Emir Olivares Alonso
La Jornada

En vísperas de que el Estado mexicano sea evaluado en el seno del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, Amnistía Internacional (AI) entregó a ese organismo un informe en el que advierte que el gobierno de México "dio una valoración incompleta" a la ONU sobre la situación de las garantías fundamentales en el país.

El documento subraya que el informe de las autoridades mexicanas no señala que en el país aún no se ha hecho rendir cuentas a nadie "por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas" cometidos durante la guerra sucia, y que tampoco informa que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos –como tortura, abusos sexuales y homicidios– perpetradas durante los hechos en San Salvador Atenco y Oaxaca, en 2006, no han sido sancionados.

El organismo de la ONU evaluará a México el próximo 10 de febrero, en el contexto del examen periódico universal. A finales del año pasado, las autoridades mexicanas entregaron el informe oficial a ese órgano, lo que también hicieron grupos nacionales de defensa de los derechos humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para esas garantías.

El informe entregado por AI al consejo subraya "que el gobierno mexicano no ha reconocido la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el empeoramiento de la situación de esas garantías en muchas zonas del país".

La organización internacional de defensa de derechos humanos subraya que otra de las faltas de México en la materia es que a pesar de que ha firmado decenas de tratados internacionales para garantizar y cumplir esos derechos, al momento no han sido reconocidos explícitamente en la Constitución.

Para AI una carencia más del informe oficial nacional es que no reveló a la ONU que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares continúan siendo atraídas por los tribunales castrenses, "cuando las normas internacionales insisten en que estos casos deben ser juzgados por autoridades civiles".

Agrega que a partir de que el gobierno de Felipe Calderón empezó los operativos para combatir el crimen organizado se han incrementado las acusaciones por abusos de militares contra la población civil, como detención arbitraria, torturas, malos tratos, violencia sexual y homicidio.

Asimismo, la ONG internacional refiere que los defensores de las garantías fundamentales en el país, especialmente en zonas rurales, "a menudo sufren persecución y en ocasiones detenciones prolongadas por cargos penales falsos o de motivación política". Añade que existen comunidades en marginación, en su mayoría indígenas, que constantemente son acusadas por oponerse a desarrollos económicos e industriales que afectan sus pueblos, recursos naturales y modo de vida.

AI alerta que otro elemento que el gobierno mexicano no expone en el informe entregado a la ONU son los delitos cometidos contra migrantes centroamericanos que atraviesan por México para llegar a Estados Unidos, quienes "sistemáticamente son objeto de malos tratos y violencia sexual por agentes de Estado o de otro tipo de bandas criminales".

Otro de los señalamientos del organismo internacional es que a pesar de los avances en la legislación para proteger a las mujeres, "su aplicación es tenue", pues los índices de denuncia, procesamiento y condena de los responsables de violencia intrafamilar, abuso, violación sexual y homicidios de mujeres "siguen siendo extremadamente bajos".

Refiere que a dos años de la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en dos entidades aún no se introduce la legislación necesaria para hacerla respetar.

Agrega que la pobreza y la marginación continúan privando en cientos de comunidades rurales, con lo que se vulneran los derechos a una vida digna, al desarrollo y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población.

Como "buena noticia" en la materia, AI destaca que la lista de reformas e iniciativas enumeradas en el informe del Estado mexicano dirigido a la ONU es un avance.