El pasado 10 de agosto se produjeron en el Departamento de Pando dos actos simbólicos que marcan un hito en la historia agraria boliviana. Los municipios de Santa Rosa (en la provincia Abuná) y Nueva Esperanza (en la provincia Federico Román), fueron el escenario de los primeros asentamientos interculturales enmarcados en el Programa de Constitución de Nuevas Comunidades en Pando, programa que a su vez forma parte del Plan Nacional de Distribución de Tierras y Asentamientos Humanos, que es la herramienta con que el Gobierno del presidente Evo Morales ejecuta una Nueva Política de Tierras en Bolivia.
Las nacientes comunidades interculturales en Santa Rosa del Abuná y Nueva Esperanza, se hallan en dos de los siete municipios de Pando donde se ha proyectado asentar un total 3.000 familias campesinas, provenientes del todo el país, que soliciten tierra fiscal para vivir y trabajar en ella.
Como se sabe, el Estado boliviano es dueño y señor, en representación y bajo vigilancia de la sociedad boliviana, de todas las tierras fiscales que hayan podido ser inventariadas dentro el territorio boliviano (inventarios que se triplicaron de manera transparente en la actual gestión con relación a regímenes pasados). La población de Bolivia, a través del Estado, tiene derecho a acceder  —sin más trámite que su necesidad—  a más de 2.3 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles para su distribución, en los departamentos de Pando, La Paz , Beni y Santa Cruz. Este patrimonio de los bolivianos está bajo la transparente protección de la Ley 3545 a través del Registro Único Nacional de Tierras Fiscales.

Estrategia amazónica

"Esto que el presidente Evo Morales nos ha encomendado realizar aquí en Pando no es un simple traslado ni solamente una rutinaria distribución de tierras"  —explicaba el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana cuando inauguraba la comunidad intercultural "Bernardino Racua" en el municipio de Santa Rosa del Abuná—. "Nuestro Presidente nos ha ordenado, nos ha instruido, nos ha conminado a desarrollar en la región amazónica del país toda una estrategia de recuperación territorial y conservación de la biodiversidad poblando todas las tierras productivas en este hermoso paraíso con familias bolivianas que necesitan un espacio propio para vivir dignamente".
Con aquella explicación, el Ministro de la Presidencia sintetizaba la compleja acción fundacional que el naciente Estado Plurinacional de Bolivia viene desarrollando en su territorio amazónico. Se trata de una estrategia integral que, según informó la viceministra de Desarrollo Rural Teresa Morales, involucra al menos a 14 instituciones públicas dependientes de seis ministerios. Los principales responsables de esta estrategia son el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz como operador técnico-jurídico, y el ministro Quintana como operador estratégico-institucional.

Calendario demorado

El  marco estratégico que el Ministerio de la Presidencia diseñó para viabilizar la Nueva Política Agraria, asume que un eficaz plan de distribución de tierras, al implicar la constitución de nuevos asentamientos humanos, pasará ineludiblemente por un nuevo ordenamiento territorial, es decir nuevas gestiones territoriales y medioambientales capaces de generar polos de desarrollo en estas zonas olvidadas de la vieja República. Por eso es que cuando se habla de tierra, se habla también de territorio.
Así pues, los asentamientos de las nuevas comunidades interculturales no se produjeron de la noche a la mañana, mucho menos al calor del clima electoral. "Este plan se inició al día siguiente de la posesión del presidente Evo Morales. Se ha cumplido ya una primera etapa con el saneamiento y la identificación de tierras fiscales, que fue resistida con toma de instituciones, asaltos y amedrentamientos contra el Inra, y cuando empezamos a planificar la distribución de tierras disponibles, quisieron frenarnos con la masacre de Porvenir. Nos han demorado el calendario y ahora nos acusan de cohecho electoral", comenta Juan Ramón Quintana, a tiempo de informar que en la próxima etapa se procederá a consolidar los asentamientos mediante la ejecución de importantes proyectos agrícolas y agroforestales.
Si es cohecho electoral que el Fondo Productivo Social (FPS) haya priorizado durante la última gestión la aprobación y ejecución de más de 170 proyectos sólo en Pando como nunca antes de la historia, si es cohecho electoral la creación de un Comando Amazónico que permite a las Fuerzas Armadas de Bolivia contribuir en la lucha contra la pobreza rompiendo con un pasado antidemocrático como el que tiene atrapados a los militares de Honduras, si es cohecho electoral que Entel haga una interconexión entre las comunidades interculturales y el mundo que les rodea, entonces el Estado en Bolivia no tiene razón de ser para aquellos que siguen creyendo que la vida de los pobres no debe valer más que un voto.

Planificando la vida

El proceso de constitución de Asentamientos Humanos responde a una planificación transparente de distribución de tierras, respetando las aptitudes de uso del suelo para un aprovechamiento sostenible y comunitario de los mismos, en torno a proyectos productivos con rentabilidad progresiva.
Es un proceso racionalmente organizado en las siguientes fases:
 Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial que articulen la distribución de tierras con los asentamientos humanos, en coordinación con entidades de gobierno y entidades privadas  vinculadas al desarrollo rural.
 Formación de Consejos Departamentales de Coordinación con las organizaciones sociales del campo y comunidades organizadas sin tierras o con poca tierra, en torno a los cuales se pueda promover consensos sobre criterios de selección de beneficiarios con mayor racionalidad y equidad social y territorial.
 Formación de un Comité Técnico Interinstitucional de Coordinación, con carácter de obligatoriedad entre Ministerios y Viceministerios involucrados en esta tarea.
 Orientación informativa y educativa en las comunidades con necesidades o demandas de tierras (en el mismo lugar de origen), donde se realice un trabajo de base, de organización conjunta del proceso de traslado y construcción del nuevo asentamiento que permitan un efectivo ejercicio del control social y un ejercicio pleno de los derechos individuales como colectivos.
 Participación de autoridades departamentales y municipales, y de organizaciones locales en el proceso de construcción del nuevo asentamiento humano, especialmente en los lugares donde hay voluntad política de respaldar estos procesos.

Registros técnicos

Por razones históricas obvias, Pando es una prioridad en esta nueva política agraria impulsada por la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria. Hasta agosto del pasado año se terminaron de distribuir 738.946 hectáreas de tierra fiscal disponible a 58 comunidades campesinas pandinas, sobre un total de 1’445.196 disponibles, de las cuales sobran 706.250 hectáreas , que es la tierra disponible donde se ejecuta la actual creación de nuevas comunidades interculturales ocupando apenas 208.500 de esas hectáreas.
Los nuevos asentamientos debían iniciarse el pasado año, pero circunstancias como la masacre del 11 de septiembre retrasaron el cronograma.
Serán cuarenta nuevas comunidades interculturales que se asentarán en siete municipios de las provincias Abuná (Santa Rosa), Nicolás Suárez (Bella Flor), Manuripi (Puerto Rico y Filadelfia), Federico Román (Nueva Esperanza y Santos Mercado) y Madre de Dios (El Sena).
Los beneficiarios son campesinos sin tierra que iniciaron los trámites de dotación a mediados del año 2007, inscribiéndose en el Registro Único Nacional de Beneficiarios (RUNB) que guarda datos completos y actualizados de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierras o que las poseen insuficientemente.
Las solicitudes son colectivas, canalizadas mediante las organizaciones comunitarias reconocidas constitucionalmente.

Un derecho abierto

"Nadie está siendo obligado a migrar a Pando o a cualquier otra zona donde haya tierra fiscal disponible. Son solicitudes que hemos recibido y que estamos atendiendo y atenderemos gustosos por que es lo que manda nuestra nueva Constitución", afirma el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz Ossio, el principal operador técnico-jurídico de este proceso agrario, junto con el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana que es el operador estratégico-institucional del Programa.
En efecto, la dotación de tierras fiscales (es decir de propiedad estatal) para beneficiar a trabajadores agrícolas y comunidades indígenas que no poseen ese bien capital, es una obligación gubernamental que ya fue definida en 1996 mediante la Ley Inra; y se la aplica con más vigor aún desde el 2006 cuando se aprueba la Ley de Reconducción Comunitaria. La nueva Constitución vigente desde enero del 2009, institucionaliza esta política de modo integral en su artículo 395:
"Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. (…)".