Argentina, la
lucha continua....
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Bolivia en la hora de las grandes decisiones
Eduardo Paz Rada
Patria Grande
Tal como van las cosas de la política y sus perspectivas en Bolivia, el proyecto
popular, nacionalista y antiimperialista iniciado en 2006 con el gobierno de Evo
Morales se encuentra en una profunda crisis y con sus pilares fuertemente
debilitados a causa de la corrupción, la ausencia de una propuesta estratégica y
los exóticos experimentos de 36 naciones autónomas planteada por grupos de
influencia cercanos al Jefe de Estado.
Luego del escándalo de corrupción en la emblemática Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) y a nueve meses de las elecciones generales, se
observa a un Presidente de la República apesadumbrado y marcado por dudas sobre
los temas que aborda.
A su vez, la extrema debilidad de YPFB es festejada por las transnacionales:
Petrobrás, Total, Repsol y BG, que consiguieron la vigencia de contratos
ventajosos, en extraña combinación con sectores del gobierno nacional. Esto
significa retrasar sin fecha la construcción de una planta separadora de
líquidos y de un gasoducto interno.
Si no se producen, a corto plazo, importantes decisiones al más alto nivel, con
un golpe de timón en las decisiones y la política nacional e internacional, si
no se asumen plenamente las banderas que fueron fundamentales en la derrotas del
modelo neoliberal, como fueron las del octubre de 2003 con la guerra de los
hidrocarburos, de la tierra y del agua, si no se aplican sanciones fuertes
contra quienes han asumido una conducta corrupta en el manejo de la cosa
pública, si no se frena la formación de múltiples Estados y si no se recupera la
fe y la convicción del pueblo en su gobierno, es altamente probable que la
tendencia declinante podría ser irreversible.
Octubre de 2003 se caracterizó por la movilización y rebelión de los oprimidos y
excluidos (de Bolivia) contra el sistema político neoliberal y conservador,
alcanzando niveles de revuelta popular que hizo añicos a la casta gobernante y a
su mayor representante, Gonzalo Sánchez de Lozada.
En la transición hasta 2005, se realizaron intentos oligárquicos por recuperar
la iniciativa a través de Carlos Mesa, primero, Hormando Vaca Diez y Mario
Cossio, después, y de Eduardo Rodríguez, finalmente, sin conseguir su objetivo
de desbaratar el programa y la revuelta nacional-popular de octubre.
Ahora, es desde el propio gobierno de donde surgen las perspectivas más
peligrosas. Por una parte, el exótico proyecto de las 36 nacionalidades con
derechos similares a los del Estado Boliviano abren las posibilidades de la
fragmentación nacional, no tanto como deseo de quienes impulsan estas ideas sino
como parte de un proceso que está siendo aprovechado por las oligarquías locales
y el imperialismo que consideran que por la vía de las autonomías es posible
alcanzar la independencia, el separatismo, el protectorado u otras formas
inducidas de balcanización que llevan adelante las fracciones reaccionarias mas
peligrosas de Bolivia.
El haber incorporado al gobierno a personalidades claramente identificadas con
el proceso de capitalización de Sánchez de Lozada como Walker San Miguel,
Ministro de Defensa, con el neoliberalismo como Luís Arce, Ministro de Economía
y Finanzas, con la negociación con las transnacionales como Héctor Arce,
Ministro de Defensa Legal, quien, además, maneja los temas relacionados a las
empresas estratégicas, entre ellas YPFB, se ha convertido en un peligro para el
mismo proceso.
Por otra parte, la manera más perniciosa de debilitar un régimen popular es a
través de la corrupción. La Presidencia de la República no actuó con energía y
decisión, desde el año 2006, para contener este peligro como en los casos de
YPFB, de Aduanas, de Tractores, de Carreteras y de Viviendas. Ahora, con el caso
Santos Ramírez, quien era el hombre de mayor confianza de Evo Morales en la
organización política y ex Presidente del Senado Nacional. El Jefe del Estado
tiene en sus manos las decisiones que evitarían una caída muy peligrosa.
Este caso, amplificado por los medios de comunicación adversos al gobierno, al
igual que los casos de contrabando de 32 camiones en Pando, las denuncias de
corrupción en la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC), o la venta de avales
para conseguir puestos burocráticos, no han sido aclarados y explicados por las
autoridades para despejar las dudas existentes.
Aprovechando esta situación han sacado cabeza antiguos servidores del proyecto
neoliberal, como Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, ambos vicepresidentes de
Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, separatistas como Ruben
Costas y Mario Cossio o simpatizantes de Sánchez de Lozada como René Joaquino,
con el interés de presentarse como alternativa en las elecciones de diciembre.
Las banderas que levantan para posicionarse no están referidas a sus propuestas
sino al debilitamiento y reducción de credibilidad que demuestra la figura del
Presidente Morales y del gobierno del MAS. Solamente determinaciones muy claras,
que contemplen la lucha contra la corrupción, la recuperación efectiva de los
recursos naturales estratégicos que implica la aplicación del decreto de
nacionalización de los hidrocarburos de mayo de 2006, el dejar de lado los
experimentos autonómicos que llevarían a la balcanización de Bolivia y la
recuperación de la credibilidad perdida, permitirán la recuperación del proceso
de liberación nacional.
La unidad nacional es la condición básica para avanzar en este proceso de
liberación nacional, que al mismo tiempo afirme una posición antiimperialista y
de integración de América Latina junto al potenciamiento económico basado en la
recuperación de los recursos naturales, la reversión de tierras de latifundio,
el impulso de la industrialización, el uso masivo del gas en la economía interna
y la transformación agraria, con el objetivo de avanzar en la autosuficiencia en
alimentos, vestido y vivienda para todos los sectores sociales del país.
En conclusión, con una propuesta nacional-popular, la conducción social y
política y la hegemonía indomestiza y la presencia activa e irreversible de los
sectores originario campesinos en la nación oprimida puede consolidarse un
Estado Nacional fuerte y unido, en lugar de un archipiélago de pueblos autónomos
y desarticulados.