Antonio Peredo Leigue

Un extraordinario periodista argentino de los años ’60 y ’70 escribió, en aquella época, las acciones de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) en nuestro país. Gregorio Selser, quien también debió exiliarse a México por la persecución de los dictadores de turno, hizo un relato pormenorizado y meticulosamente documentado sobre esa actividad destinada, con absoluto descaro, a frenar los procesos democráticos, eliminar o corromper a los dirigentes sociales e imponer regímenes al servicio de los intereses de las transnacionales, como la sangrienta dictadura de Banzer.

Un documental recientemente trasmitido en el conocido "History Channel" registró una entrevista con quien fuera embajador de Estados Unidos en Chile, durante la presidencia de Salvador Allende. Con total desparpajo, el diplomático recordó que, el paro de transportistas que agravó la crisis económica en ese país, le costó a su gobierno más de tres millones de dólares (equivalentes a unos 35 millones actuales).

Valgan estos datos para sostener la seriedad de las denuncias hechas por el presidente Evo Morales relativas a la infiltración de agentes de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras actividades. Mencionó dos nombres: el boliviano Rodrigo Carrasco y el mexicano Francisco Martínez. Una cortina de humo para desviar la atención sobre la corrupción de un grupo a cuya cabeza figura Santos Ramírez. Si así fuese, no habría ninguna explicación para que la presidencia de YPFB haya iniciado una segunda querella contra el acusado.

Los agentes de la CIA

La actuación de la CIA en América Latina era ampliamente conocida pero, como es evidente, no había suficiente documentación y, la existente, era controvertida. El secuestro y posterior ajusticiamiento en Uruguay del agente de alto nivel Dan Mitrione, en los años ’70, desnudó la crueldad de las operaciones de esa agencia y las más de veinte que operan en todo el mundo, a nombre de la seguridad de Estados Unidos de Norteamérica.

Un caso escandaloso en Bolivia, fue el del Ministro del Interior de René Barrientos, Antonio Arguedas, quien después del asesinato del Comandante Che Guevara frustró el negociado y probable tergiversación del diario del Che en Bolivia.

Arguedas era agente de la CIA, como él mismo declaró en forma pública. Por eso mismo, sufrió un atentado en 1970, del que logró salvar y, refugiándose en la embajada de México, recibió asilo en Cuba, a cuyo gobierno había entregado el Diario y del Che y, posteriormente, las manos del Comandante Heroico.

Retornado a Bolivia, murió por la explosión de una bomba, en febrero del año 2000. Aunque oficialmente se concluyó que fue un accidente producto de una mala manipulación del artefacto, pocos dudan que la CIA cumplió finalmente su objetivo de eliminarlo.

Otro hecho escandaloso es el caso Huanchaca. Fue en mayo de 1986 que el científico Noel Kempff Mercado y dos de sus acompañantes fueron asesinados en un campamento en que aterrizaron, creyendo encontrar ayuda. Se trataba de una gigantesca instalación para la fabricación de cocaína. Sólo 7 años después se arrestó a un par de delincuentes brasileños que confesaron ser los asesinos. No se sabe qué ocurrió con ellos.

Lo que si se conoció fue que aquella fábrica, oculta en el parque que hoy lleva el nombre del científico Kempff, era supervisada por la DEA en combinación con la CIA. Bajo la dirección del coronel Oliver North, producían cocaína para venderla en Estados Unidos. Con los fondos obtenidos, compraban armamento para los "contras" que actuaban contra el gobierno sandinista de Nicaragua. El escándalo fue público en el juicio que se le siguió a North, aunque éste fue declarado inocente y hasta aclamado como héroe por los conservadores norteamericanos (republicanos y demócratas, indistintamente).

Si fuese necesario algún dato más, habrá que recordar que, durante al administración de Jaime Paz Zamora, la designación de un desprestigiado militar a la cabeza de la FELCN, fue cuestionada por la CIA y el presidente no sólo debió cambiarlo, sino que luego afrontó el castigo de aceptar que, su principal colaborador, purgase una larga pena carcelaria por vinculaciones con el narcotráfico que conocían y hasta propiciaban la CIA y la DEA.

Si Luis Arce Gómez fue juzgado y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas, no lo fue por el delito sino porque no lo acordó con la DEA.

La coca ya no es importante

Si la cocaína marcó las relaciones de Washington con el Palacio Quemado durante todo el período neoliberal, fue porque las materias primas estaban controlados firmemente y no había razón para presionar en ese terreno. El grillete había que ponerlo en la producción de coca.

La vergüenza de la forma en que, el Congreso Nacional, aprobó la Ley 1008, todavía se siente en los pasillos de ese vetusto edificio. Como muy pocas veces ocurre, el Ministro del Interior, Juan Carlos Durán, supervisó y a veces hasta condujo el debate de cada artículo de esa ley. El objetivo era mostrar reducciones considerables en el cultivo de la coca, dejando en un segundo plano el tráfico de la droga. Así se logró instalar fuerzas norteamericanas especiales en el Chapare y, en forma subrepticia, en los Yungas. Se trataba de mostrar, al mundo, que se erradicaba la coca y a los cocaleros, sin importar que el consumo de drogas, en los países industrializados, no disminuya. Por supuesto, es más barato arrancar arbustos con lujo de prepotencia y abuso, que combatir a las grandes corporaciones de narcotraficantes en Estados Unidos.

Así se manejó, desde las oficinas de la CIA, la supervisión de los gobiernos que se sucedieron en Bolivia entre 1985 y 2005. Basta recordar que, los candidatos presidenciales, debían cumplir dos condiciones para ser aceptados: rendir examen ante la Confederación de Empresarios Privados y, previamente, demostrar que tenían visa de ingreso a Estados Unidos.

Quieren llevarse otra vez el gas

El pueblo boliviano luchó por recuperar la propiedad de sus recursos naturales. Luchó contra las transnacionales y contra sus servidores nativos, algunos de los cuales fungen ahora como prefectos o presidentes de comités cívicos.

La campaña contra esa decisión del pueblo, comenzó con el debate de la ley en el Congreso Nacional. Carlos Mesa, reculando de su promesa, propuso un proyecto que mantenía los privilegios de las transnacionales; cuando no logró, se negó a firmar la ley y, después, no cumplió el mandato de ponerla en vigencia. Tampoco lo hizo su sucesor, aunque es evidente que otra era su misión.

Luego que el presidente Evo Morales impuso la vigencia de la ley, las transnacionales se resistieron a firmar los nuevos contratos, hasta la hora final. La firmeza del nuevo gobierno les mostró que no tenían alternativa.

Era de esperar que cambiaran sus métodos. La guerra sucia de la CIA tiene muchos mecanismos a su disposición. Lo hicieron en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en Venezuela y, ahora, en Bolivia. Si algo se debe aprender es la forma en que la CIA manejó PDVSA para derrocar al gobierno de Hugo Chávez.

Rodrigo Carrasco llegó a ser Gerente Nacional de Comercialización en YPFB. que haya alcanzado tan alto puesto, es responsabilidad de sus superiores. Más aún, si ya se conocía su actividad al servicio de la CIA. Como agente de esa mal afamada institución, trabajó en República Dominicana, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina, antes que en Bolivia. Pero parece ser que era útil para las tareas que había emprendido el presidente de la empresa petrolera.

En cuanto a mexicano Francisco Martínez, la embajada de Estados Unidos se ha encargado de reconocer que es funcionario de la misma. Sin embargo, una extraña versión apareció en CNN: una persona portando credencial y una carta falsificadas con ese nombre, intentó ingresar en las oficinas de la CIA y, al ser descubierto, aceptó haber falsificado ambos documentos con el objeto de conseguir trabajo de chofer. Cualquier día de estos, el señor Martínez desaparece y sus acciones en Bolivia, quedarán sin aclaración. Es lo que ha sucedido en cada una de las operaciones que realiza esa agencia en la que, el ciudadano norteamericano, gasta miles de millones de dólares. El argumento es simple: la defensa de la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica.

La responsabilidad no se delega

Que se haya descubierto esta red, no le quita responsabilidad a nadie. Al contrario, demuestra que la red de corrupción era más peligrosa que el robo de dinero. Llegaba a la desestabilización del gobierno. El expediente es visible: destruir YPFB, lograr que el pueblo desconfíe del presidente Evo Morales y preparar las condiciones para derrocarlo.

La culpa de los autores de esta fechoría es triple.