Guillermo Almeyra
La Jornada

Las urnas le han dado un nuevo triunfo al gobierno de Hugo Chávez. Espero que así pueda enfrentar mejor las grandes dificultades que Venezuela deberá superar en los próximos años.

Porque lo que está en juego no es el problema de si se puede relegir o no un presidente (Franklin D. Roosevelt, la Thatcher, Reagan, Mitterrand, Bush, fueron relegidos sin que nadie hablase de "dictadura"), entre otras cosas porque en Venezuela existe la posibilidad constitucional de realizar un referéndum revocatorio a mitad del mandato presidencial, sacándolo del gobierno si el pueblo así lo decidiese. Lo que en realidad la derecha quiere sabotear por todos los medios, electorales o no, es la propiedad estatal de las palancas fundamentales de la economía venezolana, el carácter antimperialista de una política exterior dirigida a formar un bloque latinoamericano para lograr un desarrollo regional independiente de Estados Unidos y la política de alianzas que de eso se desprende (con los sectores obreros, campesinos y populares, en lo interno, y con los adversarios de su enemigo de Washington, en lo internacional). La disputa, por lo tanto, expresa un agudo conflicto político y de clases entre, por una parte, los sectores ligados al capital financiero internacional o de él dependientes y, por otra, los que confusamente intentan utilizar el Estado para llevar a cabo un capitalismo de Estado con políticas de transformación social e incluso de organización de gérmenes de poder popular basados en la democracia directa.

Conviene tener presente que, en primer lugar, Venezuela depende del precio del petróleo en el mercado mundial y que la estatización de Pdvsa no rompió esa dependencia aunque le dio al Estado la renta que antes se llevaban las trasnacionales. Los planes de Chávez en América del Sur, en el Caribe, con Cuba, para el propio desarrollo nacional venezolano, dependen de este modo de precios que, dada la crisis mundial, seguirán estancados o bajarán aún más. La fuga de divisas y la guerra de las grandes compañías contra el estatismo agravarán la situación económica. En esas condiciones se votó la reforma de la Constitución para posibilitar la relección de Chávez (y de los gobernadores, muchos de ellos opositores), y en el 2010 se elegirán los nuevos miembros de la Asamblea Nacional, que hoy es chavista pero que mañana podría no serlo, al menos en la proporción actual.

Por otra parte, el conflicto es aún más agudo porque Venezuela –además de tener una posición de rentista petrolera que permitía a una amplia clase media no productiva importar lo que quisiera y desalentaba la producción y la productividad en todos los sectores–, debido a las dictaduras o al pacto corrupto de Punto Fijo entre los partidos que falsamente decían ser "socialdemócratas", nunca conoció la educación democrática y, menos aún, la participación popular organizada en la toma de decisiones.

Tampoco hay una orientación clara si hacia una alianza con el sector "patriótico" de los empresarios o con los intereses de los sectores populares. Chávez, por ejemplo, otorgó créditos baratísimos para favorecer a los empresarios nacionales, pero el grueso del capital está en manos de las trasnacionales, que lo odian y lo desprecian al igual que los escuálidos de la oposición, y la mayoría de los empresarios es, por razones de clase, antichavista, y los pocos de ellos que están ligados al régimen –la famosa boliburguesía o burguesía bolivariana– lo están porque aprovechan las brechas en el Estado para practicar y fomentar la corrupción y enriquecerse sin escrúpulos ni principios sociales.

Por otra parte, los grandes progresos de la democratización en el campo de los derechos (referéndum revocatorio, propuesta de creación o revocación de leyes por medio de referendos populares), las estatizaciones de las empresas fundamentales, los planes y acciones masivos de educación y salud, dependen en buena medida de la organización del apoyo popular a Chávez y no solamente del aparato estatal. Pero esa organización es incipiente, el Partido Socialista Unido Venezolano mismo ha sido creado recientemente y lo fue desde el poder estatal y sus dirigentes reciben la presión de éste pero también la de la base (que le da un margen de independencia). Además, los consejos comunales, misiones y organismos de poder popular, así como los sindicatos, enfrentan la oposición del poder militar, centralizado y vertical por definición, y de la excesiva centralización estatal, que dificulta enormemente su desarrollo. Existe incluso el peligro de que ese verticalismo aumente para tratar de enfrentar con métodos burocrático-militares la crisis económica, los éxitos electorales de la derecha antichavista y la creciente y tremenda ineficiencia y corrupción en diversos sectores estatales, dejando en segundo plano lo único eficaz, o sea el desarrollo de la autonomía y la autogestión obrera y campesina.

Para colmo, como todos los gobiernos llamados "progresistas" de América Latina, el de Chávez se guía por indicadores económicos capitalistas como el aumento del producto interno bruto o de la producción y por la cantidad de divisas en el banco central, en vez de utilizar la crisis como un reto a la creatividad, desarrollando experiencias de producción en armonía con el ambiente en las zonas campesinas y de autogestión en la producción de viviendas y en la producción industrial, y no utiliza el control estatal para dar golpes mortales a los especuladores y a los importadores de productos innecesarios y muchas veces inútiles y dañinos despilfarrando divisas cada vez más escasas. El conflicto a resolver será difícil, porque lo esencial –el reforzamiento de la organización y de la conciencia de los sectores populares– aún está por hacerse.