir alguna región" del país; todo ello en clara alusión a Santa Cruz, región gobernaba por el fascista Rubén Costas, que cuenta con la adhesión de los más importantes sectores empresariales, cívicos, vecinales y sociales.
Morales, que presidió los festejos del 183 aniversario del Colegio Militar de Ejército, urgió a los soldados, cadetes, oficiales y jefes "un seguimiento profundo" de estas actividades irregulares y deploró que "extranjeros armados, violentos, antidemocráticos vengan acá a atentar contra la democracia, contra la integridad del territorio nacional pero también buscando a acabar" con la vida de las autoridades bolivianas. Horas después, Morales abrió la posibilidad para que la acción policial sea investigada también con participación de organismos internacionales.

MÁS TERRORISMO VERBAL
Desde la vereda contraria, en cambio, los argumentos iban en la línea de desmentir que hubiese habido intentos de magnicidio, que los mercenarios no tenían armas de guerra, que no eran terroristas y que, por el contario, habían sido asesinados por la Policía.
Es así que el presidente del Senado, el derechista Oscar Ortiz, aseguró este lunes que Magyarosi Árpád, Michael Martin Dwyer y Eduardo Rozsa fueron asesinados por la policía y no murieron en un tiroteo.
"Todos los medios de comunicación han mostrado que no hubo ningún tiroteo, todos los medios de comunicación han mostrado que las habitaciones, las fotos simplemente se ven personas que todo indica que estaban durmiendo cuando fueron asesinadas", dijo, mientras los grandes medios de comunicación seguían esforzándose por socavar la credibilidad del operativo policial.
El presidente del Senado advirtió, además, que todo lo ocurrido podría haber sido un montaje gubernamental "para desacreditar a la oposición y a sectores empresariales que no comparten las ideas del presidente Evo Morales".
"Esas armas que se encontraron no son sofisticadas como para un grupo terrorista", dijo Ortiz, a pesar de que un día antes el vicepresidente García Linera afirmara que en ese arsenal se halló explosivo C-4, de alta peligrosidad y que tenía la fuerza como para destruir todas las instalaciones en un radio aproximado de 150 mil metros cuadrados.
 
FALSIFICACIONES AL POR MAYOR
Después de lo que dijo Ortiz, las cadenas de televisión, como la cruceña PAT, forzaban y desvirtuaban las declaraciones de uno de los fiscales asignados al caso, Marcelo Sosa, para asegurar en su noticiero de la noche de este lunes que las armas en manos de los mercenarios eran de "fabricación casera" y que la "Fiscalía había descartado que hubiese intentos de magnicidio".
Lo que sin embargo dijo Sosa en realidad era que las investigaciones, que estaban en un estado preliminar, que recién habían comenzado y en las que había muy pocos avances aún, no se habían detectado ni planes de magnicidio y vinculaciones con sectores empresariales. "Estoy hablando de un 10% de avance del análisis de los documentos. Recién estamos empezando a trabajar", dijo.
Esto fue suficiente, sin embargo para que gran parte de la prensa televisiva "informara" que la Fiscalía y el Ministerio Público habían descartado el magnicidio y la vinculación empresarial.
En la mañana de este martes, los grandes diarios del país aseguraban, además, que los gobiernos de Croacia, Irlanda e Hungría dudaban de las investigaciones bolivianas y exigían pruebas al gobierno de Morales.
Forzando las declaraciones del ministro de Exteriores húngaro, Péter Balázs, algunos de los diarios bolivianos sostenía que "en Hungría la molestia es notoria" con Morales, ante la posibilidad de que sus ciudadanos hubiesen sido acribillados y utilizados "como instrumento" de la lucha política interna boliviana.
En pocas horas, la natural preocupación de los funcionarios y gobiernos europeos, ante la muerte de sus conciudadanos, era convertida por la prensa boliviana en otro instrumento para acentuar la desconfianza ante el operativo policial y descalificarlo.
 
CERTIFICADO DE INOCENCIA Y CONFESIÓN
Este mismo martes, otro medio de prensa opositor otorgaba, por boca del cónsul honorario de Hungría en La Paz, Andrés Bartos, un virtual certificado de inocencia para el húngaro Tóasó, que desde el sábado está detenido en la cárcel de La Paz, junto al boliviano-croata Tadic.
Según este medio, "Bartos afirmó que Tóasó no está relacionado con grupos irregulares en Bolivia ni mucho menos es terrorista y sostuvo que el Consulado de Hungría se hará cargo de su situación".
Frente a esta versión, la gubernamental agencia ABI aseguró, citando al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, que "Tóasó y Tadic ya admitieron su participación en los atentados terroristas a las residencias del viceministro Saúl Avalos, en marzo, y del jerarca de la iglesia católica boliviana Julio Terrazas, el pasado miércoles".
En este escenario de premeditada confusión, el matutino La Prensa adelantó, citando a una fuente no identificada, que el grupo terrorista no habría participado del atentado contra el Cardenal Terrazas en la madrugada del miércoles, porque a esa hora habrían permanecido dentro del hotel "Las Américas", donde fueron abatidos horas después. Uno de los fiscales asignados al caso, Marcelo Sosa, aseguró sin embargo que "está casi confirmado" que el grupo desarticulado era el autor del hecho.
 
CRÍTICAS EMPRESARIALES
Otro sector que se sumó a la batalla, aguijoneados por las acusaciones del vicepresidente García Linera fueron los empresarios privados, que exigieron pruebas y nombres de los conspiradores.
"Si el Vicepresidente ha lanzado esas acusaciones, debería dar los nombres de los empresarios que están vinculados. No es simplemente lanzar una acusación. Si él tiene la certeza de esa acusación, por responsabilidad debería dar a conocer quiénes son esos empresarios que han financiado las supuestas actividades terroristas en el país. Lo que pasa es que el Gobierno siempre busca a quién echarle culpa de su propia negligencia y ahora que no tenemos Embajador de los Estados Unidos, pues les toca a los empresarios y después les tocará a otros", dijo el líder empresarial Daniel Sánchez de la Cámara de Industriales.

PARLAMENTARIOS EN ACCIÓN
En medio de esta batalla mediática, la Cámara de Diputados hizo su parte y conformó este lunes una Comisión Especial Multipartidaria que se impuso la misión de investigar los hechos terroristas ocurridos en Santa Cruz, aunque, como en anteriores ocasiones, no tardará en sumarse a la batalla a favor de unos u otros.
La resolución camaral establece "conformar una Comisión Especial Multipartidaria de investigación con la finalidad de tomar conocimiento objetivo y esclarecer los móviles y circunstancias de los atentados a los domicilios del Cardenal Julio Terrazas (el 15 de abril) y del Viceministro Saúl Ávalos (29 de marzo) ocurridos en la ciudad de Santa Cruz, los hechos sucedidos en el Hotel Las Américas de la misma ciudad, el depósito de armas en el Stand de COTAS (16 de abril)  y los supuestos planes de asesinato de Autoridades Nacionales y Departamentales".